Arturo
González
26
septiembre 2013
¿Es la Constitución
una cadena perpetua no revisable, un remar en galeras, las tablas políticas
eternas de Moisés? Porque España no será un país serio hasta que se actualice
la Constitución. Todo el mundo dice que se puede cambiar, pero nadie insta el
cambio.
No podemos vivir más
tiempo en la incertidumbre y el desasosiego. Y no solo por la cuestión de
Catalunya, para que no se rompa la unidad de España, dicen, sino por todo
aquello que produce malestar a los ciudadanos. Tenemos que dilucidar de una vez
si los españoles prefieren una monarquía o una república, cerrando así el
argumento crítico de que la monarquía, y dentro de ella el Rey actual, fue
aprobada de matute y conjuntamente con el pacto constitucional, que no se
produjo en verdadera libertad y que ahora la nueva generación, y la vieja,
desea clarificar.
Debemos someter a la
consideración de los ciudadanos si desean que se mantenga la relación actual
con la Iglesia Católica en las subvenciones que se lo otorgan y las concesiones
para sus formas de enseñanza.
Debemos consultar a
los ciudadanos la nacionalización de las empresas eléctricas para impedir los
brutales costes que padecen, sin que ello signifique la socialización del país,
sino la posibilidad de aplicación de tal o tales nacionalizaciones que la
Constitución permite en artículos hasta ahora inaplicados y por tanto muertos.
Hay que preguntar al
pueblo si está conforme con el pacto de estabilidad presupuestaria que los dos
partidos hegemónicos firmaron y precipitadamente cambiaron la Constitución para
hipotecar España sin consulta alguna al pueblo.
Queremos saber si este
sistema capitalista que consagra la Constitución es válido o al menos
perfectible para atenuar las injusticias y desigualdades sangrantes.
Queremos saber si los
españoles están de acuerdo con los rescates bancarios que se han llevado a cabo
y los que todavía puedan llegar.
Es decir, no se puede
ignorar a los ciudadanos y es preciso consultarles en referéndum cuantas veces
y cuestiones deseen. Porque no es admisible que los partidos políticos lleven
en sus programas electorales propuestas difusas, y luego, una vez alcanzado el
poder, interpretan y rectifican sus programas ‘ad libitum’ y sin contar ya con
la opinión de quienes les votaron. Un partido que llevase con precisión estas
cuestiones barrería.
Mientras
esto y más no ocurra, seremos un país atrabiliario, chapucero, en remiendo
continuo, un país en B en su contabilidad política y ética, un país alanceado
por sus políticos miedosos, acomodaticios e irresponsables. Esta Constitución
es ya como un medicamento caducado. Su ingesta forzosa y diaria produce efectos
adversos.
Fuente: www.publico.es
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