Rabab Badri acudió asustada al servicio de urgencias
del hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 1 de abril. Estaba dando el
pecho a su hijo pequeño cuando descubrió una forma extraña en su mama
izquierda. Los profesionales sanitarios que allí le atendieron confirmaron sus
sospechas: tenía un bulto de cinco milímetros de “consistencia elástica,
móvil”.
La médica del servicio de urgencias le habló de un
posible cáncer de mama que solo puede ser comprobado siguiendo sus
indicaciones: “Estudio de imagen para valoración” y cita con el ginecólogo de
área para estudio. El protocolo habitual. El problema es que Rabab no
tiene papeles y por tanto la Comunidad de Madrid no se hace cargo de estas
pruebas diagnósticas y deberá ser la joven marroquí quien pague por ellas
o busque otra vía para conseguir un diagnóstico precoz de una posible
enfermedad que le podría salvar la vida.
Rabab tiene 24 años y pocos recursos económicos. Llegó
a España a los seis años y perdió el permiso de residencia al cumplir los 18,
pero hasta que el PP cambió la ley aún podía acudir al médico. Tiene tres hijos
y difícilmente podría hacerse cargo del coste de las tres pruebas que necesita
para saber qué tiene dentro de su cuerpo: una mamografía, una ecografía y una
punción aspiración.
Si finalmente se presenta en su Centro de Salud para
hacer caso de las indicaciones de la médica de urgencias, no le harán las
pruebas si no firma un compromiso de pago con la Administración. Hasta que no
termine, no sabrá a cuánto ascenderá la factura, ni las implicaciones futuras
que le puede suponer no pagarla.
Un difícil retorno
La joven trata de buscar una solución pero los tiempos
están peor que nunca: sólo encuentra pequeños trabajos, sobre todo como
limpiadora de casas, que al pagarse en negro no la sacan de su condición de
irregular. Pero en Marruecos ya no le queda nada. “No puedo volver, yo no
sabría vivir allí”, confiesa.
Rabab ha sido además víctima de violencia de género
por parte del padre de sus primeros dos hijos, que no colabora para sacarlos
adelante. Y su situación de indefensión la ha llevado a sufrir algunos
percances más de este tipo.
“Salgo adelante como puedo pero al menos me queda el
consuelo de que mis hijos sí tienen la nacionalidad española y tienen todos los
derechos”, señala. Mientras habla, su hijo mayor, Mohammed, de seis años, se
revuelve ajeno a las preocupaciones de su madre. “Es el más grande y el más
travieso”, sonríe Rabab.
Afortunadamente, la joven no está del todo sola. La
Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la plataforma de profesionales
sanitarios Yo Sí Sanidad Universal se están movilizando para lograr que reciba
asistencia médica. Esta semana es posible que, finalmente, la atienda un
ginecólogo insumiso a la reforma. Pero, aunque se solucione, su caso, lejos de
ser aislado, se puede repetir en cualquier momento en cualquier otro lugar del
país.
Excluidos del sistema sanitario
La aprobación del Real Decreto 16/2012 ha supuesto la
exclusión del sistema sanitario de todos aquellos inmigrantes sin papeles.
Únicamente serán atendidos los casos de parto, niños menores de edad y todos
los problemas que entren por Urgencias.
En el caso de Rabab, aunque llegó a Urgencias, allí no
le hicieron las pruebas diagnósticas ya que éstas se realizan en el centro de
especialidades. Fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid aseguran que allí
será atendida, aunque reconocen que luego se le pasará una factura. “¿Y si no
la paga?”. Silencio. “Eso ya no depende de nosotros”, se escudan en Sanidad.
El RD 16/2012, de 20 de abril, significó todo un
cambio de modelo en el sistema nacional de salud. A partir de ese momento, los
pacientes pasan a ser “asegurados”, y el modelo asistencial depende
exclusivamente de tener un trabajo. Así, los inmigrantes que no cotizan a la
Seguridad Social quedan excluidos del sistema.
Ahora a Rabab se le presentan varias soluciones. Desde
Sanidad dan algunas pistas: “Las urgencias con ingreso no se cobran hasta el
alta hospitalaria”. Es decir, si su posible enfermedad empeora, tendría derecho
a la asistencia gratuita. La otra opción es firmar un seguro con el Estado. Su
precio es de 60 euros al mes, pero se ahorrará el pago de las pruebas
diagnósticas. Finalmente, podría optar por hacerse las pruebas y esperar que la
carta de pago nunca llegue…
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