El tribunal invalida, por tercera vez en seis meses, medidas de
austeridad aprobadas por el Ejecutivo conservador a cambio del rescate de la UE
Óscar Tomasi / EFE Lisboa 26/09/2013
18:49 Actualizado: 26/09/2013 19:16
Manifestación
en Lisboa contra los recortes aprobados por el Gobierno de Passos Coelho.REUTERS.
El Tribunal Constitucional portugués volvió este jueces a
invalidar ajustes introducidos por el Gobierno a instancias de la troika,
en este caso recogidos en su reforma laboral, considerada uno de sus
principales logros desde su llegada al poder. Dos disposiciones que
facilitaban el despido fueron tumbadas por la máxima instancia
judicial del país, que anuló igualmente otros artículos que restringían algunos
de los beneficios para los trabajadores acordados en el marco de la negociación
colectiva.
Por tercera vez en seis meses, el Constitucional echó por tierra
medidas de austeridad aprobadas por el Ejecutivo conservador luso para cumplir
con el programa de ajustes pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) a cambio de su rescate. Las sentencias
del tribunal han deteriorado las relaciones con el Gobierno del primer ministro
Pedro Passos Coelho, cuyos miembros han criticado la labor de los jueces
por considerar que ponen trabas a las reformas económicas que precisa el país.
El pasado mes de abril, el Constitucional anuló la
supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas y los recortes en el
subsidio por desempleo y enfermedad que incluían los Presupuestos de
2013, lo que obligó al Ejecutivo a adoptar medidas alternativas por valor de
1.300 millones de euros. En agosto, los mismos jueces cancelaron la
normativa del Gobierno que creaba un nuevo régimen de "movilidad
especial" para trabajadores públicos, cuya aplicación pretendía
facilitar la salida de funcionarios que se encuentran a la espera de ser
colocados. Ya antes, en julio de 2012, el tribunal había tumbado una
serie de recortes a funcionarios y pensionistas incluidos en los
presupuestos de ese año.
La izquierda y los
sindicatos consideran el fallo una “TARJETA ROJA” a las políticas de austeridad
En esta ocasión, el Constitucional fundamentó su fallo en que la
legislación laboral que regula los despidos "por causa justa"es
ahora demasiado "vaga e indeterminada" y no detalla
"qué criterios deben presidir la decisión de la compañía a la hora de
seleccionar el puesto de trabajo a extinguir". "La norma cuestionada
abre la puerta a despidos arbitrarios o judicialmente incontrolables",
alerta la sentencia.
La noticia fue recibida con sorpresa por el Gobierno
portugués, mientras que la oposición de izquierda y los sindicatos
consideraron el fallo una "tarjeta roja" a las políticas de
austeridad. La solicitud de un dictamen sobre la última reforma laboral llegó
al Constitucional en julio de 2012, aunque no ha sido hasta catorce meses
después -no existía un plazo límite- cuando los jueces han hecho público su
veredicto.
El ministro luso de la Presidencia y Asuntos Parlamentarios, Luís
Marques Guedes, reveló que el Ejecutivo no fue informado del fallo
previamente a su publicación y el titular de Economía, António Pires
de Lima, recordó la importancia de una reforma laboral "muy valorada por
la troika y los inversores". Desde la patronal, diferentes líderes
empresariales recordaron que dicha reforma fue consensuada en concertación
social con el sindicato UGT -el segundo mayor del país- y advirtieron de que
los artículos anulados deberán ser "compensados".
En opinión del principal partido de la oposición, el Socialista,
el fallo del tribunal proporciona "más protección" a los trabajadores
y censura el intento de "desregulación laboral" del Gobierno y la
troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Comunistas,
marxistas y ecologistas, quienes solicitaron precisamente la opinión del
Constitucional, mostraron su satisfacción e interpretaron que la sentencia pone
en entredicho la continuidad del Ejecutivo conservador. Por su parte, los
responsables del principal sindicato luso, el comunista CGTP,
exigieron la readmisión de los trabajadores despedidos a través de la normativa
anulada por el Constitucional.
La decisión judicial se conoce cuando Portugal se dispone a volver
a las urnas con motivo de las elecciones municipales del 29 de septiembre y mientras
la troika se encuentra en Lisboa para evaluar el cumplimiento del programa de
ajustes pactado como contrapartida por su ayuda financiera. El fallo
no provocó ninguna reacción en los mercados y la deuda lusa a diez años se
mantiene ligeramente por encima del 7 % de interés.
Fuente: www.publico.es
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