Prescindirá
definitivamente del IPC para actualizar las prestaciones
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La nueva fórmula
tendrá en cuenta la evolución de gastos e ingresos del sistema en once años
·
Retrasa la
aplicación del factor de sostenibilidad a 2019
MADRID
La ministra de Empleo, Fátima Báñez,
y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la entrada de la
reunión.
PABLO MONGE
Tres meses después de que el grupo de expertos elegido por el
Ejecutivo culminase el informe sobre la reforma de las pensiones, el Ejecutivo
ha convocado a sindicatos y patronal para presentarles el borrador de la
reforma que quiere tramitar con carácter de urgencia para que se pueda empezar
a aplicar el próximo ejercicio.
El informe elaborado por los expertos establecía que la reforma
del sistema de pensiones encaminada a evitar desequilibrios futuros debía
basarse en dos factores. El factor de equidad intergeneracional (FEI), cuyo
objetivo era que las condiciones de acceso a las pensiones fueran iguales para
todos los jubilados. Este coeficiente se debía aplicar a los futuros jubilados
y los expertos pedían su aplicación inmediata para frenar el desfase entre
ingresos y gastos.
El segundo eje era el Factor de Revalorización Anual (FRA), en
el que la actualización de las pensiones estaría exclusivamente ligado a la
relación entre ingresos y gastos del sistema de pensiones. De aplicación
generalizada para todos los pensionistas (actuales y futuros), supondría una
rebaja de las prestaciones ya que el sistema actualmente está en déficit y el
Ejecutivo prevé que se mantenga así al menos durante los próximos cuatro años.
En este segundo caso apostaban por su inmediata aplicación, aunque podía ser de
forma gradual.
La propuesta que Empleo ha presentado a los agentes sociales
toma en cuenta algunos de esos postulados, que sin embargo sufren muchas
matizaciones. El texto establece que el FEI, que trata de vincular la mayor
esperanza de vida con una menor prestación, no se aplicará hasta 2019,
desatendiendo los consejos de los expertos. La argumentación del Ejecutivo para
demorar su entrada en vigor es el hecho de que augura que el ciclo económico
cambie a partir del próximo año y que la merma que han sufrido y están
sufriendo los ingresos del sistema por la fuerte caída de cotizantes se vaya
frenando. Empleo, además, cuenta con el Fondo de Reserva, dotado en la
actualidad con 59.307 millones, para cubrir futuros desfases de tesorería. Así
sucedió, por ejemplo en julio, en el que retiró 4.500 millones para hacer
frente al pago de la nómina extraordinaria de las pensiones y la liquidación
trimestral del IRPF. Frente a los expertos que alertan que los recursos pueden
agotarse en 2019, El departamento dirigido por Báñez también cuenta con los
recursos que surjan de los rendimientos del propio fondo. Más del 98% está
invertido en activos financieros y solo en 2012, según las estimaciones
oficiales, los rendimientos se elevaron a 2.687 millones.
Quizá en el punto en el que ha sufrido más cambios ha sido en el
FRA. Los expertos pedían que la actualización de las pensiones se desligará del
IPC y que estuviera vinculada a la propia evolución del sistema, en números
rojos. A la espera de concretar la fórmula, que aún están definiendo los
técnicos de Empleo, la propuesta de Báñez desliga definitivamente la variación
de las pensiones del IPC (algo que se hará oficial con la ley de Desindexación
prevista para el último trimestre) y las vinculará a una fórmula con tres
partes: el IPC, el ciclo económico y el déficit estructural de la Seguridad
Social. La principal variación frente al informe de los expertos se produce en
el segundo aspecto. Estos abogaban por ligar subidas o bajadas al cierre de
cada ejercicio, algo que abocaba directamente una bajada ante el deterioro del
sistema. El Ejecutivo, consciente de lo perjudicial que podía resultar para sus
intereses, ha abogado por una medida intermedia. No se tomará en cuenta un año,
sino once: los seis anteriores y los cinco posteriores, con lo que el resultado
final no será tan perjudicial.
Fuente: www.cincodias.com
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