La oposición reclama
la modificación del decreto del copago y AGE llama a la insumisión
Colegio en Ourense / NACHO GÓMEZ
“La educación gratuita que
garantiza la Constitución no contempla el servicio de comedor porque no lo
considera un elemento integrador”. El secretario xeral de la Consellería de
Educación, Jesús Oitavén, esgrimió hoy en comisión parlamentaria este argumento
-junto con el de la “justicia social” frente al de “la iniquidad del
bipartito"-, para defender el decreto de los comedores escolares aprobado
el pasado mes de agosto que, en la fase más aguda de la crisis económica, obligará a más de 20.000 familias –casi
la mitad de los escolares matriculados en colegios públicos- a costearse este
servicio que aumenta su precio en un 40% . Oitavén no respondió a la pregunta
que le formuló el portavoz del BNG, Cosme Pombo, sobre qué hará la Xunta con
los niños cuyas familias no lo paguen. Tampoco respondió a la que le hizo el
portavoz de AGE, Ramón Vázquez, tras llamar a la insumisión de los padres
frente al copago, relativa a qué hará la administración autonómica con los
niños transportados que no acudan al comedor. “¿Tendrán que esperar dos horas a
que acaben de comer los otros o estarán obligados a pagarlo contra su
voluntad?”, inquirió el diputado.
Los tres grupos de la oposición (PSOE, AGE y BNG) insistieron ayer
ante el secretario xeral en la necesidad de que modifique el decreto que sube
el precio de los comedores escolares (AGE pidió su derogación) apelando incluso
a su “injusticia” e incluso a su “ilegalidad”. Pero el representante de la
consellería que preside Jesús Vázquez, de la misma forma que el portavoz del PP
en la comisión, Román Rodríguez, fueron implacables: “Sus hijos, o los míos,
comerían gratuitamente si viven en las afueras y tienen, por tanto, derecho al
transporte escolar; eso no es de justicia”, le espetó Oitavén al portavoz
socialista, Vicente Docasar, para explicar el espíritu de “solidaridad” en el
que se basa la nueva norma. El socialista le contestó que estaba de acuerdo en
que quien más tiene pague más, “pero a través de la declaración de la Renta”.
“No entiendo por qué los hijos de familias con más ingresos no pueden comer en
un centro público con los de familias con menos poder adquisitivo”, argumentó
Do Casar.
El secretario de Educación insistió en su tesis, alertando de que
hasta ahora, “los hijos de familias que viven en urbanizaciones de lujo tenían
comedor gratuito como consecuencia de su derecho al transporte escolar”. El
portavoz del PP abundó en esta filosofía, molesto por “tener que explicar lo
obvio”. “Ninguna familia de Galicia quedará sin comedor por no tener recursos”,
garantizó, precisando que precisamente este curso escolar “hay más plazas y más
usuarios”.
Aún a expensas de la documentación, basada en las declaraciones de
la Renta, que las familias tienen que entregar aún en los colegios, el PP
recurrió a las cifras para explicar lo “beneficioso” de la nueva situación: “El
20% de los alumnos pagará un euro por comida diaria, el 50% no pagará nada y el
resto lo hará vía impuestos”. Y alardeó de inversión: “el bipartito, en época
de bonanza, destinaba 14 millones de euros a los comedores y nosotros, con
crisis, 27,8 millones; doblamos el presupuesto y aumentamos los usuarios”.
El decreto supone que las familias que ingresen 9.000 euros al año
pagarán lo mismo (4,5 euros por comida diaria de cada niño) que las que ganan
90.000. “Esta es una injusticia que no se puede consentir”, sentenció Pombo. El
portavoz de AGE alertó de que el decreto detalla que la ausencia de abono de una
mensualidad será causa de la pérdida del servicio del comedor. “¿Qué cree que
le pasará a las familias en las que cada cónyuge gana 875 euros mensuales y
tienen que hacer frente a hipotecas y otros gastos?”, preguntó Vázquez para
acusar, de inmediato al secretario xeral de hacer “falsos asientos contables:
más del 43% de los alumnos están obligados al repago del comedor”, precisó.
El
socialista quiso saber quién cuidaría a los niños que –no teniendo derecho al
comedor, o no pudiendo pagarlo- acudan con la tartera o el bocadillo al
colegio. “¿Y si hay una familia que se niega a pagar?, ¿Actuarán los profesores
como policías con pistola y gorra?”. Otivaén le respondió a la primera
cuestión: los mismos cuidadores de los recreos atenderán a los niños que coman
por su cuenta en el colegio.
Fuente:
www.elpais.com
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