El impacto económico fiscal de Eurovegas
Ante los últimos cambios legislativos la
Plataforma EUROVEGAS NO lanza el Informe de impacto Económico-Fiscal
actualizado e insiste en la alarma social que esto conlleva ya que ahora sí se
puede afirmar: Las Vegas Sands dicta las leyes.
España |
Tercera Información | 14-12-2012 |
La
Plataforma "Eurovegas No" lanza una actualización del informe económico-fiscal publicado el pasado mes
de agosto, teniendo en cuenta las últimas modificaciones de ley llevadas a cabo
por las Administraciones Públicas para cumplir con las condiciones impuestas
por la empresa estadounidense.
A finales
del año pasado se hicieron públicas, a través de distintos medios de
comunicación, las exigencias que pedía Las Vegas Sands para poner en
marcha el complejo de juego Eurovegas. Estas condiciones pasan por modificaciones
de leyes fundamentales en materia fiscal, laboral y social.
Casi un año
después “asistimos atónitos a lo que entonces parecía inadmisible,” los
gobiernos central, autonómico y local están cediendo una a una a todas estas
exigencias con el objetivo de recibir Eurovegas con una alfombra roja. En este
sentido cabe recordar que la Ley de Modificación de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 aprobada el 4 de julio,
permitió que proyectos privados como Eurovegas pudieran ser considerados de
interés regional, modificando la normativa sobre el suelo. Posteriormente,
el pasado 27 de septiembre, a la vez que se publicaban los PGE, se anunciaba en
el Congreso la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que como ya
denunció la Plataforma “Eurovegas No”, supone aceptar las exenciones
tributarias más importantes que pedía LVS: hasta un 95% de rebaja en
impuestos como el IBI o el ICIO, sólo con que la administración local decida
arbitrariamente que el proyecto es de “interés general”.
Estamos
asistiendo, denuncia la Plataforma, “ni más ni menos, a un espectáculo
intolerable”: una multinacional dictando leyes básicas que afectan a la
organización social de toda la población española. Tanto es así que a
principios del pasado noviembre -un mes antes de las últimas modificaciones
legislativas- el director general de LVS, Michael Leven, explicaba a los
miembros del consejo que “En Europa, nuestra operación en Madrid del Euro Vegas
Strip continua. Nosotros seguimos reuniéndonos con el gobierno. Continúa la
actividad en materia de ayudas e incentivos, en los ámbitos de licitación,
adquisición de terrenos y también en la financiación. Las autoridades esperan
que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de
enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre
qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”
Por lo
tanto, con los nuevos cambios legislativos que está tramitando la Comunidad de
Madrid, el gobierno autonómico -en obligada connivencia con el central y local-
está actuando como mero gestor de los intereses de esta transnacional,
legislando en áreas que los ejecutivos de LVS conocen meses antes que las
fuerzas sociales y la ciudadanía madrileñas.
A pesar de
tratar de desautorizar las advertencias de la Plataforma “Eurovegas No”,
no solamente se han cumplido nuestras previsiones sino que se han rebasado
nuestros cálculos, y la retórica empleada para justificar todos los atropellos
económicos y legales, supera -por surrealista- cualquier previsión posible;
este es el caso de el establecimiento de una nueva figura legal, los Centros
Integrados de Desarrollo, que merece todo un título propio en el anteproyecto
de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aun
no siendo más que un eufemismo para denominar a Eurovegas, y “que nos hace
preguntarnos, no sin cierto pánico, ¿que entienden exactamente nuestras
autoridades en la Comunidad de Madrid por “desarrollo”?”
Con la
próxima Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid
para 2013 las bonificaciones superan toda previsión: se rebaja la tributación
sobre el juego del 45% anterior a no más de un 10%, se bonificará con el 9% las
inversiones efectuadas para la compra de material e inversiones inmobiliarias
que formen parte del activo no corriente, se podrá aplicar una bonificación
anual de 9.000 € anuales por cada trabajador que integre la plantilla
independientemente sea personal fijo o temporal, se aplicará una bonificación
del 95 % sobre la cuota que resulte por cualquier operación sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,...
Tal y como
se indica en la actualización del Informe Económico-Fiscal, teniendo tan sólo
en cuenta el impacto producido por la bonificación de la tasa sobre el juego
(de 2.530 a 75.710 millones de euros en 10 años), del IBI (de 55 millones de
euros en 10 años), de la bonificación del ICIO (de 216 a 252 millones) de la
aportación de infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros), sin
haber valorado por falta de información otros beneficios fiscales (cotización a
SS, IVA, Transferencia Patrimonio, financiación, etc.), el balance no parece
muy positivo para las Administraciones Públicas, que, mediante el Impuesto de
Sociedades, podría recaudar como máximo 3.102 millones de euros en esos años.
Esto se
agrava si, durante la evaluación del proyecto llevada a cabo en la primera fase
(6 años), el proyecto no se considerase suficientemente rentable y se
abandonara, con lo que el perjuicio económico sería enorme, al haberse llevado
a cabo las inversiones en infraestructuras, y dadas las deducciones por tasa de
juego , IBI e ICIO se dejarían de recaudar de 1.765 a 3.711 millones de euros.
Toda esta
merma de potenciales ingresos por parte de las corporaciones locales, se
producirían en un contexto de fuerte recesión - lo que conlleva una reducción
de la financiación de las corporaciones locales, y con la obligación de cumplir
unos objetivos de reducción de déficit difícilmente alcanzables en condiciones
normales – y con la confianza puesta en una inversión no garantizada
plenamente, sometida a la incertidumbre de no llevarse a cabo o continuar si
las condiciones y la rentabilidad no se consideran adecuadas, y en unas cifras
de empleo excesivamente infladas y de las que todavía se desconoce su
composición. Parece mentira que, basándose en vagas promesas, se establezca un
marco que solamente beneficiará a los inversores, pero que no contribuirá al
interés general de la ciudadanía, en un momento de severa crisis. Habría que
extraer la experiencia de otros proyectos similares fallidos: Terra Mítica,
Reino de Don Quijote, Los Monegros, Time Warner, Isla Mágica, etc. España
necesita otro tipo de proyectos que generen empleo estable y digno, sostenibles
ambientalmente y de interés social.
A esto
tenemos que sumar otra condición sin precedentes en nuestro país, la
posibilidad por parte de la empresa propietaria de los casinos de dar crédito a
los jugadores y la condonación de sanciones administrativas ante faltas “muy
graves” por parte de la empresa propietaria del casino, que da carta blanca a
las prácticas corruptas de Las Vegas más clásica: ruletas trucadas, coacción a
jugadores…
Ahora sí que
nuestros gobernantes han dejado claro que están dispuestos a acceder a
cualquier requisito del millonario Sheldon Adelson, ahora más que nunca queda
en evidencia (con la desfachatez propia de este gobierno) que la empresa
inversora es la que marca las reglas del juego y tiene poder para cambiar las
leyes según su propio beneficio.
A partir de
ahora, en la Comunidad de Madrid podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que
quien hace la ley, hace la trampa.
- Actualización informe económico fiscal:
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