El Tribunal Superior amenaza con multas a Educación por incumplir
sentencias
Manifestación en defensa del gallego
/ ANDRÉS
FRAGA
En tiempos del bipartito, el PP comenzó la reconquista de la Xunta
con una campaña en la que acusaba al Gobierno de PSdeG y BNG de imponer el
gallego en las aulas con un decreto que no respetaba ni la legalidad ni los
“derechos civiles”. Los populares basaban su acusación en que el Consello
Consultivo, un órgano asesor de la Administración autonómica, había puesto
ciertos reparos a la norma que establecía que en los colegios al menos la mitad
de las asignaturas debía impartirse
en el idioma propio de Galicia para frenar la pérdida de
hablantes.
Cuando tomó posesión como presidente, el popular Alberto Nuñez
Feijóo impulsó un modelo lingüístico en las escuelas cuyo pilar básico —el
“derecho” de elección del idioma por parte de los padres— ha sido tumbado
sucesivamente por varias sentencias que, según acaba de revelar el Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, la Consellería de Educación ni siquiera está acatando.
El auto del alto tribunal, con fecha del 2 de septiembre, conmina
al Gobierno de Feijóo a la ejecución “forzosa” en el plazo máximo de un mes de
las sentencias que anulan parte de dos artículos del
“decreto del plurilingüismo”, como bautizó el PP a la
norma en la que se revocó la discriminación positiva del gallego en la
enseñanza y se estableció que esta lengua se debía usar en el mismo número de
asignaturas que el castellano. El TSXG recrimina a la Consellería de Educación
el incumplimiento de las resoluciones judiciales, tras el recurso que
presentaron A Mesa pola Normalización Lingüística, un colectivo en defensa de
idioma propio de Galicia, y CIG-Ensino, el sindicato mayoritario en la
enseñanza.
Aunque el auto no lo aclara, tanto A Mesa como la CIG consideran
que el incumplimiento al que se refiere el alto tribunal radica en el que hecho
de que Educación sigue realizando a principio de curso una consulta a los
padres con niños matriculados en Educación Infantil sobre la lengua a utilizar
en el aula. En 2012 una sentencia firme del TSXG consideró ilegal esta práctica
recogida en el artículo 5 del decreto del plurilingüismo porque suponía que la
Administración abandonaba su “responsabilidad” al someter “a votación” de los
padres “un aspecto tan fundamental como la lengua que se debe emplear en la
etapa de Educación Infantil”.
La Consellería de Educación ya ha presentado recurso contra el
auto del alto tribunal. Sostiene que cumple “escrupulosamente” las sentencias
sobre el decreto del gallego y defiende la legalidad de seguir organizando la
consulta porque su resultado no determina por sí solo la lengua a emplear en el
aula sino que también se tiene en cuenta “la realidad sociolingüística del
entorno” y la garantía de que los escolares adquieren conocimientos en las dos
lenguas cooficiales.
En su auto conocido ayer, el Tribunal Superior advierte a
Educación de que en caso de persistir en el incumplimiento de las sentencias se
podrán adoptar “las medidas necesarias para lograr su efectividad”, interponer
multas “de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes” y “se
podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la
responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
El líder de CIG-Ensino, Anxo Louzao, y el presidente de A Mesa,
Carlos Callón, piden a la Xunta que no persista en su acción “chulescamente
ilegal” y retiren la consulta. “El decreto está muerto”, proclamó Callón. El
PSdeG acusó al Gobierno de Feijóo de “reírse” de la ley, AGE reclama la
retirada de la norma que supone un retroceso en la presencia del gallego en las
aulas y el BNG aseguró que la política lingüística del PP está ocasionando
graves daños al aprendizaje del idioma propio de Galicia.
Las
críticas no le llegaron al PP solo de la oposición. Galicia Bilingüe, el
colectivo que promovió en la época del bipartito una campaña contra la
normativa que daba prioridad al gallego en las aulas y al que los populares
brindaron apoyos y promesas, considera que Feijóo “no puede ampararse en esas
sentencias [las del TSXG] para no reconocer ciertos derechos en los que dice
creer”. La asociación se refiere al “derecho” de los padres a elegir la lengua
en la que estudian sus hijos, una premisa a la que se adhirió el presidente de
la Xunta cuando estaba en la oposición pero a la que los tribunales no ven base
legal. Galicia Bilingüe insta al PP a cambiar la Lei de Normalización
Lingüística para ser coherente con lo que defendía y prometía en la campaña
electoral de 2009, la que lo llevó a reconquistar la Xunta
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