El Secretariado de Jueces para la Democracia expresa su
disconformidad ante la decisión del Gobierno Balear de reducir la enseñanza en
catalán en el ámbito educativo, lo cual ha provocado la convocatoria de una
huelga indefinida de docentes.
España | Tercera Información | 16-09-2013 |
Además, señala JpD, resulta criticable la forma en la que le ha
llevado adelante esta decisión, ya que el Tribunal Superior de Justicia de
Baleares había acordado la suspensión cautelar del programa acordado para
impulsar este cambio de modelo lingüístico, por no haberse seguido los trámites
previstos legalmente. Sin embargo, el Gobierno Balear, critica este
organización, “acordó burlar” la resolución judicial e inmediatamente después
de esta dictó un decreto-ley con el mismo contenido. “Dicha actuación
representa una falta de respeto institucional y una reacción inaceptable ante una
resolución judicial adversa.”
“Nuevamente nos encontramos ante un ataque a los derechos
lingüísticos en una comunidad autónoma en la que existe una lengua cooficial”,
apunta la organización de jueces. Desde Jueces para la Democracia “recordamos
que el artículo 3-2 de la Constitución establece este principio de
cooficialidad. Y que el artículo 3-3 de la Carta Magna señala que la riqueza de
las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección. Dicho respeto y protección implica un
esfuerzo de normalización lingüística para que las lenguas distintas al
castellano no sigan marginadas en el ámbito institucional y social.”
Lamentablemente, denuncia JpD, son frecuentes las medidas
oficiales que siguen provocando en el Estado Español una situación de
discriminación de los ciudadanos y ciudadanas hablantes de lenguas propias en
las distintas comunidades autónomas bilingües. En algunos ámbitos, como la
administración de justicia, el predominio del castellano es casi absoluto, con
una clara quiebra del principio de cooficialidad. Y también en otras esferas,
como la educativa, se detectan importantes reticencias hacia la existencia de
un bilingüismo real, en los términos de los principios constitucionales. “Esta
visión centralista en el ámbito lingüístico es una de las causas que provoca
importantes tensiones territoriales, ante la legítima oposición de quienes
hablan las lenguas propias de cada comunidad autónoma ante actuaciones que
pretenden la uniformidad lingüística en castellano. Sin embargo, desde Jueces
para la Democracia valoramos que la pluralidad cultural del Estado Español
debería merecer la máxima consideración de las instituciones y los agentes
sociales, al tratarse de una riqueza que forma parte de nuestro patrimonio
colectivo. Por ello, medidas como la acordada por el Gobierno Balear y otras
semejantes, representan una vulneración de los derechos lingüísticos, así como
una perspectiva abiertamente contraria al especial respeto y protección que nuestra
Constitución ha establecido para que se pueda alcanzar la plena cooficialidad
de las lenguas propias de cada comunidad autónoma.”
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