Anuncia que será gestionado por los
registradores mercantiles. Sus empleados contratados custodiarán la vida
jurídica de todos los españoles, como los nacimientos, defunciones o
incapacitaciones
JULIA PÉREZ/
AGENCIAS Madrid 24/06/2014 17:43 Actualizado: 24/06/2014 19:43
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en su
escaño en el Congreso.-EFE
El ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado este martes en el Pleno del
Senado que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro
Civil y mantendrán la gratuidad para el ciudadano.
Gallardón
respondía así a una pregunta del senador socialista Antonio Julián Rodríguez
sobre si el Gobierno "sabe ya lo que quiere hacer con los Registros
Civiles".
En su
intervención, el titular de Justicia explicó que el Gobierno presentará en breve
una propuesta para encomendar la gestión a los registradores mercantiles, que
pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.
Precisó que
en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los
certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.
"Será
un registro civil público, gratuito, universalmente accesible, más cómodo y
cercano para el ciudadano", destacó el ministro, al tiempo que añadía
que no se destruirá ningún puesto de trabajo como consecuencia de la reforma.
El
Gobierno ve 'indispensable' 'aparcar el papel'. Pero el Registro Civil ya
está digitalizado, lo que costó 130 millones de dinero público
El
Registro Civil de España está digitalizado y costó a las arcas públicas un
total de 130 millones de euros. Los libros digitalizados se
remontan desde 1870 hasta la actualidad.
El
Ministerio planea que los funcionarios que hay ahora en los Registros Civiles será
distribuidos entre los juzgados, siempre y cuando estén en las comunidades
autónomas cuyos medios materiales gestiona el ministerio. Los sindicatos
temen que provoque el despido de unos 3.500 interinos que trabajan ahora en los
juzgados y que serán desplazados por los funcionarios de los registros.
Los registradores
de la propiedad y mercantiles está regulados por la legislación hipotecaria.
Cada uno tiene su propia empresa y contrata a sus empleados, que no
dependen del Estado ni tienen vinculación alguna.
Los
registradores de la propiedad y mercantiles tienen una estrecha relación con el
Gobierno actual. Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, como lo son también dos hermanos
suyos. Además una nuera de Alberto Ruiz-Gallardón es también registradora.
La digitalización
de los registros civiles, que costó 130 millones de euros, se llamó Inforeg
y duró casi cuatro años. El Ministerio de Justicia ha estado trabajando de
forma discreta en un proyecto llamado Futureg que supone la unificación de
todos los registros en un único programa. Ahora, anuncia que los
registradores mercantiles realizarán una plataforma digital y que será gratuita
para el erario público.
La idea de
Gallardón expuesta en el Senado es que los registradores tengan un historial
por cada español, con su vida jurídica integrada en él.
Otro de los
debates es el coste que supondrá para el ciudadano. El ministro de Justicia ha
anunciado que será gratuito, pero se desconoce cómo se financiará. Para hacerse
una idea, la defunción de una persona supone la necesidad de que sus allegados
obtenga entre 10 a 15 certificados de defunción, ya que estos documentos
son necesarios para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil, los
distintos servicios de agua, luz, gas...
Las razones de Gallardón
El
ministro ha defendido en el Senado que los registradores mercantiles tienen
carácter de funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia, a
través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, según los
artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario.
Según ha
explicado, este colectivo pasará a denominarse "registradores civiles y
mercantiles" y ha sido elegido por el Gobierno para gestionar el
Registro Civil frente a los registradores de la propiedad o los secretarios
judiciales por tres razones principales.
En concreto,
ha dicho, por su experiencia en las funciones registrales, por su "capacidad"
para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma
digital, así como por su "conformidad" con una de las
"líneas rojas" establecidas por el Ministerio, como era la gratuidad
de los trámites para la ciudadanía.
Los
sindicatos temen el despido de 3.500 interinos de los juzgados, que serán
desplazados por los funcionarios de los Registros También ha pesado que los
registradores mercantiles asumirán esta responsabilidad aceptando que todos
los trámites serán gratuitos, algo a lo que no pudo comprometerse el
Colegio de Registradores en su día porque las circunstancias de los mercantiles
y los de la propiedad son distintas.
En la actualidad,
los registradores mercantiles llevan los registros de las personas jurídicas y,
en el futuro, pasarán a asumir también los de las personas físicas.
Comunicado del Ministerio
Nada más
realizar el anuncio, el ministerio de Justicia difundió un comunicado con los
detalles sobre esta privatización del Registro Civil.
El Ejecutivo
sostiene que busca acabar con el colapso y las largas colas que se acumulan en
las puertas de estos centros, que están llegando a dar citas para 2019, y que
representan el 44% de las quejas que se presentan contra la Administración de
Justicia.
Justicia
garantiza que la base de datos del Registro seguirá perteneciendo al EstadoEn
el comunicado, el Ministerio sostiene que, para evitar tales disfunciones,
considera "indispensable dar un paso más en la informatización de los
datos y aparcar el papel. Por eso los registradores mercantiles realizarán esta
gestión a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin
coste alguno para el Ministerio y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá
bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada
persona no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un
cambio de apellidos o la propia defunción)".
"El
tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública -añade la nota-
tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para
garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los
libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única
en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos
complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración
General del Estado".
Ello hará
posible que el 85 por ciento de las certificaciones expedidas cada año, unas
tres millones, sean innecesarias y se evite el traslado físico de los
ciudadanos a los registros.
Fuente: www.publico.es
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