Sin las subidas correspondientes al IPC, sin extra de
2012, con la bajada salarial del 5% de Zapatero y con los recortes de las
comunidades, los empleados públicos acumulan en este lustro negro una pérdida
de poder adquisitivo de cerca de un 30%. Los ánimos en el sector público están
por los suelos y en comunidades como la de Madrid, los trabajadores esperan
otro ‘tajo’ tras el derroche de la carrera olímpica. Los ‘moscosos’, reducidos
a la mitad, ya no son un consuelo.
“¿Cómo se congela algo que ya está congelado?”. Así
reaccionaba un agente del cuerpo de Policía Local de Madrid al conocer las
informaciones que apuntaban a las presuntas intenciones del Gobierno de
congelar los sueldos de los funcionarios públicos en 2014.. Información ésta
que el PP se apresuró a desmentir. Aunque, según Alfonso Alonso esta medida no
forma parte de la agenda del Ejecutivo, una posible congelación salarial no
sería una medida novedosa, sino que vendría a sumarse a una racha de cinco años
en la que los salarios de los empleados públicos no experimentan ni la
subida correspondiente al incremento del IPC. Desde CSI-F (Central Sindical
Independiente y de funcionarios), denuncian que la pérdida acumulada de
poder adquisitivo en el último lustro ronda ya el 30%.
Desde Moncloa quieren poner la tirita antes de que la herida
vuelva a sangrar. Mejor no dar bola al asunto y evitar protestas antes de
tiempo, si es que ha de haberlas. Porque no sería descabellado pensar que, con
la que está cayendo y con la deuda de las Administraciones Públicas
disparadas, el Gobierno opte por dejar a los funcionarios otro año en el
congelador y prolongar así una austeridad impuesta desde hace años. El
presidente de CSI-F, Miguel Borra, explica cómo los cinco años sin
subidas, la pérdida salarial del 7% que supuso la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, labajada media del 5% que llevó a
cabo Zapatero en 2010 (consolidada en 2011), además de las pérdidas adicionales
que han sufrido funcionarios de algunas comunidades (Murcia, Cataluña,
Andalucía, Galicia…), han generado una pérdida de poder adquisitivo tal que han
visto esfumarse cerca de un 30% del salario global correspondiente a estos
últimos cinco años.
Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid aún
temen otra embestida para sufragar parte de los gastos de la frustrada carrera
olímpica
Para muchos asalariados públicos (un total de 2,84
millones entre funcionarios de carrera, personal docente, sanitarios,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc.) el
hartazgo es tal que ven la congelación como un mal menor. “Me conformaría con
que lo congelaran porque en mi caso no deja de bajar cada dos o tres meses sin
que me sepan dar una explicación”, se queja este funcionario madrileño con el
que ha hablado Vozpópuli. Y es que los ánimos están por los suelos
en el seno del sector público. Después de la eliminación de la extra de
Navidad, la reducción de días libres designación –moscosos-, la supresión de
los días por antigüedad y trienios y el aumento de la jornada laboral, los
trabajadores, especialmente los madrileños, aún temen alguna otra embestida.
“Un hachazo” tras el fiasco de los Juegos Olímpicos
Fuentes conocedoras de la situación en la Administración
madrileña consultadas por este diario sugieren que si Madrid hubiera sido
elegida para organizar los Juegos de 2020, la victoria hubiera servido a los
impulsores de la carrera olímpica para rehabilitar su imagen y vender una
hipotética rentabilidad de las infraestructuras, así como una supuesta mejora
de las tasas de desempleo, y otros presuntos éxitos. El COI no lo quiso así y
en la Comunidad están que les tiemblan las piernas. “Esperamos que nos peguen
otro hachazo por el tema de los Juegos. La idea generalizada es que
gran parte de lo que ha costado hasta ahora lo sufraguen a costa de los
funcionarios”, comenta un delegado sindical. Los funcionarios madrileños
también han perdido las ayudas sociales con las que neutralizaban la merma de
sus ingresos. Ayudas por cuidado de persona a cargo, para estudiantes,
odontología, oftalmología, guardería, etc, han desaparecido.
‘Moscosos’, una compensación y no un privilegio
Como no todos los trabajadores del aparato público lo hacen
para el Estado central, son las comunidades, diputaciones, etc., quienes
imponen de forma adicional las condiciones a los empleados que se encuentran
bajo su mando. Sin embargo, las medidas dictadas desde el Gobierno central no
hacen distinción. Una de estas ideas a las que el equipo de Rajoy recurrió para
contener el gasto y que cayó como una bomba en el sector público, fue el ‘tajo’
a los días de libre designación –‘moscosos’- , reducidos de 6 a 3. Pero en
el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los empleados públicos han
salido peor parados: disponían de 7 días negociados y les han quitado 4. Todo,
según el ministro de Hacienda, para intentar equipararse a los convenios de la
empresa privada.
Algunos trabajadores han perdido hasta 15 días libres, lo
que equivaldría a medio sueldo. “Cuanto más antiguos, más hemos pagado”,
comentan
“Nos dieron días porque nos quitaron dinero, no es ningún
privilegio que nos hayamos inventado nosotros, y ahora también nos los
quitan”, comenta una trabajadora del SERMAS (Servicio Madrileño de
Salud) con 35 años de servicio. En efecto, los moscosos, esos días libres con
apariencia de privilegio, son en realidad una compensaciónutilizada
por los sucesivos gobiernos, previa negociación con los sindicatos,para
contrarrestar la congelación del sueldo, una medida de la que empezó a
echar mano Felipe González.
Los funcionarios, con CSI-F a la cabeza como sindicato más
representativo de las Administraciones Públicas, reclaman un aumento
“razonable” de las retribuciones para compensar el agujero provocado a lo largo
de estos años, así como la devolución de todos los moscosos. En la
Comunidad de Madrid, hay trabajadores que han perdido hasta 15 días. Las
cuentas no fallan: a los cuatro moscosos hay que sumar un día de vacaciones
(los 23 días hábiles negociados se han quedado en 22), hasta siete días por
trienios trabajados (días para todos los empleados públicos y personal laboral
según el Estatuto Básico del Empleado Público) y hasta 4 días adicionales de
vacaciones por antigüedad (un día por 15 años de servicios prestados, dos días
por 20 años, 3 por 25 y 4 días por 30 años). “Cuanto más antiguos más
hemos pagado. A diferencia de los asesores, nadie nos ha puesto a
dedo y algunos hemos pasado hasta tres oposiciones”.
La paga extra la dan por perdida
Los empleados públicos que se vieron afectados por la rebaja
salarial de 2010 y por las sucesivas congelaciones no han recuperado el
poder adquisitivo perdido. Sin embargo, no pierden la esperanza de recuperar la
totalidad, o al menos la parte devengada, de la paga extraordinaria eliminada.
Pero para ello se encomiendan al Tribunal Constitucional, quien estudia
actualmente la posible inconstitucionalidad de la norma que
entró en vigor el 15 de julio de 2012, cuando 14 días ya se habían devengado.
No se fían de las promesas del Gobierno de devolver la paga suprimida en 2015
ni tampoco les convence que lo haga como fondo de plan de pensiones porque la
gran mayoría de funcionarios no disponen de uno.
vozpopuli.com
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