El Ayuntamiento de
Arganda del Rey (Madrid) impide a la ARMH la exhumación de una fosa común
dentro del cementerio y asigna la tarea a la empresa privada Funespaña
Funespaña remite a
las familias una factura de 700 euros para realizar la exhumación sin garantías
en la identificación
12/09/2013 - 20:33h
La
familia de Guillermo Palmero Muñoz espera poder realizar la exhumación con garantías
de recuperar, sin duda alguna, los restos del miliciano muerto en la Batalla
del Jarama. Foto: ARMH.
Hace menos de dos años que
Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo lleva 74 años enterrado en
una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del Rey, en Madrid. Cuando tenía
17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su pueblo de Miguelturra en
Ciudad Real para defender la República. Y poco más supieron de él. Se integró
en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue disuelta en varias brigadas
y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama en el frente de
Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.
"Mi padre y mi madre me
cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió llorando pensando dónde
estaría su hijo". Ese recuerdo es el que empuja a Carmelo y a su padre
Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a Miguelturra. 74
años después.
Lo que no esperaban los
familiares de dos de los tres hombres enterrados en la fosa bajo ninguna lápida
ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar son los dos restantes–
es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la gestión del
cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 727,62
euros y una advertencia de que su empresa "no puede garantizarle que
los restos exhumados sean realmente los de su familiar".
Cuando Carmelo recibió esta
notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de Arganda ya había desestimado en
dos ocasiones la intervención de los arqueólogos,
antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es
necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de
error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con
pruebas de ADN.
Carmelo se había decidido a
contactar con esta asociación después de casi un año de silencio administrativo
del Ayuntamiento argandés desde el inicio de los trámites a comienzos de 2012.
Ya en 2013, y tras la incorporación de la ARMH al proceso, el Consistorio
autorizó la exhumación pero indicó que sería Funespaña, la empresa más potente
de nuestro país en servicios funerarios, recientemente absorbida por Mapfre,
quien procedería a ella.
La asociación que preside
Emilio Silva solicitó hasta en tres ocasiones encargarse de la exhumación,
avalando su actuación con un informe de intervención adaptado a los protocolos
internacionales, sin coste para el Ayuntamiento ni las familias. La última
negativa la recibieron a finales de junio. En ella, el servicio de letrados del
Ayuntamiento, gobernado por el PP, expone los siguientes motivos: "Consta
hoja del Libro de Enterramientos en el que están perfectamente identificados la
fila y la sepultura donde se encuentran los cuerpos en el Antiguo Cementerio
Municipal de Arganda del Rey. Por lo que no se trata de una fosa común, sino de
un enterramiento regular en un cementerio público".
En una carta de respuesta, la
ARMH replica que, según Naciones Unidas, una fosa común es aquella que tiene
más de un cuerpo. Y en esta se encuentran tres. El único dato que aporta el
Libro de Enterramiento es el orden en el que fueron arrojados los cuerpos. Se
desconoce si fueron enterrados en féretro o si se encuentran o no en contacto
directo los tres inhumados.
El siguiente motivo por el que
el servicio jurídico del Ayuntamiento deja fuera a la asociación memorialista
es que "la muerte se produjo en el frente de Arganda durante la denominada
Batalla del Jarama. Es notorio que dicha batalla, al margen de otras
consideraciones políticas enfrentó a dos ejércitos regulares, por lo que está
excluido los elementos que legitimarían a la asociación peticionaria para su
actuación. A saber, que se tratara el enterramiento de una fosa común, con
cuerpos no identificados, y se tratara de personas desaparecidas violentamente
durante la Guerra Civil o por represión política con posterioridad a la
misma".
"Ponen en duda la
violencia de la muerte de tres soldados. ¿Les parece poco violento desaparecer
en medio de una guerra a 200 kilómetros del hogar y que tu familia desconozca
tu paradero hasta hace dos años?", contesta la asociación.
Marco A. González,
vicepresidente de la ARMH, recuerda además que para dictaminar si hubo o no una
muerte violenta se necesita la intervención de un antropólogo forense durante
la exhumación, así como el análisis posterior de los restos cadavéricos.
"¿Garantiza Funespaña las medidas de cadena de custodia y de correcta
extracción de las evidencias para su análisis? ¿Se van a preocupar de localizar
los posibles proyectiles de arma de fuego que acrediten que se trata de una
muerte violenta?", sigue preguntando la Asociación, sin conseguir
respuestas. Tampoco eldiario.es, a la hora de publicar este artículo, ha
conseguido contestación a estas cuestiones de Pilar Penalva, responsable de
Funespaña en el Corredor del Henares.
"Para exhumar una fosa se
necesita emplear una metodología arqueológica, pero exhumar no es
simplemente excavar la fosa" escribe el prestigioso médico forense
Francisco Exteberria en Diccionario de memoria histórica. "La
exhumación no es sino una parte del proceso analítico que comienza en los
archivos, sigue con los testimonios y finaliza en uno o varios laboratorios
para, posteriormente, establecer los actos de reconocimiento público e
institucional que sean pertinentes".
La historiadora Queralt Solé,
que ha estudiado las fosas comunes de la Guerra Civil, coincide con Etxebarria
al analizar el caso de Arganda: "La recuperación moral no va a
suceder" tal y como el Ayuntamiento está planeando hacer la exhumación.
Solé ve "absolutamente fuera de lugar" la resolución del Ayuntamiento
que interpreta debe de estar hecha "desde el desconocimiento del trayecto
de la Ley de Memoria Histórica en estos años". Respecto a la ARMH, Solé
entiende que "están legitimados para intervenir porque las familias están
pidiendo una exhumación técnica y les están negando este derecho".
Desde el punto de vista
jurídico coincide con la historiadora el profesor de Filosofía del Derecho en
la Universidad Carlos III José María Sauca Cano, quien manifiesta "cierta
sorpresa por una resolución tan restrictiva". El artículo 11 de la Ley de
Memoria Histórica favorece la colaboración de las Administraciones públicas con
los particulares para la localización e identificación de las víctimas.
"La Guerra Civil está incluida y un fallecimiento en el campo de
batalla sigue siendo una desaparición violenta", responde Sauca a las
objeciones del Ayuntamiento de Arganda que pretenden dejar fuera la trinchera
de la Batalla del Jarama como lugar de reparación de la memoria. Y, respecto a
la identificación de los combatientes, "no se hizo entrega de los restos a
los familiares y, por demás, parece que éstos no tuvieron noticia del lugar del
enterramiento hasta fechas recientes. El hecho de que la Administración
registrase la identidad de los fallecidos no resulta relevante. El dato es
que sus familiares, que son quienes detentan el derecho a la memoria histórica,
no lo conocían".
En entrevista telefónica con
eldiario.es, la concejala delegada de Infancia, Familia, Juventud y Promoción
de la Vida Saludable de Arganda, María Fernández Rufo, insiste en que al
tratarse de "personas identificadas en un registro" el Ayuntamiento
estaría "incumpliendo la Ley" si dejara hacer la intervención a la
ARMH. "La Ley contempla los restos no identificados o los desaparecidos y
estas personas están totalmente identificados con fila, sepultura, nombre,
apellidos y edad", recalca la concejala, que quiere dejar claro que
"a la familia no se le niega el apoyo ni se les ha obviado" y que si
los familiares quieren una identificación de los restos tras hacer la
exhumación, es necesario que pidan una orden judicial.
Sobre la pertinencia o no de la
intervención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el
abogado consultado indica que no le cabe duda de que "las consideraciones
del artículo 11.1 de la Ley le resultan aplicables". "Luchar contra
las voluntades es muy difícil", valora Francisco Etxebarria. "En este
caso, la voluntad del Ayuntamiento es no dar el permiso. Y con eso está todo
dicho". Si finalmente se realiza, esta fosa de Arganda del Rey sería la
primera exhumación técnica realizada en la Comunidad de Madrid de víctimas de
la Guerra Civil. Quizá por eso y en opinión del vicepresidente de la ARMH, los
responsables políticos querían "una exhumación blanca, sin ruidos".
Para el profesor Sauca Cano,
"las equiparaciones entre ejércitos regulares, necesidad de fosa común,
cuerpos no identificados, etcétera, son consideraciones de mayor o menor
pertinencia de conformidad con las leyes de la guerra pero fuera del ámbito de
la llamada Ley de Memoria Histórica. Entre otras cosas, esta Ley reconoce un
derecho a las víctimas y/o sus familiares precisamente para ese tipo de casos".
Fuente:
http://www.eldiario.es/
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