En silencio, el PP
pretende expropiar la capacidad de compra de los pensionistas
El papel equilibrador de los sistemas de protección social ha
constituido una de las señas de identidad de la Europa democrática a lo largo
de su historia reciente. Tras la II Guerra Mundial, nuestro continente ha
consolidado el crecimiento del gasto social, la protección de los derechos y
libertades de sus ciudadanos y el acceso a bienes públicos fundamentales como la
educación, la sanidad, el apoyo a la vivienda, la protección por desempleo o la
regulación de derechos en el trabajo, hasta límites que casi nadie creía
posibles cuando en 1889 se aprobó en el Parlamento alemán el primer sistema
público de pensiones contributivas.
España, que se incorporó más tarde al proceso histórico de
desarrollo de la sociedad del bienestar, ha realizado un esfuerzo trascendental
durante las tres últimas décadas. La etapa democrática, sin duda la más
fructífera de nuestra historia, permitió recuperar buena parte del terreno
perdido en el ámbito de la política social. Pero no ha ocurrido lo mismo con
Gobiernos socialistas y con Gobiernos del Partido Popular. La brecha social que
nos separaba de los países europeos más desarrollados se redujo durante el
periodo de 1982-1996, volvió a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir
aceleradamente durante los años siguientes. Por desgracia, no es una afirmación
partidista decir que desde diciembre de 2011, España vuelve a desandar un
importante trecho de la senda recorrida.
El sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada
histórica. Podría estar en vísperas de sufrir un cambio que solo responde a los
planteamientos ideológicos del PP: debilitar el carácter público del sistema y
reducir la cuantía de las pensiones contributivas, para ampliar el campo de
acción de los fondos privados de pensiones.
Hoy, el Gobierno del PP ha pulverizado el diálogo social.
Unilateralmente recortó los instrumentos para adaptar la jubilación anticipada
y se negó a actualizar las pensiones cuando el IPC se desvió casi dos puntos
respecto a lo que subieron a principio de año. Y a la vuelta de vacaciones nos
encontramos con una propuesta del Gobierno, inspirada en las recomendaciones de
la Comisión de Expertos, en la que, en primer lugar, se elimina por ley la
garantía legal del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,
expropiando silenciosamente la capacidad de compra de los pensionistas; y, en
segundo lugar, se reduce el importe real de la pensión como respuesta a las
dificultades del sistema. Da igual que los problemas sean coyunturales o de
medio y largo plazo, la solución siempre es la misma: bajar la cuantía de las
pensiones o no actualizarlas de acuerdo con la evolución del coste de vida.
La brecha social
que nos separa de los países europeos más desarrollados se amplía cuando
gobierna el PP
Aunque una de las principales condiciones que deben reunir las
propuestas de reforma del sistema es separar claramente los efectos cíclicos o
coyunturales de los originados por tendencias económicas o demográficas de
largo plazo, en realidad, la propuesta que se presenta es bastante obvia: si
las cosas van bien, cabe revalorizar las pensiones —incluso por encima del IPC—
y si van mal, hay que congelarlas (el mínimo del 0,25% es una congelación en
toda regla). En nuestra opinión, las pensiones, una vez originadas, deben
mantener su poder adquisitivo definido legalmente.
La Ley 27/2011 representó una gran reforma del sistema, que
aseguraba su carácter público, garantizaba su sostenibilidad en el futuro y
alcanzaba, además, el acuerdo de los interlocutores sociales. Reforma que
rechazó el PP con la excusa de que supondría un recorte en las pensiones.
La reforma contemplada en aquella ley plantea la introducción en
el sistema del factor de sostenibilidad en el año 2027 para dar respuesta al
sobrecoste que representa el aumento progresivo de la esperanza de vida. Pero
el ajuste que representa dicho factor no recaía solamente, como pretende hoy el
Gobierno, en la reducción de la cuantía de la pensión. La pregunta es: ¿por qué
no tener en cuenta otros parámetros importantes, como la edad de jubilación, el
periodo de cómputo o el propio tipo de cotización en la medida necesaria para
la absorción del sobrecoste? No hay respuesta del Gobierno a estas elementales
cuestiones.
Para nosotros, no resulta necesario en absoluto implantar esa
peculiar forma de congelación reduciendo el poder adquisitivo real de las
pensiones. Con ello, el modelo que propone el Gobierno termina resultando
contradictorio con el actual sistema de reparto y, desde luego, con el mandato
constitucional de mantener unas pensiones adecuadas y actualizadas
periódicamente.
Las causas del intenso deterioro del equilibrio financiero a corto
plazo del sistema de pensiones deben situarse en el diseño de la política
fiscal europea y española, basadas en la aplicación de la austeridad como único
objetivo; en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda
pública; y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector
privado. Pero no hay que olvidar la influencia de la intensa devaluación
salarial y el tremendo impacto de una reforma laboral, cuya derogación deberá
ser la primera obligación del futuro Gobierno.
Hay que usar
el Fondo de Reserva acumulado por la sociedad española durante el periodo de
auge
Nosotros creemos que si la sociedad española ha sido capaz de
acumular durante el periodo de auge un gran Fondo de Reserva, para asegurar su
andadura en los malos momentos, carecería de sentido —y supondría un enorme
fraude a la complicidad ciudadana con su sistema público de pensiones— que
durante la crisis, en lugar de utilizarlo, se plantee una reducción en la
cuantía de las pensiones mediante la pérdida de su poder de compra.
Mientras tanto, si la situación del empleo no mejora —y no es
fácil que lo haga en el marco de las políticas aplicadas en España y en Europa—
hay que diseñar nuevas reformas de la estructura de ingresos del sistema de
pensiones. Con los efectos de la Ley 27/2011, en unos 30 años, España gastará
en pensiones prácticamente lo mismo que ya gastan hoy países como Alemania,
Francia o Italia, en torno al 13% del PIB. Nuestro sistema recauda una media de
10 puntos de PIB procedentes de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores.
Habrá, pues, que diseñar, como se hizo con la sanidad o con los complementos
para las pensiones mínimas, una mayor aportación del Estado para la
financiación de un bien público que, como las pensiones, será a mucha distancia
el más importante entre los que proporcionará nuestro sistema de bienestar
social a lo largo de las próximas décadas.
Valeriano
Gómez, economista, es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de
Economía del Congreso. Manuel Chaves González fue presidente
de la Junta de Andalucía y es diputado del Congreso por Cádiz.
Fuente: www.elpaiss.com
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