Los abogados de la acusación consideran que se debería haber
detenido a los presuntos torturadores, tal y como solicitó la jueza argentina
29/09/2013
- 14:53h
El juez
Ruz citará a los dos reclamados por crímenes del franquismo que siguen vivos
Los querellantes de las
torturas llevadas a cabo por altos cargos durante al franquismo acusan al juez
Pablo Ruz de haber incumplido el tratado internacional de extradición al no
haber tomado medidas cautelares contra los presuntos torturadores. La jueza
argentina María Servini de Cubría solicitó la detención internacional y, según los abogados
de la acusación, esta orden debería haber implicado, de acuerdo con la
legislación, que "se detuviera a los imputados y en un plazo no superior a
veinticuatro horas fueran puestos a disposición del juez instructor de la
Audiencia Nacional que se encontraba de guardia, a efectos de que por parte de
éste se decidiera si acordaba su prisión provisional o adoptaba cualquiera otra
de las medidas cautelares previstas en las mismas".
El juez Pablo Ruz citará a los dos antiguos miembros de las fuerzas de
seguridad españolas reclamados por Argentina por crímenes del
franquismo que siguen vivos y han sido localizados en España, una vez la juez argentina
María Servini formalice la petición de extradición. También notificará a
Servini de Cubría que los otros dos franquistas ya han fallecido.
Los querellantes entienden que
la justicia española debería haber decretado la prisión provisional o medidas
cautelares para los reclamados por la "la gravedad de los crímenes
cometidos, las altas penas –de ocho a veinticinco años de prisión- previstas en
la ley argentina y el probable riesgo de fuga".
La acusación muestra una
"profunda extrañeza" ante la "evidente transgresión de la
legislación aplicable" en la actuación de Ruz, aunque confía en que
"cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado
argentino, los imputados se encuentren a disposición de la justicia y que la
Audiencia Nacional adopte cualquiera de las dos decisiones que en derecho
corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a
Argentina", señala en un comunicado.
Además, critica la "nula
colaboración" de la Fiscalía española con la justicia argentina en esta
causa. De hecho, el Ministerio Público retuvo durante 48 horas la orden de detención para
evitar que el juez Fernando Andreu se hiciera cargo del caso. Los
letrados de la acusación también señalan las "presiones" ejercidas
por el Gobierno español "para evitar el progreso" de la querella
contra los torturadores
Fuente: http://www.eldiario.es/
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