El Gobierno rebajó en julio
de 2012 la cuantía de la prestación por desempleo a partir
del sexto mes de cobro.
La maniobra consigue reducir el gasto medio por beneficiario para los Servicios Públicos de Empleo a niveles anteriores a 2006.
La maniobra consigue reducir el gasto medio por beneficiario para los Servicios Públicos de Empleo a niveles anteriores a 2006.
El pasado 13
de julio de 2012 el Gobierno aprobó el principal ajuste que se ha
operado sobre el sistema público de cobertura por desempleo en esta crisis: la
reducción de la cuantía de la prestación contributiva a partir de su sexto mes
de vigencia desde el 60% al 50% de la base reguladora.
La
disposición fue publicada en el BOE el sábado 14 de julio y
entró en vigor el lunes 16. Todos los desempleados que vieron aprobada su
prestación contributiva con posterioridad a esa fecha se vieron afectados por
este nuevo esquema. No afecta a los que ya la estuvieran cobrando antes.
Nada cambiaba
para los afectados durante los seis primeros meses de prestación. Del mismo
modo que sucedía antes del decreto del 13 de julio la cuantía de la misma sería
equivalente al 70% de su base reguladora, según establece la normativa.
El ajuste venía
después. Si según la legislación previa al Real Decreto a partir del sexto mes
el parado tenía derecho a cobrar una prestación del 60% de la base reguladora,
con la modificación promovida por el Ministerio de Empleo esa cuantía se
reducía al 50%.
La
justificación ofrecida entonces desde el Gobierno fue doble. Por una parte, se
pretendía reducir la factura derivada del pago de las prestaciones por
desempleo, que por aquellos días andaba disparada y amenazaba el cumplimiento
del objetivo de déficit.
Por otra, eliminar
cualquier posible desincentivo a la búsqueda de empleo que se pudiera esconder
en la cuantía de las prestaciones.
Una
circunstancia -esa supuesta generosidad del sistema público de cobertura del
desempleo en España- que había sido puesta de manifiesto por la OCDE y
por la Comisión Europea, que habían exigido al
Ejecutivo alguna reforma en ese sentido.
Las consecuencias
El Ejecutivo
sorteó las exigencias de las instituciones internacionales con esta medida, que
según sus propias estimaciones afectaría al 55% de los perceptores de
prestación.
Con los datos sobre prestaciones por desempleo de julio de 2013 ya
en la mano, es decir con un recorrido de doce meses en perspectiva, es posible
empezar a perfilar cuáles han sido los efectos de la disposición sobre las
prestaciones por desempleo.
El más
relevante de ellos es que el gasto mensual medio por beneficiario de
prestación por desempleo para las arcas del Servicio Público Estatal de Empleo
(SEPE) se ha reducido en unos 50 euros.
Dado que entró
en vigor el 16 de julio de 2012 y sólo se activaba a partir del sexto mes de
vigencia de la prestación, la modificación no empezó a surtir efectos hasta el
mes de febrero, cuando los primeros desempleados afectados por la medida
ingresaron su nómina correspondiente a enero.
¿Qué ha
ocurrido desde entonces? Varias cosas. Primera. El gasto medio mensual por
beneficiario para el SEPE ha caído de 917 euros (febrero 2013) a 867 (julio
2013), es decir, 50 euros.
Dos. Ese gasto
medio mensual por parado para las arcas públicas se ha reducido a niveles que
no se veían como poco desde 2006 (la web de Empleo no ofrece datos anteriores a
esa fecha).
Tres. La nómina
mensual media que perciben los perceptores de prestación contributiva se ha
reducido en más de 30 euros, de 855 a 821.
Cuatro. La
factura mensual en prestaciones que afronta el SEPE ha caído progresivamente
desde los 2.777 millones de euros registrados en enero hasta 2.429 millones,
nada menos que un 12,5%. Hay que decir que aquí ha influído también la reducción
del número de perceptores: 86.000 menos desde enero.
Es difícil
determinar qué parte de esos ajustes se han debido a esta modificación
normativa y qué parte a otros factores, como la eventual reducción del salario
medio de los españoles que llegan al paro u otras modificaciones menores que
afectan al subsidio no contributivo o la renta de inserción.
Pero lo cierto
es que mientras hasta enero el gasto mensual por prestaciones mantenía una
senda ascendente, desde entonces ha iniciado una senda descendente que en julio
ya era cercana al 6%.
La factura del paro continúa preocupando
Que el Gobierno
ha conseguido reducir la factura del desempleo con esta medida es evidente,
pero el ajuste logrado no parece ser suficiente para alcanzar el objetivo de
gasto previsto para este año.
Hasta el mes de
julio, el gasto en prestaciones por desempleo ha ascendido a 18.015 millones de
euros, a razón de 2.573 millones de euros al mes.
La previsión
del Gobierno en los Presupuestos de 2013 es que en el conjunto del año el gasto
por este concepto fuera de 26.993 millones, para lo cual el gasto
mensual medio no debería superar los 2.250 millones.
Con estas
cifras sobre la mesa, la patronal de agencias de colocación (Asempleo) advirtió
ayer de que es más que probable que el gasto por prestaciones por
desempleo termine el año en el entorno de los 30.000 millones de euros y
vuelva a exceder la previsión gubernamental.
lainformacion.com
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