Las familias de las víctimas acudirán a Estrasburgo para pedir un
juicio
El Constitucional rechazó reabrir el caso por las irregularidades
del vuelo
El
26 de mayo de 2003, un avión Yak-42 en el que 62 militares españoles
regresaban de cumplir su misión en Afganistán se estrelló contra una montaña cerca de la ciudad
turca de Trebisonda. José Manuel Sencianes, sargento primero del Ejército del
Aire, era uno de ellos. Hoy tendría 40 años y, probablemente, sería brigada
como sus compañeros de promoción. Su hermano, Miguel Ángel Sencianes,
presidente ahora de la Asociación de Familias del Yak-42, se lamenta: “Ninguno
de los responsables ha pagado por la catástrofe y nadie nos ha pedido perdón”.
Diez
años son muchos. Los niños de entonces se han hecho adolescentes y los
adolescentes, adultos; varios de ellos visten incluso uniforme militar. Algunas
viudas, pocas, han rehecho su vida. Muchos padres han muerto sin saber por qué
tuvieron que asistir al funeral de sus hijos. El tiempo pasa, pero la panoplia
de procesos judiciales apenas ha logrado desenmarañar la madeja de mentiras y
complicidades.
El
entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, visita el lugar del accidente. /
CHEMA MOYA (EFE)
El
Tribunal Constitucional acordó, el pasado 13 de febrero, desestimar el recurso
de las familias contra el sobreseimiento de la causa abierta por las
irregularidades que rodearon la contratación del vuelo. Le bastó un párrafo
para, alegando la “manifiesta inexistencia de violación de un derecho
fundamental”, dar carpetazo a la investigación, a pesar de que la fiscalía
consideró que el accidente fue “previsible”, fruto de una “imprudencia grave” y
una “absoluta falta de diligencia” y de que seis mandos —incluidos el ex jefe
de la cúpula militar, el almirante Antonio Moreno Barberá, y el exjefe del
Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Luis Ibarreta— llegaron a estar imputados. Los peritos
concluyeron que el siniestro fue fruto de un error fatal de los pilotos,
una maniobra temeraria e inexplicable. O quizá no tanto, porque también
constataron la falta de preparación y el exceso de fatiga de los tripulantes.
Ni
el indicador de combustible ni el sistema de grabación de conversaciones en
cabina funcionaban. Estas averías no provocaron el accidente del Yak-42 pero,
según la reglamentación aeronáutica, eran suficientes para prohibirle despegar.
El
Constitucional ha inadmitido el recurso de las familias contra el archivo de la
causa para investigar las irregularidades que rodearon la contratación del
Yak-42
De
los tres condenados por la falsa identificación de los cadáveres, el general
Vicente Navarro murió antes de ingresar en prisión y los dos comandantes
forenses fueron indultados.
La
condena de 6,1 millones impuesta en septiembre pasado a Chapman Freeborn y UM
Air aún no se ha ejecutado. La primera tiene sede en Alemania y la otra podría
ser insolvente.
El
archivo de la causa ha impedido saber por qué se confió a una compañía
ucraniana —incluida más tarde en la lista negra de la Aviación Civil— el
traslado de las tropas y, sobre todo, a dónde fueron a parar los 110.558 euros
de diferencia entre lo que pagó Defensa (149.000) y lo que
recibió UM Air (38.442), operador final del vuelo. Si solo hubo desidia y falta
de control o algo más.
Para
aclararlo habría sido necesario investigar la cadena de subcontrataciones,
media docena en total. El actual jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán,
encargó una auténtica tarea detectivesca para recuperar los contratos; pero
varios tenían tachado el importe. Tampoco aparecieron nunca, aunque el juez los
pidió, los expedientes de los 41 vuelos anteriores, cuyo importe total superó
los 8,8 millones de euros.
Defensa
intentó descargar toda la responsabilidad en la agencia NAMSA de la OTAN, que
gestionaba el flete de los aviones, pero ésta alegó que se limitaba a verificar
la documentación, no el estado de los aparatos. Ni una cosa ni otra. El Yak-42 carecía incluso del seguro previsto en el contrato
y Defensa tuvo que abonar 75.000 euros por fallecido (4,6 millones en total).
El dinero salió de las arcas públicas y el Estado nunca lo reclamó.
Agotada
la vía judicial en España, las familias no se dan por vencidas: han decidido
llevar su batalla a Europa y reclamar al Tribunal de Estrasburgo el juicio que
aquí se les niega.
Es
cierto que han ganado tres juicios: uno en Madrid y dos en Zaragoza, donde hubo
que repetir el proceso civil. El 19 de mayo de 2009 pareció que se haría
justicia. La Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al general Vicente Navarro y
a 18 meses a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez por la
falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres. Navarro y sus ayudantes no se
equivocaron sino que atribuyeron aleatoriamente las identidades, que
resultaron ser falsas, “con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad”,
según la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo.
Programa
del vuelo del avión TU-154.
Navarro
nunca ingresó en prisión, pues falleció de enfermedad en junio de 2010,
mientras que los comandantes ni siquiera fueron expulsados del Ejército, como
exigía su condena. En abril del año pasado, solo cuatro meses después de llegar
al poder, el Gobierno del PP los indultó. El entonces ministro de Defensa,
Federico Trillo, quien ordenó a Navarro que repatriara los cadáveres “cuanto
antes”, pues se preparaba un funeral de Estado en Torrejón, fue premiado con el
cargo de embajador en Londres por su carácter “extraordinario”, en palabras del
titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Hasta
ahora ni siquiera han pagado su culpa las dos empresas responsables del vuelo:
el bróker Chapman Freeborn y la compañía de chárter UM Air. El Supremo
ratificó, en septiembre pasado, la sentencia que las condena a indemnizar
solidariamente a las familias de las víctimas con 6.125.000 euros. Pero todavía
no han soltado un céntimo. Chapman tiene su sede en Alemania, por lo que la
ejecución de la sentencia depende de la cooperación judicial germana. Respecto
a UM Air, Leopoldo Gay, abogado de la asociación de víctimas, tuerce el gesto
cuando se le pregunta por qué no reclama también en Ucrania: la solvencia de
esa línea aérea —a cuyo nombre ni siquiera estaba el avión— es más que dudosa.
Diez
años después, se vuelve a la casilla de salida. Concluido el proceso penal y el
civil, se ha reactivado la reclamación patrimonial que se presentó en 2003 y
entonces quedó en suspenso. Las familias ya fueron indemnizadas —como los
descendientes de cualquier militar muerto en misión en el exterior—, pero
quieren que el Estado reconozca que envió a sus militares a una zona de
conflicto sin preocuparse de su seguridad. Porque si el Estado no es
responsable ¿quién lo es?
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