El consejo de
ministros tendrá que decidir si autoriza que la Audiencia Nacional estudie la
posible extradición de cuatro presuntos torturadores de la dictadura de Franco
Fuentes del
Ministerio español de Justicia recuerdan que la legislación no permite
extradición de españoles, salvo si existe un tratado. Con Argentina lo hay
18/09/2013 - 23:46h
Una jueza argentina ha puesto
una difícil decisión sobre la mesa del Consejo de Ministros de Rajoy. María
Servini de Cubría instruye en Argentina la causa contra los crímenes del
franquismo y acaba de conseguir que Interpol dicte una orden de detención internacional
contra cuatro presuntos torturadores durante la dictadura. La legislación
española impide, en principio, la extradición de ciudadanos españoles pero en
el caso de Argentina media un tratado entre ambos países que podría permitir la
entrega. Las decisiones más importantes para que eso suceda o no deberá
tomarlas el consejo de ministros que preside Mariano Rajoy.
Según fuentes del Ministerio de
Justicia, el Consejo de Ministros deberá estudiar la extradición, si
previamente se procede a la detención de las personas señalas por Interpol. Si
el Gobierno decide facilitar su tramitación, deberá pasarle el caso a la
Audiencia Nacional para que delibere sobre las razones a favor y en contra de
la entrega. Si la Audiencia Nacional dice no, el caso se cierra. En caso de que
la Audiencia vea razones para autorizar la entrega, el Gobierno tendrá la útima
palabra y todavía margen para denegar la extradición.
"La Audiencia Nacional
viene aplicando cierto principio de reciprocidad", según fuentes
jurídicas. Se da la circunstancia de que España sí ha juzgado a militares de la
dictadura argentina y dos de ellos han ingresado en prisión para cumplir sus
condenas en cárceles españolas.
Como complicación jurídica
añadida figuran las leyes de amnistía que Argentina derogó pero España no.
Dicho de otro modo: Argentina considera que es competente para juzgar a quien
España no puede, por la protección legal que rodea a los crímenes previos a la
dictadura.
Además, el tratado de
extradición con Argentina deberá enfrentarse de pleno con la ley 4/1985 de
extradición pasiva. Ese texto, redactado por el primer Gobierno de Felipe
Gonzaléz, señala que "no se concederá la extradición de españoles".
Según ese texto, cuando los delitos han sido cometidos en suelo español, solo
la justicia española es competente para juzgarlos. El debate se inicia y Rajoy
deberá decidir cuánto lo prolonga.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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