La legislación les permite recibir donaciones de empresas
adjudicatarias de contratos públicos.
Las donaciones privadas a fundaciones políticas superan los 9
millones de euros, cifra superior a la de los propios partidos.
En sus páginas web apenas informan acerca de sus estatutos, cuentas
o estructura interna.
22/09/2013 - 20:36h
Rajoy charla con Aznar, presidente de FAES / Fotografía: EFE
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La reforma
de la ley de Financiación de partidos políticos que se aprobó en 2012 sigue
permitiendo que las fundaciones reciban donaciones de empresas concesionarias
de contratos públicos. Además, los límites de las cuantías son más laxas:
100.000 euros para los partidos y 150.000 euros para las fundaciones. A
ello habría que añadir las entregas monetarias o patrimoniales para financiar
proyectos concretos, las cuales no tienen consideración de donaciones.
“Históricamente han sido un instrumento para conseguir
fondos para los partidos, dificultando el conocimiento por parte de la
ciudadanía de las verdaderas cuentas”, lamenta Manuel Villoria, miembro del
Consejo de Dirección de Transparencia Internacional. En la misma línea se
pronuncia el abogado Carlos Sánchez Almeida: "Tienen unas características
que les permiten ser vías alternativas de financiación". Ello podría
explicar que, según el último informe del Tribunal de Cuentas, la cuantía de
las donaciones privadas a las fundaciones supere a la de los propios partidos.
En 2008 las formaciones políticas percibieron un total de 6.140.235 euros. La
cantidad asciende a 9.123.283 euros en el caso de las fundaciones.
Los últimos Presupuestos Generales prevén 900.000
euros para las fundaciones para financiar proyectos concretos. Una cantidad
idéntica a la de 2012 y que se deriva de los fondos a cooperación y desarrollo.
Además, Eva Belmonte, de la fundación ciudadana CIVIO, señala que las
fundaciones reciben otros 2 millones de euros por el mero hecho de existir,
derivados del presupuesto de cultura. La utilidad pública como
"think-thank" justifica a juicio de Villoria la percepción de fondos
pero sólo si se hace "con la máxima transparencia y control".
En este sentido, Eva Belmonte opina que debería exigirse
"un desglose completo y detallado de las donaciones recibidas y de las
partidas de gasto. Por ejemplo, nadie sabe en qué gastan las fundaciones el
dinero percibido de los fondos de cooperación". La recién
aprobada Ley de Transparencia venía a subsanar las carencias
institucionales. Sin embargo, a juicio de Belmonte "tal y como está
redactada contribuye muy poco. Existen numerosas excepciones a las peticiones
de información, que no se incluye como derecho fundamental".
En el último año se han conocido diversos escándalos en las
fundaciones vinculadas a partidos mayoritarios. Grandes constructoras
adjudicatarias de obras públicas, y citadas en los Papeles de Bárcenas, donaron
miles de euros a fundaciones afines al Partido Popular. El PSOE y la
Fundación Ideas se vieron el año pasado salpicados por el caso
“Amy Martin”. Bajo dicho pseudónimo, la mujer del exdirector Carlos Mulas
cobró ingentes cantidades de dinero por puntuales colaboraciones.
La necesidad de una legislación más exigente
Las cuentas de las fundaciones, así como la procedencia de
las donaciones, fueron hasta 2007 las grandes desconocidas por los organismos
reguladores. A partir de ese año el Tribunal de Cuentas empezó a fiscalizar su
actividad económica. Sin embargo, para Villoria no es garantía suficiente: “El
tribunal no tiene mecanismos para investigar posibles irregularidades ni para
sancionar. Sólo dispone de los datos que los partidos quieren proporcionar”.
Carlos Sánchez Almeida critica la politización de un "órgano deslegitimado
que se ha convertido en un cementerio de elefantes de PP y PSOE". El
abogado también apuesta por reforzar las responsabilidades penales en los casos
de corrupción.
Lo cierto es que el último informe, de 2008, señala diversos
incumplimientos. Societat i Progrés de la Comunitat Valenciana, dependiente de
los socialistas valencianos, no aportó documentación alguna. Otras como
Canarias 7 Islas, Horacio Fernández Iguanzo y Zabaldiak no presentaron sus
respectivas cuentas anuales. En otros casos, las fundaciones carecían de
cuentas bancarias específicas para donaciones, tal y como exige la
legislación.
El propio Tribunal de Cuentas señala algunas de las trabas a
las que se tiene que enfrentar a la hora de fiscalizar y controlar la actividad
de las fundaciones. En el capítulo de recomendaciones del informe expresa que
la legislación "no precisa los requisitos para establecer la vinculación
orgánica con los partidos políticos" y pide que se incluyan en el Registro
de Partidos Políticos. También critica que las fundaciones no se sometan a lo
expuesto en el capítulo IV de la Ley de Financiación de Partidos, que recoge
las obligaciones contables y los mecanismos de rendición de cuentas. Una
situación que se da tanto en la ley de 2007
como en la reforma
del pasado año.
La supervisión del tribunal no se realiza sobre la actividad
de las fundaciones. Únicamente se centra en las donaciones percibidas, algo
que, según el informe, "podría menoscabar la eficacia del control sobre la
actividad ordinaria y electoral de las formaciones a las que se encuentran
vinculadas". Además, la connivencia de intereses entre el sector empresarial
y el poder político debería impedir, a juicio del tribunal, que las fundaciones
perciban fondos de empresas adjudicatarias de contratos públicos.
Opacidad en la web
La reforma de la Ley 5/2012 de Financiación de Partidos
aporta algunas novedades en lo que respecta a la fundaciones. Éstas, una vez
emitido el informe del Tribunal de Cuentas, deben "realizar una auditoría
de sus cuentas anuales", así como "hacer públicas, preferentemente a
través de su página web, el balance y la cuenta de resultados de forma que esta
información sea de gratuito y fácil acceso para los ciudadanos".
A este respecto el informe "Transparencia,
el mejor eslogan 2012", de la Fundación Compromiso y Transparencia,
señala la elevada opacidad informativa en las fundaciones. Sólo el 46% de las
fundaciones vinculadas a partidos con representación parlamentaria describen
las actividades que realizan y que, en teoría, legitiman su existencia. En
cuanto a la composición interna, sólo el 30% indica el nombre del director
general de la fundación y un exiguo 15% aporta información sobre los miembros
del patronato.
Fuente: http://www.eldiario.es/politica/
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