El ejecutivo carga en la Audiencia Nacional la
responsabilidad de detener a los policías que reclama Argentina. La Fiscalía
trasladará al juez de guardia su posición, al mismo tiempo que la documentación
del caso
Memoria Histórica | Pedro Águeda - eldiario.es |
21-09-2013 |
tres presuntos torturadores españoles aún vivos que
reclama la Justicia argentina no serán detenidos, al menos hasta que se
pronuncie la Audiencia Nacional. El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, aseguró hoy que la Policía pondrá en conocimiento del citado
tribunal la orden de busca y captura cuando ésta llegue de Argentina, para
después, actuar “a criterio” de los jueces. Interpol España tiene la opción de
ejecutar un arresto en cuanto recibe la orden internacional o por contra,
trasladar el caso a la Audiencia Nacional si se le presentan dudas. Tras las
palabras de Gallardón, la Policía no tendrá opción.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el
titular de Justicia ha precisado que la Policía informará a la Audiencia a
través de la Fiscalía, lo que implica que la
orden de detención de la jueza María Servini llegará a su colega
español ya acompañada de un informe del Ministerio Público. La estrutura
jerárquica de la Fiscalía española implica que el Fiscal General del Estado,
nombrado por el Gobierno, puede imponer su criterio al fiscal de cada
caso.
Con la orden de la jueza argentina, la Interpol de aquel
país enviará a la central mundial en Lyon una “noticia roja”, es decir, una
orden de busca y captura a efectos de extradición. Según explicaron a
eldiario.es fuentes policiales, Interpol Lyon analiza siempre que una orden de
detención va contra alguien que ha cometido un delito y no responde a una
persecución por motivos ideológicos o de discriminación. Cuando confirma que la
orden de busca y captura persigue un ilícito penal, Interpol incorpora a su
sistema interno la “noticia roja”, que de inmediato llega a sus delegaciones
internacionales, incluida España.
Eso no supone obligatoriamente que se practique el arresto,
ya que Interpol España aplica un segundo filtro. Tras comprobar la identidad
del requerido, comprueba donde reside y entocnes practica la detención o
recurre a la Justicia, como ocurrirá en el caso de los tres miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha fijado Gallardón. La
Policía recurre a la Audiencia Nacional siempre que considera que los motivos
de la orden arresto se debe a un delito que no figura en el Código Penal
español o cuando no hay tratado de extradición con ese país. Hay otros casos en
los que Interpol practica de inmediato la detención, a pesar de que Gallardón
dijo que el traslado previo a la Audiencia Nacional "ocurre en todos los
casos".
Andreu o Ruz
Si Interpol España opta por informar previamente a la
detención convierte la orden internacional en una “averiguación de domicilio
paralelo”. De este modo, investiga la ubicación del reclamado, establece que no
hay riesgo de fuga por su arraigo y pone el caso en manos de la Audiencia
Nacional. Las citadas fuentes aseguran que todo el proceso descrito no suele
demorarse más de dos o tres días. Dependerá de eso, y de lo que tarde Fiscalía
en informar, que uno u otro juez asuma el caso. Será el que esté de guardia, ya
que no se sigue ningún proceso en la actualidad en España contra los cuatro
reclamados: los policías José Antonio González Pacheco (’Billy el Niño’), José
Ignacio Giralta y Celso Galván (ya fallecido), y el guardia civil, Jesús
Muñecas. Hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana, el juez de guardia es
Fernando Andreu y a partir de esa hora toma el relevo su compañero del 5, Pablo
Ruz. El juez estudiará entonces el auto de la jueza argentina y el informe de
la Fiscalía para adoptar una decisión. Aunque esta sea favorable a la
extradición y se confirme tras posibles recursos,la
última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.
La Policía española se queja de la Justicia argentina por el
caso del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que se refugia en ese país
retrasando continuamente su extradición. Sin embargo, reconoce que Argentina es
de los pocos países que entrega a sus nacionales a otros países si éstos han
cometido un delito allí. Es el caso de Cristian Beade, asesino de la profesora
sevillana de 33 años Sara Rubio. Beade huyó a Argentina, donde fue detenido y
extraditado a España. Aquí fue condenado en 2009 y en la actualidad cumple
condena en una cárcel española.
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