Señala que las cuatro detenciones instadas por una jueza argentina
no son "necesarias" por la antigüedad de los hechos y la probable
prescripción de los delitos. La pelota pasa al juez Ruz
ANDRÉS MUÑIZ Madrid 24/09/2013 10:15 Actualizado:
24/09/2013 17:35
El fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, Javier Zaragoza
La orden de la jueza María Servini para que España
detenga y le entregue a cuatro policías acusados de graves torturas a detenidos
durante el franquismo, ha tropezado con el primer escollo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a quien
trasladó la petición la oficina de Interpol en España.
En cuatro informes de igual contenido, referidos a
cada uno de los reclamados, la Fiscalía no
considera necesaria la "detención preventiva" de los presuntos
torturadores instada por la jueza Servini, alegando cuatro razones: la
antigüedad de los hechos, la prescripción de los delitos, lo dispuesto en
la Ley de Amnistía española de 1977, y la falta de un relato pormenorizado de
los hechos atribuidos a cada uno de los reclamados, con concreciónde fechas y
lugar de comisión.
Los informes, firmados por el fiscal Carlos Bautista,
han sido entregados al juez de la
Audiencia Pablo Ruz, por encontrarse de guardia, quien tendrá la última
palabra sobre si proceden o no las detenciones.
La Policía tiene indicios de que dos de los reclamados
pueden haber fallecido
Aunque no comparta que deban producirse los arrestos,
la Fiscalía sí insta al juez a incoar el correspondiente expediente de
extradición a Argentina de los cuatro reclamados, que son los expolicías Juan
Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", Celso Galván Abascal
y José Ignacio Giralte González, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En
este sentido, la Policía tiene indicios
de que Galván y Giralte pueden haber fallecido, por lo que el caso se
ceñiría a González Pacheco y Muñecas, mientras la juez no pida más entregas.
El procedimiento que la Fiscalía insta a comenzar es
la comunicación al Ministerio de Justicia español de la incoación del
expediente de extradición, para que informe al Ministerio homólogo argentino y
le requiera la solicitud formal de extradición y la documentación adicional
--como la concreción de los hechos imputados a cada uno--.
Argentina tendrá un plazo de 40 días para contestar, y
a partir de ahí, según fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia puede continuar el proceso judicial de
extradición o archivarlo, siempre de forma motivada. En caso de acordar
proseguir, se instruiría en la Audiencia Nacional el proceso de extradición,
que puede alargarse durante meses.
Si la Audiencia Nacional aprueba la extradición, la
última palabra la tendría de nuevo el Gobierno, a quien no vincularía esa
decisión, mientras que si el tribunal español la deniega, el Ejecutivo podrá o
no seguir su criterio.
En su informe, la Fiscalía señala que la juez Servini
califica los hechos que imputa a los reclamados como delitos de homicidio
agravado, privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas
y sustracción de menores. El Ministerio Público adelanta que en el caso
concurre "la probable causa de denegación" de la extradición prevista
en la Ley y en el convenio bilateral que regula estas entregas, y que es la prescripción
de los delitos.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que habían recibido
la petición de detención de los cuatro presuntos torturadores de la oficina de
Interpol en España, que en ocasiones
detiene a los reclamados sin pasar previamente el caso a la Fiscalía o los
tribunales. Las mismas fuentes indicaron que no es extraño, sin embargo,
que actúen como en este caso, pasando el caso primero a la Fiscalía, cuando se
trata de reclamaciones por delitos antiguos o que planteen dudas. Recordaron
que recientemente se ha obrado igual con un ciudadano estadounidense reclamado
por su país.
"Esas órdenes han llegado a España y están
trasladadas a la Audiencia Nacional a través de su Fiscalía, como
corresponde", ha señalado este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras presentar en
Madrid las pruebas del proyecto Perseus sobre vigilancia de las fronteras.
Preguntado sobre estas órdenes de busca y captura de
cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas reclamados por
la juez argentina María Servini, el ministro ha subrayado que su departamento y la Policía Nacional estarán
"a lo que diga la Audiencia Nacional".
El portavoz del PP en el Congreso avala la decisión
del fiscal de no apoyar las detenciones
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el
Congreso, Alfonso Alonso, está convencido de que la decisión del fiscal de la
Audiencia Nacional de rechazar la detención "preventiva" los cuatro
antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por la
justicia argentina por su supuesta implicación en los crímenes del franquismo se ajusta a la ley.
Tras recordar que el PP siempre ha expresado su
respeto por las decisiones judiciales, Alonso ha señalado que, en este caso
concreto, entienden que la Fiscalía ha actuado "de manera profesional y
con acuerdo al principio de legalidad". "Ellos tienen que tomar sus
resoluciones y hacer sus proposciones de acuerdo con la ley. Y en este
caso estamos convencidos de que ha sido así", ha indicado.
El juzgado que se encuentra de guardia esta semana es
el Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se
encuentra actualmente Pablo Ruz
tras la inhabilitación de Baltasar Garzón, quien ya trató de investigar sin
éxito los crímenes del franquismo y que fue juzgado por un delito de
prevaricación por intentarlo, aunque finalmente resultó absuelto.
En octubre de 2008, la Fiscalía
ya se opuso a la investigación que desarrollaba el juez Baltasar Garzón
alegando, entre otras razones, la Ley de Amnistía de 1977.
Con la presentación de este escrito, la Fiscalía deja
en manos de un juzgado español el procedimiento puesto en marcha por la juez
Servini al cursar el pasado 18 de septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las
fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de
represión durante el franquismo.
La resolución de la juez, de 200 páginas, reclamaba su
detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al
Gobierno español para colaborar en su localización.
Entre los argumentos de su decisión, adoptada en el
marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio
y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura
franquista, la juez retomaba informes de Amnistía Internacional sobre los
crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las
declaraciones de las víctimas y de sus familiares.
Fuente: www.publico.es
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