EFE - Madrid
13/09/2013 - 16:58h
La
reforma de pensiones ya es anteproyecto de ley y comienza su negociación
La reforma de pensiones que
quiere aprobar el PP para introducir el factor de sostenibilidad (adecuarlas a
la esperanza de vida) y desligar su revalorización del IPC ha llegado hoy al
Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, texto que se ha empezado
a negociar con los agentes sociales.
La propuesta del Ejecutivo
ahora se enviará al Consejo Económico y Social (CES), que deberá dictaminar
sobre la futura normativa.
El Gobierno, según la reseña
del Consejo de Ministros, solicita al CES que se pronuncie sobre la reforma en
un plazo de "diez días".
Los planteamientos
fundamentales son que la cuantía de la pensión deberá adecuarse a la esperanza
de vida de los perceptores y que su revalorización anual se "blinda".
Así las pensiones no se podrán
congelar -como hizo el Gobierno socialista en 2011- y subirán
"siempre" y "como mínimo" un 0,25 % en épocas de dificultad
económica para las cuentas de la Seguridad Social.
Cuando la situación sea
favorable se revalorizarán el 0,25 % más el IPC.
La ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado hoy que está abierta al diálogo y
a las aportaciones que puedan hacer los agentes sociales y políticos, y ha
apelado de manera especial a la participación de los jóvenes.
Ha explicado que la
revalorización de las pensiones conforme al IPC "no es algo que se haya
hecho siempre", sino que fue a partir de una ley de 1997, y ha asegurado
que durante este tiempo "se han visto distorsiones" en su aplicación
en los diferentes momentos económicos que ha atravesado el país.
En su opinión, "es
importante que los pensionistas de hoy cobren una pensión justa y ganen, pero
también que los de mañana tengan la misma pensión que tuvieron sus
abuelos".
En paralelo, el secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha convocado a los sindicatos CCOO
y UGT y a la patronal CEOE para iniciar la negociación del anteproyecto de ley.
Los representantes sindicales
han criticado que Burgos no les haya dado ningún documento y que se hayan
iniciado los contactos una vez que se ha convertido la propuesta en
anteproyecto de ley.
Además, le han presentado un
conjunto de alternativas con los que el sistema de la Seguridad Social podría
mejorar sus ingresos en 69.237 millones.
Como medidas inmediatas
proponen una subida de dos puntos de las cotizaciones por contingencias comunes
(se recaudarían 7.000 millones, el 0,67 % del PIB).
De aplicación progresiva serían
un incremento del 15 % de las bases máximas de cotización (se ingresarían 1.900
millones, el 0,18 % del PIB) y una equiparación de las bases medias del régimen
de autónomos y del General (7.000 millones, el 0,67 % del PIB).
También, de forma paulatina, el
Estado debería asumir los gastos de administración de la Seguridad Social
(2.640 millones) y convertir la reducción de cuotas en bonificaciones (600
millones).
De forma estructural habría que
aplicar políticas de empleo que recuperen los tres millones de trabajos
perdidos por la crisis y una lucha más intensa contra la economía sumergida
(21.297 millones, el 2,03 % del PIB) y que el Estado financiase las
prestaciones por muerte y supervivencia (21.800 millones, el 2,08 %).
CCOO también ha calculado que
la nueva fórmula de revalorización supondrá una pérdida de poder adquisitivo
para los pensionistas de entre un 14,8 % y un 28,3 % durante los próximos
quince años.
El portavoz en pensiones del
grupo parlamentario vasco, Emilio Olabarría, ha pedido fórmulas alternativas a
la pérdida de poder adquisitivo y ha instado al Gobierno a que estudie otras
soluciones vinculadas a la productividad, a la creación de empleo o a la lucha
contra la economía sumergida.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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