Ilustración de Gabi Beltrán
Es posible que en los últimos
tiempos estemos viviendo en Cataluña una suerte de totalitarismo soft;
o, por usar de nuevo el término de Pierre Vilar, una suerte de “unanimismo”: la
ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia. El
instrumento de esta concordia ficticia no es la violencia, sino el llamado
derecho a decidir: quien está en favor del derecho a decidir no es sólo un buen
catalán, sino también un auténtico demócrata; quien está en contra no es sólo
un mal catalán, sino también un antidemócrata. Así las cosas, es natural que, salvo
quienes sacan un rédito de ello, en Cataluña casi nadie se atreva a dudar en
público de un derecho fantasmal que no ha sido argumentado, hasta donde
alcanzo, por ningún teórico, ni reconocido en ningún ordenamiento jurídico;
también es natural que nadie se resuelva a decir que, aunque parezca lo
contrario, no hay nada menos democrático que el derecho a decidir. O, dicho de
otro modo: ahora mismo, el verdadero problema en Cataluña no es una hipotética
independencia, sino el derecho a decidir.
Me explico. En democracia no existe
el derecho a decidir sobre lo que uno quiere, indiscriminadamente. Yo no tengo
derecho a decidir si me paro ante un semáforo en rojo o no: tengo que pararme.
Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos. ¿Significa
esto que en democracia no es posible decidir? No: significa que, aunque
decidimos a menudo (en elecciones municipales, autonómicas y estatales), la
democracia consiste en decidir dentro de la ley, concepto este que, en
democracia, no es una broma, sino la única defensa de los débiles frente a los
poderosos y la única garantía de que una minoría no se impondrá a la mayoría.
Ahora bien, es evidente que, con la ley actual en la mano, los catalanes no
podemos decidir por nuestra cuenta si queremos la independencia, porque la
Constitución dice que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español
(cosa nada rara: salvo la de la extinta Unión Soviética, que yo sepa, ninguna
constitución ha reconocido jamás el derecho de que una parte del Estado se separe
por su cuenta del resto). ¿Significa esto que los catalanes no tenemos derecho
a decidir sobre nuestra independencia? A mi juicio, tampoco: si una mayoría
clara e inequívoca de catalanes quiere la independencia, parece más sensato
concedérsela que negársela, porque es muy peligroso, y a la larga imposible,
obligar a alguien a estar donde no quiere estar. La pregunta se impone: ¿existe
esa mayoría? Los partidarios del derecho a decidir sostienen que precisamente
para eso, para saber si existe, es indispensable un referéndum (en este asunto,
las encuestas no sirven, como comprobamos en las anteriores elecciones); pero,
antes de usar ese recurso excepcional e imprevisible, cualquier político
honesto y prudente usaría el recurso previsto por la ley: las elecciones.
Quiero decir: unas elecciones en las que todos los partidos declaren, clara e
inequívocamente, su posición sobre la independencia. En las últimas, los
partidos inequívocamente independentistas (ERC más CUP) sumaron 24 diputados de
135: apenas un 17%. ¿Cuántos diputados sumarían los independentistas si en unas
futuras elecciones el resto de partidos dijera con claridad si quiere la
independencia o no? Eso es lo que deberíamos saber antes de tomar la vía
azarosa del referéndum: si hay una mayoría de partidarios de la independencia,
habrá que celebrar un referéndum; si no la hay, no.
“La democracia consiste en decidir dentro de la ley,
que no es una broma”
Es dudoso que vayamos a tener una
respuesta a la anterior pregunta, porque CiU sabe que si defiende la
independencia en unas elecciones, las perderá (y antes se habrá roto por
dentro: aún no sabemos si Convergència es independentista, pero sí sabemos que
Unió no lo es), así que seguirá sin decir la verdad a sus electores; en cuanto
a la izquierda, todo indica que seguirá atrapada en la telaraña ideológica que
le ha tejido CiU –de ahí que acepte el derecho a decidir–, cavando su propia
tumba y minando la democracia. No veo otra forma de decirlo: se puede ser
demócrata y estar a favor de la independencia, pero no se puede ser demócrata y
estar a favor del derecho a decidir, porque el derecho a decidir no es más que
una argucia conceptual, un engaño urdido por una minoría para imponer su
voluntad a la mayoría.
Fuente: www.elpais.com
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