nuevatribuna.es | 26 Septiembre 2013 - 12:55 h.
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto”.
C.E. 1978. Art. 43.
C.E. 1978. Art. 43.
La Constitución española todavía
vigente establece en su artículo 43 el derecho a la protección efectiva de la
salud de los ciudadanos por los poderes públicos. Dicho precepto fue
desarrollado cuando Ernest Lluch fue ministro del ramo y logró que se aprobara
en el Parlamento –con la oposición bruta de un sector de la profesión que hizo
todo lo posible para limitar las incompatibilidades que en ella se disponían y
así poder conservar los privilegios corruptos heredados del franquismo- la Ley
General de Sanidad de 1986, según la cual los principios y criterios que
permiten el ejercicio en España de este derecho son los siguientes:
Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en
el momento del uso; descentralización política de las prestaciones sanitarias
en las Comunidades Autónomas y prestación de una atención integral de la salud
procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Fue la
puesta en marcha de esa ley –que costó el puesto al gran ministro y político
que fue Lluch, luego asesinado por ETA en un acto de heroísmo sin precedentes
del que se pueden sentir muy orgullosos los gudaris, lo que permitió el
impresionante desarrollo del sistema de Salud Pública en todo el Estado
español, que ha llegado a ser uno de los mejores del mundo si juzgamos por un
hecho tan objetivo como la esperanza de vida: ochenta y cinco años para las
mujeres y setenta y nueve para los hombres, ello pese a que los recortes y
privatizaciones decretadas por el Partido Popular han hecho que descienda unas
décimas en 2013, hecho que no tenía precedentes en las últimas tres décadas.
Pero además de ser un servicio de
salud público excelente –susceptible de mejoras si se le diesen más medios- es
también uno de los más eficientes del mundo, puesto que mientras que Estados
Unidos, con un sistema de salud privado basado en el axioma neoliberal que dice
que a mayores ingresos, mayor salud, y que excluye a un tercio de la población,
gasta más de nueve mil dólares por persona y año, el sistema español apenas
consume tres mil, con unos resultados muy superiores, según los informes de la
OCDE. Y es ahí donde tenemos que poner el punto de mira. En la actualidad
existen dos modelos sanitarios opuestos, el yanqui, completamente privatizado
en el que se paga según tramos de edades y gravedad de las enfermedades, al que
no tienen acceso cerca de cien millones de ciudadanos de aquel país, en el que
el ejercicio de la medicina está estrictamente ligado a los intereses de las
grandes corporaciones farmacéuticas y permite el enriquecimiento fácil de unos
y otros; y el modelo español, basado en el acceso universal de todos los
ciudadanos a una Sanidad que es pública e igual para todos independientemente
de su condición económico o social. Entre medias, se mueven otros sistemas que
mezclan sanidad pública y privada y que normalmente permiten que esta última
parasite de la primera, incrementando de ese modo los costes y disminuyendo la
calidad de las prestaciones.
Hace años, los grandes grupos
hospitalarios privados de España, catalanes, valencianos y madrileños –Capio
Sanidad, Ribera Salud, Quirón y Unió Catalana d'Hospitals, del exconseller
catalán Boi Ruiz- comenzaron una ofensiva que se hizo más intensa conforme los
gobiernos tuvieron un carácter conservador más acusado. Fruto de esas ofensivas
fueron la “externalización” de servicios como los de análisis, radiología y
anatomía patológica de muchos hospitales españoles, pasándose posteriormente a
conceder en las tres comunidades citadas la gestión integral de diversos
hospitales a empresas privadas cuya mayor parte de ingresos provienen del
Erario, es decir de nuestros bolsillos, y les general pingües beneficios sin
arriesgar nada puesto que siempre cuentan con el colchón de los grandes
hospitales públicos para aquellos casos difíciles o de larga duración. Por
tanto, no nos encontramos ante un debate real en el que se discuta sobre cuál
de los dos sistemas ofrece mejores prestaciones sanitarias, ni muchos menos,
estamos ante unos grupos económicos privados que pretenden, con la ayuda del
gobierno central y los autonómicos, estrangular al Sistema Público de Salud
privándole de la financiación que se da a los privados y concertados y
cargándole los casos más peliagudos y costosos. No se trata de una alternativa al
sistema público vigente, sino pura y simplemente de un atraco al bien común, a
lo más sagrado de nuestros derechos con exclusivas miras mercantilistas: El
enfermo no es un paciente, es un cliente al que hay que sacar todo lo posible,
el paciente cuyo tratamiento no sea rentable, será derivado a hospitales
públicos residuales, tal es la filosofía de estos nuevos buscones que pretenden
crear una nueva burbuja con nuestra salud, nuestra Educación y nuestras
pensiones.
Nadie se deje engañar, los mejores
sanitarios de este país trabajan en los hospitales públicos del Sistema
Nacional de Salud, son ellos los que tienen vocación hipocrática verdadera y
quienes se desvelan para intentar solucionar los problemas cada vez mayores de
una sociedad envejecida y asesiada por cientos de enfermedades en muchos casos
originadas por un sistema económico antihumano. El médico privado, la medicina
privada, antepone el beneficio personal y empresarial a la salud del paciente,
que queda en un segundo plano dependiente de los fondos que le regale el Estado
para su lucro personal y corporativo. Para ellos, usted y yo no somos nada,
sólo una cifra en la cuenta de balance anual. Privatizar es regresar a tiempos
predemocráticos, cuando la Sanidad Pública estaba en mantillas y para poder
gozar de una asistencia adecuada había que acudir a un famoso médico que vivía
en la capital y se llevaba los ahorros de toda una vida, muchas veces sin
resultado alguno. Espero que cuando elaboremos la próxima Constitución –que
será pronto- un artículo de obligado cumplimiento disponga que todos los
dineros púbicos tengan que ir a la Sanidad pública, prohibiendo tasativamente
privatizaciones, conciertos, externalizaciones y demás chanchullos insultantes.
Fuente:
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