Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del organismo
internacional llega el lunes a Madrid para esclarecer si el Estado español
cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura
franquista y de reparar a las víctimas
ALEJANDRO TORRÚS Madrid
17/09/2013 23:33 Actualizado: 17/09/2013 23:36
Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en
una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.
El pasado 30 de agosto, el
Gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con el Día Internacional de las
Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba
el compromiso del Ejecutivo por "la promoción y el respeto de los derechos
humanos, la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy
específicamente, las desapariciones forzadas". En el comunicado, el
Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer "cualquier caso de
desaparición forzada" y aseguraba desplegar "año tras año más
esfuerzos en esta esfera".
Sus palabras, sin embargo, no han
debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el
Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones
forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento
de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el
mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi
38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar
y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.
Motivos para la incredulidad no
le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de
la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas
de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la
exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a
la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos
durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.
Todo ello, en un país, España,
donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta,
30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre
de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió
malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el
propio juez que instruyó la causa.
"Investigar, al menos por vergüenza"
Por ello, con el fin de
determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia
internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del
pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la
ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde
mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares
de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores
pertinentes.
"Las víctimas de la
dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado"
"Esta visita es fundamental
para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los
tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta
situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que
España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos
por vergüenza, el Estado actúe", explica a Público Jordi Gordon,
portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el
Grupo de Trabajo este lunes.
Otra de las asociaciones que ha
confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo
ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha
explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de
la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno
central.
La delegación del Grupo de
Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur
acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de
Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid,
Barcelona, Sevilla y Vitoria.
A su llegada a Madrid, la
delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que
acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la
dictadura bajo la leyenda: "España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas
comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños
robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del
franquismo".
Desde 2002 reclamando una investigación
La investigación por parte de la
ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte
de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período
de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de
Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año
2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos
desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.
En su informe anual de 2004, el
Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias
ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas
afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en
el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía
recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben
nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.
Fuente: www.publico.es
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