En una decisión sin
precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la
extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil, en la causa
abierta en ese país para juzgar los crímenes del franquismo
ANA DELICADO Buenos Aires 18/09/2013
19:27 Actualizado: 18/09/2013 21:21
La jueza
argentina María Servini.EFE.
En un día histórico para las víctimas del franquismo, la
magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta
orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para
cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús
Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso
Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González;
y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy
El Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los
crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex
funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de
recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura
curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de
detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto
especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados
con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".
Ésta es la victoria más importante de
las víctimas del franquismo en causa que comenzó hace más de tres años
La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL
como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los
primeros cuatro procesados de la causa,abierta en abril de 2010, tal y
como acaba de confirmar aPúblico uno de los abogados que ha
recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este
año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres
ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces,
además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar
procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra
estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios
de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración
indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado
se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen
las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de
tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a
disiparse.
Siguientes
pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la
muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios
españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera
la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es
probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en
octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys,
presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo
acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.
Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE
irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N
A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en
Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la
causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés
municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo
está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar
su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de
Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a
la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la
Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo,
a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de
sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está
sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella
Argentina(CeAQUA).
"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy.
Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y
con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas
Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la
jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres
ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de
Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las
querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
Estado de
la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos
comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si
había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en
qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático
de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado,
planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó
la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por
entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba
investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción
universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había
investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que
Argentina no tenía competencia para investigar.
La única causa judicial abierta en el
mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina
Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando
que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los
testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados
en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con
la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una
investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda
comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables.
La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el
Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde
reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes
franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012
por el Tribunal Supremo.
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el
viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los
que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una
lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme
frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la
primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del
franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en
la historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a
los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La
Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal,
por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas
al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre
el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la
represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños
apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias
republicanas.
Fuente: www.publico.es
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