Un
inversor que asegura haber recibido 12 millones de euros por error, una
denuncia que se produce cinco años después de los hechos y una serie de
amenazas de hacer correr "ríos de tinta y tertulias" son las últimas
pruebas presentadas por el fiscal al juez Castro y que dilatan de nuevo la
acusación contra la hija del Rey. La causa no se cerrará durante la campaña
electoral.
Nacional
| 20-05-2014
Foto:EFE La infanta Cristina a su llegada a los
juzgados de Palma
J.R. / Ó.L.F.
“Recibí una transferencia de 12 millones de
euros enviada desde su banco al mío. Creí que era una broma. Busqué la cámara
de televisión a través de la cual me filmaban. Pero no. Era cierto”. Así
comienza su relato el último personaje que se incorpora al reparto del 'caso
Nóos'. Se llama Juan José López Ribes, un empresario español ubicado en
Odessa (Ucrania) y que –según su relato—recibió una transferencia que, en
realidad, iba dirigida a una fundación sin ánimo de lucro que él identifica con
la de Iñaki Urdangarin.
El
empresario exigió a Telefónica: "Firmamos un pacto de confidencialidad (…)
me indemnizan con 50.000 euros (…) y me dan un puesto de trabajo en cualquier
parte del mundo, acorde a mi currículum”
Esa
transferencia data supuestamente del 5 de diciembre de 2007 y su primera
reclamación del 26 de julio de 2011. Pero ha sido ahora cuando se ha
incorporado a la instrucción del 'caso Nóos' a instancia de la Fiscalía, que
adjunta las cartas remitidas por el empresario español al pagador de esa
transferencia, Telefónica de España. En esas cartas, el empresario pide a la
compañía que le indemnice con 1.575.071 euros por los daños que –según relata—
le provocó su salida de Ucrania y el abandono de su empresa que él achaca a la
falsa transferencia: “Había una denuncia posterior a la negativa de aceptación
del abono y era mejor que regresara a España, pues allí las garantías jurídicas
no eran muy buenas y una detención preventiva podía durar años”, concluye.
Ocho meses
más tarde, en marzo de 2012, y al ser desatendidas sus peticiones exige
a la compañía: “Firmamos un pacto de confidencialidad (…) me indemnizan con
50.000 euros (…) y me dan un puesto de trabajo en cualquier parte del mundo,
acorde a mi currículum que adjunto”.
Días más
tarde, remite otra carta a la compañía anunciando: “Voy a intentar recuperar lo
que pueda, a base de enviar la transferencia a las televisiones que paguen por
ella, a periódicos interesados en reportajes, a sindicatos presentados en el
juzgado, etc. Ésta no era la solución que yo deseaba pero no me han dejado
otra”, concluye.
Una nueva
dilación en el proceso
Aunque los
hechos datan del 5 de diciembre de 2007 y el empresario se había dirigido a los
abogados de la causa en junio de 2012 nadie había pedido incorporar ese
testimonio a la investigación que se sigue en torno a Iñaki Urdangarin. Ha sido
ahora el Ministerio Fiscal el que ha pedido al juez que
tome declaración a los implicados en la rocambolesca operación, en un
movimiento que vuelve a retrasar la presentación de cargos contra Iñaki Urdangarin
y la infanta Cristina.
Esos cargos
están también pendientes de un informe de la Agencia Tributaria para el que
Hacienda ha pedido al juez que extienda el plazo de 10 días que le concedió
originalmente. Eso también alargará el calendario previsto ya que Hacienda
tiene previsto remitir hoy mismo ese informe al magistrado. Pese a todo ello,
Castro ha intentado acelerar los trámites para tomar declaración a todos los
testigos pendientes el próximo día 31.
Así las
cosas, al magistrado le resultará imposible presentar el escrito con el que cerrará la instrucción
durante la campaña electoral, siguiendo una tradición no escrita entre la
judicatura que tiende a no resolver los grandes casos de corrupción durante las
consultas electorales.
LA
FISCALÍA CONTRA LA FISCALÍA
La actuación
de la Fiscalía sigue provocando sorpresa entre las partes del llamado 'caso
Nóos'. La denuncia que ha elevado al juez Castro la Fiscalía de Barcelona y que
ha dado lugar a la investigación y los retrasos mencionados se suma el recurso
que otro fiscal, el de Palma, ha presentado contra esa misma maniobra.
Así, el
fiscal de Palma, Pedro Horrach ha anunciado que recurrirá esa investigación y
que pide a Castro que ni siquiera tramite la denuncia del ministerio público
ubicado en Barcelona.
El juez del caso sólo ha contestado que no
No hay comentarios:
Publicar un comentario