Viernes,
03/05/13 - 06:00
- El servicio de estudios de Hacienda asegura que sólo así se podrá garantizar la supervivencia del sistema público de pensiones a largo plazo
- Advierte de que semejante tijeretazo podría generar bolsas de pobreza entre la población pensionista
Protesta
contra la extensión a 67 años de la edad de jubilación.
Temas
La cuantía
de las futuras pensiones tendrá que reducirse hasta en un 45% si se quiere
garantizar la supervivencia del sistema público de protección social.
Así se
refleja en un informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales,
el servicio de estudios del Ministerio de
Hacienda, sobre las implicaciones que tendrá sobre el sistema
público de pensiones la aplicación del llamado factor de sostenibilidad,
en cuya fórmula de aplicación trabaja actualmente la Comisión Parlamentaria del
Pacto de Toledo con el objetivo de presentar un informe antes del verano.
El informe
subraya que, a la luz del perfil de la pirámide española de población para los
próximos años, las medidas ya adoptadas, como la extensión progresiva de la
edad de jubilación hasta
los 67 años y la ampliación de 15 a 25 años del periodo de cotización que se
tendrá en cuenta para calcular la pensión, se quedarán muy cortas a la hora de
garantizar el futuro de las pensiones públicas.
En concreto,
el Instituto estima que dichas medidas apenas servirán para retrasar en tres o
cuatro años la quiebra del sistema y eso que, según sus cálculos, se traducirán
en una disminución de 3.000 euros anuales en la pensión media que
percibirán los futuro jubilados españoles, es decir, un descenso del 15%.
Sin embargo,
el incremento exponencial del flujo de personas que alcanzarán la edad legal de
jubilación a partir del año 2025 y la mejora de las expectativas de esperanza
de vida harán que, aún con una estimación optimista de la evolución de la tasa
de ocupación y de los salarios en la sociedad española, el desequilibrio del
sistema de pensiones tal y como lo conocemos hoy sea inevitable.
El reto de la sostenibilidad
La
conclusión que alcanza el IEF es rotunda: si se quiere mantener el sistema
público de pensiones tal y como lo conocemos hoy la aplicación del factor de
sostenibilidad deberá recortar la cuantía de las nuevas pensiones de forma muy
significativa.
Ese ajuste
no afectaría, lógicamente, a las pensiones que la Seguridad Social
ya está abonando en la actualidad, sino a las de los españoles que alcanzarán
la edad de jubilación en el futuro. Al menos, ése es el escenario de trabajo
que ha utilizado el instituto.
Sus
conclusiones varían según el factor de sostenibilidad elegido. Si éste fuera
únicamente la esperanza de vida de los ciudadanos, el ajuste sería
relativamente suave, ya que no esperan variaciones extremas de este indicador
en los próximos años y sólo exigiría una reducción de la pensión media del 22%,
respecto a la que se percibiría bajo las condiciones actuales.
Sin embargo,
en un análisis más realista, elaborado sobre la relación esperada de número de
cotizantes a la Seguridad Social (es decir, flujo de ingresos) y número de
pensionistas (nóminas a pagar), el ajuste necesario en la prestación media para
acompasar los gastos esperados del sistema a los ingresos previstos se
dispararía hasta el 45%.
Cualquier
medida que se adoptase en el futuro cercano o más lejano para garantizar la
sostenibilidad de las pensiones debería, por tanto, tener como referencia ese
porcentaje de ajuste si lo que se quiere es mantener el equilibrio entre los
ingresos y los gastos del sistema.
De este
modo, recalca el informe, el problema de la sostenibilidad financiera del
sistema quedaría resuelto, pero a costa, advierte el IEF, de generar importantes
bolsas de pobreza entre la población pensionista.
Posibles alternativas
Hay que
aclarar que todas estas estimaciones se basan en la estructura actual del
sistema, es decir, se apuntan los ajustes que habría que realizar para
equilibrar las cuentas de las pensiones públicas sobre la premisa de una edad
legal de jubilación de 67 años y un periodo de cálculo de la pensión de 25.
En opinión
del investigador del think tank de Hacienda y autor del informe, el profesor de
la Universidad de
Cantabria y experto en econometría, Ignacio Moral-Arce, entre
las posibles alternativas es imperativo poner en marcha medidas que, por la
parte de arriba de la pirámide poblacional, prolonguen la vida laboral de los
trabajadores, y, por la de abajo, agilicen la incorporación de los jóvenes al
mundo laboral.
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