La Delegación de la
Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha decidido pronunciarse ante las
Recomendaciones Específicas a España para 2014, publicadas por la Comisión
Europea el pasado 2 de junio.
España | Tercera Información | 25-06-2014 |
Estas
recomendaciones persiguen profundizar el proceso de precarización y
subdesarrollo de la economía del Estado español. La ideología neoliberal permea
todas estas recomendaciones, que tratan de reducir la participación salarial en
la renta para incrementar los beneficios de las inversiones del capital.
La
delegación de la Izquierda Plural denuncia el profundo carácter anti popular de
las medidas propuestas por la Comisión, que solo pueden incrementar el
sufrimiento de la mayoría social del Estado español que soporta las
consecuencias de la crisis. En un contexto donde se incrementan las
desigualdades económicas, las políticas neoliberales solo pueden aumentarlas
aún más.
Solo
un cambio de modelo que apueste por la mayoría social puede permitir una
verdadera salida de la crisis económica, estas recomendaciones son el ejemplo
de lo contrario y es por ello que las rechazamos a través de la siguiente
resolución:
RESOLUCIÓN
DE LA DELEGACIÓN DE LA IZQUIERDA PLURAL EN EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE LAS
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A ESPAÑA PARA 2014
El
pasado 2 de junio, coincidiendo con la abdicación del Jefe de Estado, la
Comisión Europea publicaba las recomendaciones específicas a España para el ejercicio
de 2014. Dichas recomendaciones continúan en la nefasta lógica neoliberal de
desmantelamiento de los servicios públicos y los derechos laborales
conquistados, ignorando las gravísimas consecuencias sociales que su
implementación están causando en el Estado Español.
La
Comisión Europea, institución que ejerce de "guardiana de los
tratados", continúa manteniendo su línea neoliberal, independiente del
coste humano que pueda suponer para los pueblos del Estado. Este rol ha sido
sustituido por el de "guardiana de los mercados", ya que impone de
manera unilateral una política económica que permite garantizar los beneficios
del sector bancario. Desde el inicio de la crisis se ha producido en el Estado
español el mayor incremento de la desigualdad registrado en el mundo, sin
embargo, este fenómeno parece no preocupar lo más mínimo a la Comisión.
Los
funcionarios y funcionarias de dicha institución han pasado de exigir un
objetivo específico en el déficit del presupuesto del Estado, a plantear una
"senda de descenso constante" en el déficit del presupuesto del
sector público "no inferior al 0,5% cada año". Este objetivo supone
la imposición de recortes constantes, independientemente del nivel de
endeudamiento del Estado.
Esta
"recomendación" se concreta en diferentes ataques específicos, entre
ellos, el dirigido a los presupuestos de los diferentes niveles de la
administración pública, sancionando los terribles efectos que la reforma de la
administración local está produciendo en nuestros ayuntamientos. La Comisión
también se refiere al sistema sanitario, planteando la racionalización del
gasto sanitario, mientras dicen mantener la asistencia a grupos vulnerables. Se
trata de un confuso y contradictorio objetivo, puesto que la racionalización
económica de este gasto provoca directamente la anulación de más de derechos.
En
el ámbito de la política tributaria, la Comisión europea tiene clara la
intención de destruir la economía de los pueblos del sur de Europa para
hacerlas aún más dependientes de las economías más fuertes del continente. Así,
se mantiene su firme apuesta por los impuestos indirectos como el IVA, de
naturaleza tan claramente regresiva. Todo esto con la justificación de no
"distorsionar" unos mecanismos económicos que están llevando a la
sociedad al desastre.
En
el ámbito financiero, la Comisión reafirma la exigencia de que las cajas de
ahorro, una vez saneadas de sus deudas con recursos públicos, vuelvan a manos
privadas lo antes posible. Así mismo la Comisión, excediendo sus competencias,
solicita una modificación del sistema judicial en el ámbito mercantil, para
acelerar los trámites de los asuntos relativos a la insolvencia, en previsión
de que continúe el cierre masivo de empresas.
En
el ámbito laboral la Comisión propone la reducción del tipo de contratos con la
intención de la precarización del conjunto de los y las trabajadoras del
Estado. Asimismo se propone endurecer las condiciones para el acceso al
desempleo, al mismo tiempo que plantea eufemísticamente la reducción de
salarios, culpabilizando a éstos del elevado desempleo que azota al Estado. En
referencia al empleo juvenil, la Comisión apuesta por los contratos de
aprendizaje y periodos de prácticas para legitimar aún más la precarización de
una juventud que no ha parado de sufrir abusos laborales ocultados tras
contratos "formativos".
En
el ámbito de la inclusión social las recomendaciones plantean el paso de rentas
de subsistencia al mercado laboral para tratar de reducir el gasto en dicho
ámbito sin resolver el problema de la pobreza, pese a conocer que encontrar un
trabajo no es garantía suficiente para salir de la pobreza en el Estado
español, como ya había anunciado el propio Comisario de Asuntos Sociales, Lazlo
Andor.
La
Comisión propone vergonzosas medidas específicas dirigidas a la liberalización
de diferentes sectores de la economía, atacando directamente a los colegios
profesionales. Así mismo, llama a la supresión de disposiciones autonómicas de
urbanismo que limiten la actividad de las grandes superficies comerciales con
el impacto que esto supone para el pequeño comercio sin tener en cuenta la
importante función social de dicho sector.
Este
elenco de medidas "recomendadas" por la Comisión europea no puede
hacer otra cosa que continuar el proyecto de empobrecimiento masivo de los hombres
y las mujeres del Estado español para garantizar los beneficios de unos pocos.
Inciden específicamente en la situación de las mujeres españolas, que sufren
estas medidas por partida doble, precarizando sus relaciones en el ámbito
laboral y sufriendo la carga de los cuidados familiares, allá donde el Estado
retira las ayudas a la dependencia o la familia. Los Derechos Humanos y los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no pueden situarse fuera de ningún
ámbito legislativo y cuando se impulsan políticas en su ausencia se están
realizando políticas en contra la humanidad.
Es
la Comisión europea la culpable de la miseria social que están sufriendo
nuestros pueblos. Estas recomendaciones legitiman las políticas de recortes que
el Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo en el Estado Español.
La
Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha suscrito esta
resolución como diputadas en el Parlamento Europeo, en respuesta a unas
recomendaciones de la Comisión continúan aplastando a los pueblos del sur de
Europa sin ningún control democrático.
Fuente: www.tercerainformacion.es
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