“Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer
frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal
también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente
constitucionalizado”. Manifiesto y primeros firmantes
España | Tercera Información | 20-05-2013 |
La
dramática situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad
exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. Es
una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los
riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento
social que provoca la persistencia de las políticas de ajuste, austeridad y
privatización de lo público.
La
red en la que estamos atrapados está conformada por un nivel de paro
catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de
afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra
económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de
euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un
billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, son datos que definen un
desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos
sociales fundamentales.
Una
crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis
general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción
propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente
aplicado, pero aun a riesgo de simplificar el análisis para desentrañar las
soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda
única la principal razón de esta desoladora situación.
Como
ahora se reconoce, no había condiciones para implantar una moneda única entre
países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común.
Su creación implicaba, por otra parte, un marco propicio para implantar
políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal,
que ha tenido en la construcción de la Europa de Maastricht su máxima
expresión. Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es
compatible con la Europa de Maastricht.
Con
la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para
competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con
el exterior, como era el control y manejo del tipo de cambio con respecto al
resto de las monedas. Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en
cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una
institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo
alemán.
Como
no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española
frente a otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo
largo de la década del 2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta
corriente abrumador. Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como
también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la
misma trampa. En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999
hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil
millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior. Las
entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de
euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente
en América Latina.
Hasta
el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional, por las
facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como
drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se
habían gestado. En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros
se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor
pasó a examinarse con rigor. Con el cambio abrupto en la posición deudora de
nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil
millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y
sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El
sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un
déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el
estallido de la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban
descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado
de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública
en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación
directa por la autoridad monetaria. Al final de 2007, la deuda en circulación
del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final de 2012
había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, y sigue aumentando como
corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.
Desde
que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos
inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de
excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de
compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los
salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y
servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la
devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas
laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años. Por otra
parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente en la política
fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra
el déficit publico el talismán engañoso de la solución a la crisis.
Esta
política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado
inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil.
El país se desliza sin freno y se despeña hacia una fosa profunda. Los
determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados. Los pasivos
exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza
de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y
de escasa competitividad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer
hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza
a vislumbrar. La desconfianza es general.
La
sociedad en una encrucijada.
¿Cómo
superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la Troika y
abiertamente el PP pasa por profundizar en los ajustes, en la austeridad y en
la destrucción de lo público. La economía española, como ya le ha ocurrido a
Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se desfondará en el abismo, con unas
consecuencias sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.
El
PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social, finge ahora un
desacuerdo con el PP y critica su política suicida, pero sigue amarrado al
criterio de que el euro es irreversible.
Las
direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado el error de
cálculo cometido con el sí crítico a Maastricht, denuncian ahora el actual
estado de cosas, pero no están en condiciones de proponer medidas anticrisis
realmente efectivas ya que no cuestionan con coherencia la Europa construida.
Otras
fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican la Europa actual y
proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter
irreformable de la Europa surgida, sobre todo después de la ampliación de la
zona euro al Este. A las carencias originales de la moneda única se añade el
peso que ha cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad de una
descomposición de Europa, aprisionados algunos países en deudas impagables. La
imprescindible y urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados
europeos no puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra
naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, requiere de
bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía perdida de cada
Estado.
El
fracaso del proyecto de construcción de Europa es inocultable, con
independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se desbaratará la
insostenible situación existente.
A
los firmantes de este manifiesto nos parece claro que la Europa de Maastricht
no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras los desastres y
sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido la democracia y
sustraer la soberanía popular.
También
afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el marco del euro.
Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer frente al drama
social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal también ha quedado
anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.
Es
precisa una moneda propia para competir y una política monetaria soberana para
suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto como
primera condición ineludible, pero en modo alguno suficiente, para poder
desarrollar una política avanzada de control público de los sectores
estratégicos de la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, de
reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de defensa y potenciación de
los servicios públicos fundamentales con un poderoso y progresivo sistema
fiscal, de amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del
reparto del trabajo para combatir el paro, de derogar las contrarreformas
laborales y de las pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., y de
abordar un proceso constituyente que permita recuperar y profundizar la
democracia. Por todo ello hay que despreocuparse transitoriamente del déficit
público, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la
Reserva Federal o el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de
España como institución equivalente.
El
montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda del sector
privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas que se presenten,
incluido el sector financiero, muy comprometido. Por ello rechazamos toda
operación de “rescate” de nuestro país y por la misma razón consideramos como
deuda completamente ilegitima la contraída por el Estado para proporcionar
fondos de salvamento a las entidades crediticias que no hayan sido
nacionalizadas.
Con
respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda
reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda nacional)
que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas públicas. En otro
caso, puede darse como irremediable la quiebra del Sector público.
No
se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que proponemos, entre
otros limitar la libre circulación de capitales. Tampoco nuestro análisis nos
impide colaborar en acciones, propuestas y movilizaciones con aquella parte de
la ciudadanía y sus organizaciones que, bajo el efecto del bombardeo mediático
al que somos sometidos o por otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante
la encrucijada en que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del
euro. Sin embargo, ante el desastre que nos envuelve y ante las causas
profundas que lo promueven y agudizan, no podemos mantenernos mudos ni
evasivos. A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en
una agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra elección que salir
del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.
Recuperar
la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía popular, requiere
desprenderse de los dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y
dotarse de los medios para trazar un proyecto de supervivencia que, con todas
sus dificultades, puede representar también una gran oportunidad para crear una
sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente
responsable y libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario