BRÍGIDA MENDOZA IMPONE NUEVOS COPAGOS POR
"LEALTAD INSTITUCIONAL"
Coincidiendo con el cierre indefinido de 50 camas en el Hospital
Negrín
Lunes,
17 de diciembre de 2012
Por
Eugenio Fernández - Canarias Semanal
La
consejera de Sanidad Brígida Mendoza
La política de recortes
del Ejecutivo Rajoy se ha convertido en la coartada perfecta para los
gobiernos regionales que aplican, en cada una de las comunidades autónomas, la "receta
única" neoliberal dictada por la UE, el BCE y el FMI en
nombre del gran capital europeo.
"Solo acataremos por imperativo legal la
política de recortes" - afirmaba sin ningún pudor el vicepresidente de
la Junta de Andalucía y coordinador de IU en esa región del
Estado, Diego Valderas, durante el acto de investidura de su socio de
Gobierno del PSOE José Antonio Griñán. La significativa frase de Valderas
constituye, muy probablemente, la expresión más acabada del cinismo con el que
los partidos del establishment imponen hoy los "planes
de ajuste" que, según un reciente informe de Intermom Oxfam,
arrastrarán a la pobreza al 40% de la población del Estado español en el curso
de los próximos años.
Sin embargo, el coordinador general en Andalucía de
la formación que en campaña electoral llamaba a los ciudadanos a "rebelarse"
no ha sido el único en intentar ocultar su propia responsabilidad, escudándose
en la supuesta "inevitabilidad" de las medidas de ajuste. En
Canarias, sin ir más lejos, los miembros del Ejecutivo de CC-PSOE combinan
cotidianamente la crítica meramente retórica de las "reformas" de Rajoy
con su ejecución ortodoxa y disciplinada. En no pocas ocasiones,
convirtiéndose en los primeros de la clase en la aplicación de la llamada
"austeridad" presupuestaria.
Este es el caso, por ejemplo, del
vicepresidente del Gobierno y secretario general del PSC-PSOE, José Miguel
Pérez, que recientemente situaba a Canarias a la cabeza en el incremento de
las tasas universitarias -solo superada por Cataluña - o dejaba sin
fondos para los contratos de investigación de becarios a las dos universidades
del Archipiélago. Pero también del propio presidente Paulino Rivero o su
consejera de Sanidad Brígida Mendoza. Una política institucional que,
con rostro amable y gesto tranquilo, las “mata callando”.
MENDOZA RECHAZA EL PAGO POR MULETAS
Y TRANSPORTE EN AMBULANCIAS... PERO LOS IMPONDRÁ EN EL ARCHIPIÉLAGO
A
finales de la pasada semana, Mendoza manifestaba a la prensa local su "rechazo"
a la medida del Gobierno central de imponer a los pacientes de la Sanidad
pública el pago por el uso de muletas, collarines y sillas de ruedas. Según un
borrador remitido a las autonomías desde Madrid, en efecto, los usuarios
deberán pagar entre 20 y 40 euros por acceder a la prestación
ortoprotésica suplementaria, que incluye muletas, collarines, fajas, férulas
y audífonos, así como sillas de ruedas.
La consejera también dijo estar “en contra”
del copago de los fármacos hospitalarios y por el transporte
en ambulancias, que afectará a los enfermos crónicos que precisan de estos
servicios básicos. Son medidas - dijo - que “penalizan al enfermo y
más en una época de dificultad económica". No obstante, Brígida
Mendoza no tuvo reparos en añadir que "pese a su oposición",
las aplicará "por lealtad institucional", como hizo
antes con el real decreto ley de abril que introdujo el copago general de
medicamentos o con el que dejaba sin cobertura legal a todos los inmigrantes
"irregulares".
CERRANDO LAS CAMAS DEL HOSPITAL
NEGRÍN DE FORMA INDEFINIDA
Recurriendo a una
coletilla que también ha llegado a ser recurrente, Mendoza apostilló que, pese
a todo, "la Comunidad canaria tratará de minimizar" los
efectos de estas políticas sobre la población”. Los hechos, sin embargo, se
empeñan una vez más en desmentir a la Consejera.
Y es que, coincidiendo prácticamente con las
declaraciones de la Consejera, los sindicatos denunciaban que uno de los dos
hospitales de referencia de la isla de Gran Canaria, el Doctor Negrín,
cerraba de forma indefinida unas cincuenta camas que - según la propia
Consejería - solo iban a suprimirse temporalmente durante el verano.
“Lamentablemente no tienen
pensado volverlas a abrir pese a que son necesarias para los pacientes",
aseguraba Agustín Navarro, presidente del Sindicato Independiente
Canario de Sanidad (SICS), recordando que esta decisión conlleva aparejada
una "importante merma" de la plantilla.
"Estamos actuando en otoño como si fuera
verano, pero la demanda no es la misma", añadía por su parte la
presidente del Sindicato de Médicos de Las Palmas, Carmen Nuez,
alertando de que la medida se traducirá en menos intervenciones quirúrgicas y,
por lo tanto, en un aumento considerable de unas listas de espera que ya
se encuentran entre las más largas de todo el Estado.
El pasado mes de octubre, la sección de
Salud de Intersindical Canaria acusaba a Brígida Mendoza de "falsear
las cifras" sobre estas listas de espera para tratar de ocultar la
situación real del Servicio Canario de Salud tras los multimillonarios
recortes presupuestarios impuestos en los últimos años. En noviembre, un
informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertaba de
que la espera media para obtener el diagnóstico de un especialista en las Islas
se eleva a los 221 días. Es decir, que desde que un enfermo es
remitido a estos profesionales por su médico de cabecera hasta que consigue
conocer cuál es su dolencia transcurren más de 7 meses.
No parece, en cualquier caso, que estas cifras
vayan a hacer temblar el pulso de una consejera que, en fechas recientes,
pretendió incluso cerrar la única unidad de cirugía cardiaca infantil de
toda Canarias, sin importarle las consecuencias que ello pudiera acarrear a
los menores afectados y sus familias.
Aunque no dudamos de
que todo ello lo hará Brígida Mendoza en “contra de su deseo”, con el
mayor dolor del mundo, y obligada por las mismas “exigencias” que se le imponen
a Mariano Rajoy. Es lo que tienen, en estos tiempos, la “lealtad
institucional” y el “imperativo legal”.
Fuente: http://canarias-semanal.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario