El Gobierno responde que prepara cambios para que los chalecos de los
policías lleven obligatoriamente el "número de identificación
personal" como marca la Ley
El Ejecutivo del PP deja en blanco varias
cuestiones en la respuesta parlamentaria por escrito, entre ellas por qué se
permitieron “cargas indiscriminadas en zonas de riesgo para los ciudadanos”
como la estación de Atocha y sus andenes, o por qué se interceptaron autocares
y se identificó a sus ocupantes.
España |
Tercera Información | 05-12-2012 |
El Gobierno
reconoce por primera vez y, además, por escrito, que prepara cambios
sustanciales para que los agentes de la Policía que intervienen en las
manifestaciones lleven visible su número de identificación. En una respuesta
enviada esta semana al diputado y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de
Justicia, Gaspar Llamazares, el Ejecutivo anuncia que “la Dirección General de
la Policía ha incluido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la
adquisición de chalecos antigolpes, la obligatoriedad de incorporar el emblema
y un espacio donde ubicar el número de identificación personal
correspondiente”.
Llamazares
dirigió al Ejecutivo del PP a finales de septiembre una pregunta parlamentaria
compuesta por una batería de cuestiones concretas a raíz de los graves
incidentes ocurridos en la concentración del 25S en las inmediaciones del
Congreso. Entre los temas que solicitó detalles estaba el de “¿Por qué el
Gobierno no ha hecho cumplir a los agentes policiales con su obligación de
llevar su distintivo de identificación? ¿Considera el Gobierno que esta
obligación es prescindible por razones de seguridad"
La ley
obliga ahora a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a
llevar perfectamente visible su número profesional, algo que es
sistemáticamente vulnerado con el respaldo de sus responsables políticos y
policiales, como se ha comprobado en las sucesivas manifestaciones
desarrolladas en los últimos meses.
En su
iniciativa parlamentaria, el diputado de IU por Asturias hace un pormenorizado
planteamiento de cuestiones sobre lo ocurrido antes, durante y después de la
concentración del 25S –válido para otras muestras de protesta similares-, buena
parte de las cuales el Gobierno elude y deja sin contestar. Por ejemplo, la
respuesta escrita no dedica ni una línea a la pregunta de “¿Cómo justifica el
Gobierno las cargas policiales indiscriminadas en zonas de riesgo para los
ciudadanos, como ha sido el caso de la estación de Atocha y sus andenes?”
Tampoco el
Ejecutivo de Mariano Rajoy aporta información u opinión alguna cuando
Llamazares interroga sobre “¿Cuál es la política policial del Gobierno ante la
intensificación de manifestaciones de protesta por la grave situación
económica, social y política por la que atraviesa nuestro país?”
Para IU
resulta “especialmente preocupante” que conscientemente desde Moncloa no se dé
ninguna explicación a cuestiones que afectan a derechos democráticos como la de
“¿Cómo justifica el Gobierno la interceptación de autocares y la identificación
de sus ocupantes que acudían a Madrid para participar en una manifestación legal?”
Sobre otros
temas las respuestas son más que escuetas e, incluso, chocantes. A la de “¿Por
qué se ordenó a la Policía que limitara o impidiera la movilidad de la
manifestación (la del 25S) en el itinerario autorizado, tanto con barreras como
con unidades móviles de la Policía, por ejemplo adentrándose fuera de la
barreras para cargar violentamente en la Plaza de Neptuno?” se contesta que “de
conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del
Derecho de Reunión, las unidades policiales ubicadas en el itinerario tenían
como finalidad garantizar el libre ejercicio tanto del derecho de reunión como
del conjunto de derechos que asisten a todos los ciudadanos”.
Gaspar
Llamazares preguntó también sobre si “¿Tiene el Gobierno agentes policiales
infiltrados en manifestaciones legales autorizadas? ¿Cuál es su función,
preventiva, de seguridad de los manifestantes? ¿En ningún caso de provocación o
inducción al delito?”. El Gobierno responde que “cuando los informes y análisis
de riesgos así lo aconsejan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden
desplegar efectivos no uniformados con la finalidad, precisamente, de adoptar
medidas de prevención y seguridad a favor del conjunto de los ciudadanos y de
quienes ejercen su derecho de reunión, evitando, además, actitudes violentas
que desconfiguran la naturaleza de derechos reconocidos constitucionalmente”.
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