La
Consejería de Sanidad introduce cambios estratégicos para la privatización del
sistema
Por Arturo Borges Álamo -
Canarias-semanal.org
Martes, 24 de junio de 2014
La Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias ha iniciado la aplicación de la estrategia de las "Unidades de
Gestión Clínica" en nuestro archipiélago. La plantea, de momento, para
el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Nuestra Señora de
la Candelaria, el Hospital Materno Infantil y el Hospital Doctor
Negrín. De esta manera se sitúa a nuestra Comunidad Autónoma en la lista de
CCAA que empezando por aplicar técnicas empresariales a la atención
sanitaria, como se dice en la página 65 del Plan de Salud de Canarias,
se apresta, mediante la incorporación de los profesionales sanitarios a la
gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica, a introducir cambios
estratégicos en el sistema de cara a su privatización trasladando
el modelo empresarial a los servicios de los centros sanitarios públicos, con
un argumento claramente neoliberal de "mejorar la eficiencia, calidad y
costes gracias a la autonomía, la competencia interna y la asunción de
riesgos".
Para ello,
plantean la descentralización administrativa y funcional de los servicios
sanitarios con la finalidad de fragmentar los centros sanitarios públicos,
dando autonomía plena para organizarse, financiarse y para establecer
relaciones con otras unidades y centros, con unos incentivos económicos
vinculados al ahorro, lo que facilitará controlar sus decisiones clínicas y
hacerlas cómplices de los recortes. Además, con el objetivo de generar
ahorros o beneficios económicos a las unidades, con la posibilidad de
"gerenciarlos" e invertirlos, como microempresas dentro de los
centros para competir entre sí, en el marco legal de un mercado sanitario
público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos.
Esto encaja perfectamente en el marco de la actividad del llamado Club
Gertech, que viene desarrollando desde hace tiempo (de manera solapada e
invisible a la población y a los trabajadores sanitarios) un conjunto de
iniciativas destinadas a conseguir el control del Sistema Sanitario Público,
para fragmentarlo y ponerlo en manos privadas. En esta poderosa plataforma
neoliberal están integradas universidades, centros de investigación,
empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos,
fondos de inversión internacional, grupos de comunicación, etc. en un
gigantesco lobby de presión capaz de orientar la política sanitaria del
gobierno de Rajoy y de las comunidades autónomas.
También
debemos tener muy en cuenta el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y
el denominado "Foro de la Profesión Médica y de Enfermería"
(en realidad las desacreditadas cúpulas de los Colegios de Médicos y de
Enfermería) que establece que “se promoverá un marco jurídico específico
del profesional sanitario en el Sistema Nacional de Salud y un modelo de
retribución voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los
principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario
público”. Esto supone que el personal de las Unidades de Gestión Clínica
no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y
deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que
las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con
personalidad jurídica propia acogidas al modelo empresarial con
participación del sector privado.
Pretender, como
al parecer lo hace la Consejería de Sanidad, que, en este contexto, la puesta
en marcha de las Unidades de Gestión Clínica en Canarias nada tiene que ver con
las tendencias y peligros apuntados, es tomarnos por idiotas y además por
ignorantes de los nefastos resultados que se han cobrado, en vidas humanas y
graves secuelas de salud además del consiguiente gasto sanitario multiplicado,
toda una serie de experiencias, antecedentes de la que ahora se promueve, tales
como las Entidades de Base Asociativa de Cataluña o la
experiencia desastrosa del National Health Service británico con la
Señora Thatcher.
Hasta ahora, el
primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios
públicos tiene como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la
introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria. Este primer
paso es el que permite romper el sistema público, favorecer la presencia del
sector privado en el mismo y a la vez introducir las relaciones
mercantiles como prioridad para su funcionamiento. Después y de manera
progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido, ganando espacio
en el sector, y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo. Por
supuesto, una vez un centro sanitario pase a depender del sector privado todos
los instrumentos que sirvieron para favorecer la privatización serán barridos
del mapa, con el silencio y el apoyo de los que ahora los favorecen, es obvio
que ni el grupo Hospiten, ni el fondo de inversión BUPA-Sanitas,
ni CAPIO-IDC ahora fusionado con el fondo de capital riesgo CVC
que controla a Quirón Grupo Hospitalario, ni Ribera Salud, ni
ninguna de las empresas del sector privado quieren saber nada de la gestión
clínica y solo permiten un sistema de férreo control a las órdenes de sus
consejos de administración y sus accionistas.
Es evidente que quienes
hoy formulan propuestas que facilitan la desestructuración de la sanidad
pública no pueden desentenderse de este horizonte y de sus consecuencias,
tremendas consecuencias para la población, todo lo contrario, están asumiendo
una gran responsabilidad al facilitar la privatización del sistema sanitario
público apoderándose, las organizaciones financieras y empresariales, de los
enormes recursos económicos que se destinan a la salud.
(*) Arturo Borges Álamo es miembro del Círculo Podemos
Sanidad de Tenerife.
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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