Absentismo Fiscal
Artículos de
Opinión | Víctor J. Sanz | 07-12-2012 |
En los
últimos días se ha visto en los medios un torrente de noticias relacionadas con
la escasa cantidad que las compañías multinacionales pagan en concepto de
impuestos a pesar de los multimillonarios beneficios que obtienen. Acto
seguido, como sin dar tiempo a la opinión pública a reaccionar, siguieron a
estas notas de prensa otras tantas en las que las autoridades nacionales de
distintos países mostraban su postura en distintos grados de indignación:
desde la "indignación" del parlamento británico por los
bajos impuestos de las transnacionales, o las tímidas amenazas del Gobierno australiano, que anuncia un plan para recaudar más
impuestos de las multinacionales, hasta la inmoral bajada de
pantalones del Gobierno español y de la Comunidad de Madrid que estudian cómo hacer un traje legal a la medida de las actividades del
magnate Sheldon Adelson, el promotor del complejo Eurovegas, de
próxima implantación en Madrid.
En el caso
del parlamento británico, se puede llegar a pensar que los políticos se están
poniendo en su sitio y hasta que van a apretarles las tuercas a las grandes
defraudadoras multinacionales, pero nada hay que permita pensar tal cosa,
empezando porque esta indignación parece casualmente próxima en el tiempo al
anuncio en prensa del absentismo fiscal de esas compañías; y siguiendo
por que quienes se indignan de la escasa presión fiscal sobre estas compañías
son los mismos que deben legislarla, aplicarla o, cuando menos, vigilarla. Su
literal es el siguiente: "Es indignante, un insulto a los ciudadanos y a
las empresas locales que las grandes compañías aprovechen la actual legislación
fiscal para mover al exterior los beneficios obtenidos aquí". Cuesta creer
que Margaret Hodge, presidenta del Comité de Cuentas Públicas del
Parlamento Británico, y autora de estas palabras no sufriera un ictus nada
más pronunciarlas.
En el caso
de Australia no hace falta que ningún personaje o entidad local de el
contrapunto a la información de que el Gobierno australiano planea aumentar
la presión fiscal sobre las grandes empresas que desvían los beneficios
obtenidos en aquel país a otros países cuya presión fiscal es mucho menor, o
directamente nula, como son los casos de Irlanda y Bermudas respectivamente. En
este caso el contrapunto lo da el propio informante (Europa Press), que
se diría interesado en que el Gobierno australiano no llevara a cabo sus
planes, ya que incluye en la nota de prensa hasta cuatro párrafos con el
mensaje claro de amenazar indirectamente con una retirada de la inversión de
estas grandes defraudadoras en aquel país. En uno de ellos, particularmente
apestoso, se dice: "Algunos especialistas fiscales argumentan que las
medidas propuestas pueden desalentar a las empresas extranjeras a invertir en
el país", le sigue una declaración entrecomillada (ahora sí) de un asesor
fiscal con nombres y apellidos (perteneciente quizás a esa anónima masa de
asesores "independientes" a los que uno puede hacer pronunciarse para
confirmar cualquier cosa que se proponga), de nombre Paul Stacey, que dice:
"Australia se está convirtiendo en un país de alto riesgo soberano en los
impuestos". ¿Puede entenderse que Stacey está diciendo que el verdadero
riesgo para un país es que el propio país sea soberano en sus políticas
fiscales? Paul demencial Stacey.
En el caso, siempre peculiar, de España,
el Gobierno no se indigna ni mucho menos amenaza a las grandes estafadoras
multinacionales, antes al contrario, ponen delante del empresario la
legislación y le entregan una pluma dorada para que tache el contenido que no
se adecue a sus necesidades y para que escriba el que falta para satisfacerlas
total y plenamente.
Este es el
caso del proyecto Eurovegas promovido por el multimillonario Sheldon Adelson.
Fruto de la "negociación" el Gobierno de España y el de la Comunidad
de Madrid han tenido que modificar no pocas leyes de todo ámbito y alcance,
incluyendo la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) en un 95%, rebaja a la que ningún ciudadano
de a pie y casi ninguna empresa tiene acceso, salvo una de las empresas más
rentables que existen a nivel mundial, como es la iglesia católica. También
se rebajará el tipo impositivo de los casinos del 45% al 10%. Además el
pobrecito multimillonario se beneficiará de una bonificación del 9% de las
inversiones en edificios, así como de una bonificación anual de 9.000 euros por
cada trabajador que integre en la plantilla. Además, si el proyecto de
construcción resultase incompatible con la ordenación urbanística del
municipio donde se construya, Eurovegas tendrá la prioridad. Además, la
Comunidad de Madrid modificará la ley autonómica 6/2011 por la que se regula el
juego de manera tal que la Comunidad se reservará el derecho de perdonar a
Eurovegas faltas muy graves como por ejemplo no pagar el premio al jugador
que acaba de ganar en una mesa de ruleta o coaccionarlo para que abandone la
sala cuando está disfrutando de una racha de suerte. ¿Adivinan que decisión
tomará la Comunidad si se enfrenta el imposible dilema de tener que multar a
Eurovegas o perdonarlo por la comisión de faltas como éstas?
En esta línea
de desvergüenza, el Gobierno del bueno para nada Mariano Rajoy, anunció
días atrás la creación de una oficina especial de Hacienda cuyo objetivo es la
persecución de las rentas internacionales de residentes en España. La prensa de
derechas (casi toda hoy en día) difundió la noticia prácticamente como un éxito
del Gobierno, cuando no es más que una cortina de humo o una
ensoñación, ya que nada puede hacer un gobierno nacional en cuestiones
internacionales si no cuenta con el apoyo de otros estados. Es más, de todo ese
humo solo quedó la firma de un acuerdo con Estados Unidos (al que otros estados
europeos también se sometieron) y que eximirá del pago de retenciones a los
movimientos de dinero con destino España, cuando hasta antes de la creación de
esta oficina estaban sujetos a dicha retención.
Todo esto
ocurre en un estado como el español, donde se persigue hasta la criminalización
al pequeño defraudador, como el pequeño empresario y el autónomo que defrauda a
Hacienda en el peor de los casos unos cientos de euros; y en una comunidad como
la de Madrid, donde se practican a diario 80 desahucios de gente sin recursos
que no puede hacer frente al pago de la hipoteca.
Me surgen
varias dudas, de las que destaco dos: ¿cómo es de rentable para el ciudadano
una "inversión" extranjera que solo viene si se le perdonan casi
todos los impuestos, todas las faltas que pueda cometer contra los ciudadanos y
además se le subvenciona cada contrato laboral que realice con 9.000 euros
anuales? y dos, ¿cómo es rentable esa "inversión" para los
políticos que van a hacer posible y legal la actitud mafiosa del nada admirable
Sheldon Adelson?
En otras
latitudes, las posturas de los gobiernos son bien distintas al respecto de las
multinacionales. Por ejemplo en Argentina quienes amenazan son las empresas,
que se quejan de no poder llevarse los beneficios del país, algo que deja bien
a las claras cuál es la intención última de cualquier inversión extranjera en
cualquier país del mundo. Las empresas que se sienten molestas tratan de
desprestigiar al Gobierno de Argentina comparándolo estúpidamente con el de
Venezuela, tan solo porque en ambos países se vigilan mucho más de cerca
que en otros las andanzas de las bandas de estafadores conocidas como compañías
multinacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario