Artículos de
Opinión | Juan Luís González | 15-05-2013 |
Uno de los
pilares de la malladada transición española se está derrumbando cual palacio de
naipes frente a una ciclogénesis explosiva. El pacto tácito que, salvo honrosas
excepciones, se ha ido respetando en nuestro país, ha perdido toda vigencia.
Por fin la prensa ha obviado la práctica de la autocensura imperante en el
régimen postfranquista —que algunos se empeñan en llamar democracia— para
atreverse a hablar del rey Borbón y de la Casa Real. El delito de lesa
majestad, las anacrónicas injurias a la corona, no parece ser suficiente dique
de contención coercitivo para frenar la publicación informaciones sobre la
auténtica riada pestilente que salpica de lleno a la corona española.
Ha tenido
que ser la inmersión en una profunda depresión sin fondo, que ha hundido a la
sociedad española en la miseria, la desesperación y la falta de expectativas de
futuro, la que ha puesto de manifiesto las prebendas que disfruta la clase
dirigente de nuestro país. Sueldos vitalicios, pensiones máximas sin
cotización, regalos millonarios, vehículos oficiales, salarios desorbitados,
dietas indecentes… eran sólo la punta del iceberg de un extenso entramado de
corruptelas con las que los verdaderamente poderosos comparaban las voluntades
de los supuestos representantes del pueblo. Así, políticos
concretos, pero también partidos completos, se hacían de alguna manera
partícipes de las migajas del festín especulativo que asoló al país
durante los últimos lustros. Al fin y al cabo, si un pelotazo urbanístico
dependía de la firma de un alcalde o de un edil, ¿por qué no compartir parte
del botín? —pensarían. Así se llegó a una generalización de la corrupción e
incluso a cierta aceptación popular de la misma. En periodo de bonanza, con
tasas de paro bajísimas para nuestro país, con niveles de protección social
desconocidos y flujos crediticios de dinero barato sin medida ni control, de
alguna manera, incluso los de abajo, fuimos partícipes o beneficiarios de la
fiesta, aunque sólo oyésemos la música desde lejos. Sin embargo, cuando
hicieron estallar casi simultáneamente la burbuja financiera y la de la vivienda,
nuestro país entró en barrena, donde aún se encuentra. Políticos pusilánimes
hicieron recaer el peso de la crisis en las clases medias y en las más
populares sin tocar ni a los que más se habían beneficiado de la algarabía
especulativa ni a los que la habían provocado, directa o indirectamente. La
reacción lógica y natural es justo lo que se ha producido, la desafección
frente a la clase dominante (banqueros, especuladores…) pero también
frente a determinada clase política que fue cómplice del atraco a las arcas
públicas.
La
cacería de elefantes del rey junto a su nueva entrañable amiga (aún
no se atreven a llamar por su nombre a la relación existente entre ambos), un
dispendio poco ejemplarizante en tiempos de recortes y miseria, enardeció
muchos ánimos y despertó sentimientos republicanos más o menos latentes que no
se cerraron con la petición hospitalaria de perdón. El caso Urdangarín colmó el
vaso, pero la cosa no cesó ahí. Las atenciones públicas a Corinna (casa, coche,
escolta, sueldo) suena a historias de cortesanas de épocas lejanas y oscuras,
pero todo apunta que es mucho más que eso. Los negocios del rey, verdadero talón
de Aquiles de la Casa Real, pueden quedar al descubierto tirando del hilo de
Corinna. No es nada nuevo, antaño se podía haber tirado del hilo de Ruiz
Mateos, de Mario Conde, de Manuel Prado, de De la Rosa, de los Albertos… no
deber ser casualidad que muchos de sus amigos, benefactores y testaferros hayan
acabado en la cárcel. Incluso se podía haber investigado sobre la
realidad del golpe de estado del 23F, muy lejos de la versión
edulcorada que lo encumbró públicamente. Pero eran otros tiempos de
pseudodemocracia vigilada y de censura activa, hoy nadie perdona inmensas
fortunas hechas al margen de asignaciones oficiales.
Por eso es
tan importante para los que nos sentimos verdaderamente demócratas todo cuanto
acontece estos días en La Zarzuela. La imputación de la infanta Cristina y la
anterior imputación de su marido, producida ya en un contexto de profunda
crisis económica, no tiene perdón popular en un país que ha botado ya a varios
reyes y que no ha votado realmente por ninguno. Algunos cortesanos opinan que
la crisis de confianza en la realeza se acabaría con la abdicación de Juan
Carlos y la renuncia al derecho sucesorio de la Infanta, pero es difícil que el
Borbón deje su cargo, entre otras cosas por la pérdida de la inmunidad total
con que ahora cuenta el jefe del estado. El rosario de casos que se arrastran
bajo las alcantarillas de palacio es suficiente como para amedrentar a
cualquiera. El juancarlismo ha perdido tirón en un país que nunca ha sido
realmente monárquico y, por si fuera poco, el descafeinado príncipe no tiene
suficiente tirón para enjugar todo el descrédito que la monarquía ha acumulado
en los últimos años.
Es un
momento dulce para el republicanismo. El fin del rey, en cualquier caso, no
está lejos. En el justo momento de la sucesión la población española debería
tomar pacífica y masivamente mente las calles para demostrar nuestra aversión a
este sistema anacrónico y antidemocrático de gobierno. No como puro acto
simbólico, sino como el inicio de una nueva transición y un periodo
constituyente al margen de las presiones de los poderes fácticos del franquismo
y de la amenaza permanente de involución con la que se redactó nuestra actual
carta magna. La eliminación de la monarquía, como herencia más nítida de la
dictadura fascista debería ser el primer paso hacia un estado verdaderamente
social de derecho, plurinacional, profundamente democrático y no
partitocrático, participativo e igualitario, el mismo que fue hurtado al pueblo
después de 1975 con la complicidad de los grandes partidos que aún hoy dominan
el panorama político patrio.
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