El Consejo
Económico y Social aprobará hoy un dictamen que rechaza tanto el contenido como
la forma de la norma.
La CEOE ha
participado de ese dictamen, aunque falta la votación final, en la que podría
presentar alguna enmienda o voto particular.
Asegura que
producirá pérdidas de poder adquisitivo difíciles de recuperar y que ataca el
principio de equidad del sistema.
Ana Requena Aguilar 77 Madrid
26/09/2013 - 14:18h
El
presidente del CES, Marcos Peña. EUROPA PRESS
El Consejo Económico y Social
(CES) está a punto de asestar un importante varapalo a la reforma de las
pensiones del Gobierno. El organismo -formado por sindicatos, patronal,
miembros de la economía social y expertos del Gobierno- aprobará esta tarde un
dictamen muy crítico con el anteproyecto de ley del Ejecutivo. En su texto, al
que ha tenido acceso eldiario.es, aseguran que la nuevas fórmulas traerán
pérdida de poder adquisitivo y se apartan de lo pactado en la última reforma de
las pensiones.
El dictamen del CES es
preceptivo (es decir, imprescindible en el trámite de una ley) pero no
vinculante. De momento, ha sido aprobado en Comisión, también por la CEOE. Esta
tarde tendrá lugar la votación final en el Pleno, en la que la patronal podría
emitir alguna enmienda o voto particular. También podrían hacerlo los expertos
del Gobierno, no obstante, si hay acuerdo entre la patronal y los sindicatos
sus enmiendas no podrían salir adelante.
Por un lado, el CES se muestra
crítico con el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que hará que
estas dejen de ligarse al IPC, del que dicen producirá "una pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones en contextos difíciles como el actual, que
además no llegaría a recuperarse".
Es más, el organismo advierte
que el Gobierno propone que se use este nuevo indicador para todas las
pensiones contributivas, sin diferenciar entre cuantías ni clases, lo que para
el CES supone actuar "en contra de la equidad del sistema de
pensiones".
No solo eso, el Consejo llama
la atención sobre el hecho de que buena parte de los factores que se toman para
calcular este índice son estimaciones a largo plazo con un "alto grado de
incertidumbre" y tira por tierra la afirmación tan repetida por el
Gobierno de que la reforma apartará las pensiones de las "decisiones
políticas". Al contrario, el organismo subraya que existe "un alto
grado de discrecionalidad" en la aplicación de la fórmula, "en la
medida en que algunas de sus variables dependen de decisiones políticas".
En su dictamen, insisten en que
este nuevo mecanismo no se contemplaba en la anterior reforma, que fue fruto de
un amplio acuerdo con los interlocutores sociales. Por eso, el organismo
lamenta que el procedimiento para concebir una medida "de consecuencias
tan relevantes para las actuales y futuras generaciones de pensionistas se haya
apartado de los cauces específicos por los que han discurrido las principales
reformas en el ámbito de la Seguridad Social".
Por otro lado, el Consejo dice
compartir la necesidad de desarrollar el llamado factor de sostenibilidad, tal
y como se contempló en la reforma que el Gobierno de Zapatero pactó con los
agentes sociales en 2011. Sin embargo, asegura que lo planteado en el
anteproyecto de ley del Ejecutivo de Rajoy "no se ajusta en sus actuales términos
a aquella propuesta, ni el la formulación concreta del factor, ni en el plazo
previsto para su entrada en vigor".
El organismo se muestra
preocupado por los efectos de la aplicación automática de este nuevo factor,
basado exclusivamente en la esperanza de vida. "Sería conveniente estudiar
la posibilidad de modular ducha automaticidad combinándola con la evolución de
otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la
actividad económica o la participación laboral, como ocurre en otros países de
nuestro entorno", dice el texto.
Recomienda también aclarar
algunas cuestiones a la hora de calcular el factor de sostenibilidad, por
ejemplo, cuáles serán las bases de datos que se utilizarán para calcular, por
ejemplo, las tablas de moralidad de la población pensionista o la esperanza de
vida.
El CES es crítico no solo con
el contenido del anteproyecto, sino también con las formas. En su dictamen
critican que el procedimiento seguido en esta ocasión "se aparta del
habitual", ya que ha el Gobierno lo ha hecho coincidir con las consultas a
los agentes sociales, los grupos parlamentarios, la Comisión del Pacto de
Toledo, algo que, consideran, "resulta inadecuado al tener que dictaminarn
un texto que todavía no cuenta con el suficiente grado de madurez, siendo, en
consecuencia, susceptible de modificaciones que no va a poder dictaminar este
órgano". El organismo insiste en que "la singularidad del
procedimiento" y "la premura de los plazos" no ha favilitado la
discusión y el acercamiento de posiciones sobre norma especialmente
trascendente.
Más
transparencia
En el dictamen, el organismo
dice echar en falta una diferenciación entre los retos de carácter coyuntural a
los que se enfrenta el sistema de Seguridad Social (fundamentalmente, la caída
de la afiliación) y los retos de carácter estructural, que tienen que ver con
el envejecimiento de la población. El Consejo critica que en la memoria
económica, el Gobierno solo mencione variables demográficas que influyen en la
evolución de los gastos del sistema, pero no incluya un análisis sobre los
ingresos.
El CES, consicente de la
adversa situación que atraviesa actualmente el sistema, comparte la necsidad de
actuar al respecto, para lo cual estima más adecuado llevar a cabo, en el marco
del diálogo social y de la Comisión del Pacto de Toledo, una profunda reflexión
en torno a la posibilidad de estudiar vías alternativas de financiación del
sistema que contribuyan a sus sostenibilidad y suficiencia", dice el
texto, en el que, adenmás, se hace hincapié en la necesidad de realizar
"un mayor ejercicio de transparencia" en este sentido.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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