Las plataformas que luchan por el derecho de acceso a la
información pública denuncian que la Ley de Transparencia aprobada ayer en el
Congreso se queda corta y mantiene privilegios para la Iglesia y la Casa Real
La ley
de transparencia que entró en vigor en marzo pasado en Ruanda es
más avanzada que la que aprobó ayer el pleno del
Congreso de Diputados. Así lo afirman las principales plataformas
que luchan en España por el derecho de acceso a la información pública. Según
el análisis que ha llevado a cabo la organización Access Info
Europe, la normativa española se situará en los puestos de la
cola del ranking internacional de los países que las tienen. De 95, tendrá
la posición 72, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos valorados.
La ley que
debía garantizar el derecho de acceso a la información pública -es
decir, que la información en manos de la administración esté al alcance de
cualquiera que desee consultarla- era una asignatura pendiente de la Transición
y una medida necesaria para echar luz en las sombras de la gestión pública,
poner coto a males como la corrupción y ayudar al ciudadano en la toma de
decisiones. España era el único país de la Unión Europea con más de un
millón de habitantes -junto con los minúsculos Chipre y
Luxemburgo- que no había regulado todavía este derecho fundamental reconocido
por tribunales internacionales.
Por ello, la
frustración de las organizaciones que trabajan en su defensa es todavía mayor.
“Está muy bien que tengamos una ley, porque nunca la hemos tenido, pero una vez
aprobada costará mucho cambiarla para mejorarla. No tenemos claro si es
bueno tenerla así o no“, se lamenta Eva Belmonte, responsable de Proyectos
de la Fundación Ciudadana Civio, que ha puesto
en marcha iniciativas de fiscalización del poder político tan interesantes
como El Indultómetro, que sigue la pista y
clasifica las más de 10.000 medidas de gracia “de carácter excepcional” que el
Rey ha concedido a propuesta del ministro de Justicia desde 1996. El gobierno
había prometido una “ley vanguardista” y la que ha acabado aprobando el
Congreso, para Civio, “es muy floja”. “Servirá para limpiar la imagen de
opacidad, pero no supone grandes cambios“, considera.
“Una vez
aprobada, costará mucho cambiar la ley para mejorarla”, denuncian las
asociacionesLa plataforma Acces Info Europe, que trabaja desde 2006
con una
coalición de 63 asociaciones de la sociedad civil para que se
garantizara por ley la transparencia, ha llevado a cabo un análisis en profundidad del
texto que fue aprobado a finales de julio en la Comisión
Constitucional con los votos del PP, CiU y el PNV tomando
como referencia el conjunto de indicadores del llamado Global Right to
Information Rating. La principal deficiencia que denuncia es
que la norma no reconoce el derecho de acceso a la información como un
derecho fundamental y lo regula como un derecho ordinario, lo que
implica su subordinación a cualquier ley orgánica, como la de protección de
datos de carácter personal. Otras limitaciones que subraya son que excluye
mucha información, no obliga por igual a todas las instituciones y
no crea un órgano de supervisión totalmente independiente del poder
político.
Vicky Anderica,
investigadora legal y coordinadora de campañas de esta ONG, afirma que, aunque
se han hecho algunos avances, la ley pone el acento en la cuestión económica.
“Es una ley que se queda en la superficie; la transparencia es otra cosa, es
publicitar toda la actividad pública. Sabremos los presupuestos y la ejecución
de gastos, pero no de qué manera se han tomado las decisiones para gastar ese
dinero”, subraya.
“Sabremos los
presupuestos, pero no de qué manera se toman decisiones para gastar ese dinero”,
lamentanLo mismo denuncia Civio, que considera que uno de las principales
déficits de transparencia es que excluya del escrutinio público los informes,
borradores y materiales de trabajo que usan las administraciones públicas para
tomar decisiones, un tipo de información que en Ruanda sí puede reclamar
la ciudadanía.
Por poner un
ejemplo, Belmonte menciona el supuesto de privatización de hospitales
públicos bajo el argumento de que sale más barato. “Si no nos dejan
valorar si la decisión que se ha tomado es correcta, tendremos que sospechar
que quizá no lo sea tanto”, sugiere. Anderica, por su parte, recuerda una petición de información pública solicitada por un
periodista a través de Tu derecho a
saber, una web puesta en marcha a cuatro manos por las dos
organizaciones para facilitar que cualquier ciudadano pueda pedir información a
cualquier institución pública española. Se trataba del informe completo de
2.000 páginas que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría presentó
en junio al Consejo de Ministros sobre la reforma de las administraciones
públicas, con la que el gobierno asegura que se ahorrarán más de 37.000
millones de euros hasta el 2015. La solicitud se denegó por indicación del
Ministerio de la Presidencia.
publico.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario