La
construcción de la Unión Europea apuntaba a acabar con las fronteras entre los
países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado,
en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos derechos políticos y
sociales comunes.
nuevatribuna.es | 13 Mayo 2014 - 18:03 h.
La
construcción de la Unión Europea apuntaba a acabar con las fronteras entre los
países europeos, para crear un espacio económico y social común y cohesionado,
en el que los ciudadanos deberían tener garantizados unos
derechos políticos y sociales comunes.
El eje
económico de esta estrategia, de orientación neoliberal, se ha cumplido
a rajatabla obligando a los gobiernos a reducir gasto social, reformar el
mercado eliminando derechos laborales, desmantelar el sector público y
favorecer la privatización de los servicios públicos que constituyen los
pilares del Estado del Bienestar como el seguro de desempleo, las pensiones, la
educación y la sanidad pública.
Sin embargo
el eje político destinado a dotar a la Unión de una política
exterior y de defensa común; definir las bases de una ciudadanía europea
(libertad de movimientos, libertad de residencia, derecho al voto en las
elecciones municipales, protección diplomática, etc.; mejorar las infraestructuras
de los países más atrasados mediante los llamados fondos de cohesión;
reforzar la cooperación intergubernamental; y dotar de más poder al Parlamento
y al Tribunal de Justicia Europeos, ha tenido un desarrollo mucho menor y
desigual.
Pero el eje
en el que los objetivos apenas se han alcanzado ha sido el eje social
que estaba destinado a establecer unos derechos comunes para todos los
ciudadanos en áreas esenciales como la educación, sanidad y cultura. Es decir
que mientras se establecieron objetivos claros, cuantificados y de obligatorio
cumplimiento en materia económica para el desarrollo e implantación del
mercado, no se definieron con la misma concreción objetivos de naturaleza
política y social. A nadie debe extrañar la popularidad del tópico de "la
Europa de los mercaderes".
Sin embargo,
y a pesar de su contribución a los avances en la salud de la mayoría de la
población europea, el modelo sanitario europeo está siendo cuestionado por la
ideología neoliberal que considera que ya no es necesario mantener servicios
públicos universales.
Como
consecuencia en la mayoría de ellos, con el impulso y complicidad de las
instituciones de la Unión Europea, se están aplicando políticas de
privatización y desregulación de los sistemas públicos de protección social,
problemas, que han encontrado una gran coartada en la crisis económica y en la
necesidad de controlar el déficit público.
Los recortes
en los presupuestos, la reducción de las pensiones y el desmantelamiento de los
servicios de protección frente al desempleo y la enfermedad, ya no garantizan
el mantenimiento de los derechos sociales a todos los ciudadanos, que están en
serio riesgo de desaparición.
La crisis
económica está siendo utilizada por quienes sostienen que es necesario dar
prioridad al pago de la deuda y al reflotamiento de la banca, algo incompatible
con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos.
La
privatización de los servicios sanitarios impone barreras económicas al acceso
a las prestaciones necesarias y excluyen en la práctica a un porcentaje cada
vez mayor de población, en un momento en que la crisis incrementa la demanda de
servicios sanitarios.
La Unión
Europea se encuentra ante la disyuntiva de orientarse a los ciudadanos o a los
grandes grupos empresariales y financieros. Hasta ahora las decisiones de los
gobiernos están primando los intereses de estos últimos sobre los generales,
aunque existen tensiones e intervenciones contradictorias. Precisamente por
ello hay que ser conscientes de que la supervivencia de la Unión Europea no
será posible sin garantizar la cohesión social y sin mejorar los derechos de
los ciudadanos.
EL CONTEXTO
ESPAÑOL
A lo largo
de los últimos años los expertos, profesionales y ahora ya la propia
ciudadanía, hemos comprobado como desde el gobierno central y especialmente
desde los gobiernos autonómicos gobernados por el Partido Popular y en el caso
de Cataluña por Conveniencia i Unió, se procede al desprestigio de la sanidad
pública. A ello se suman en una operación coordinada el recorte de financiación,
de prestaciones, de personal, a los copagos y a todo tipo de medidas que
provocan una alarmante caída en la calidad de nuestra sanidad pública que es
generalmente reconocida, y que dan lugar como es lógico a sufrimiento,
deterioro de la salud, incremento de mortalidad y exclusión creciente de los
usuarios con menor poder adquisitivo que se ven abocados a elegir entre comer o
medicarse.
Todas estas
medidas que están encaminadas a la privatización del sistema sanitario público
y a la conversión de la sanidad en un mercado, amenazan por su intensidad
extensión y complementariedad el futuro de una sanidad publica muy valorada por
la ciudadanía y uno de los pocos orgullos de nuestro país en el contexto
internacional. Se trata esta vez de medidas muy difícilmente sino de imposible
reversión.
Es muy
difícil la marcha atrás para lo que se privatiza.
Corremos el
riesgo por primera vez en la historia de perder para siempre, para nosotros y
para las generaciones futuras, el derecho a la atención de la salud.
La
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva
desde su creación en 1981 impulsando su mejora, progreso y protección, siempre
con un exquisito cuidado de no intervenir en la política partidista ante cada
proceso electoral, sea este municipal, autonómico, nacional o como en este caso
europeo, pero la gravedad de la situación obliga a un cambio de actitud.
1.- Las
amenazas de destrucción de la sanidad pública no son consecuencia de una
catástrofe inevitable, de un designio del destino ni de una circunstancia de la
naturaleza, sino de la voluntaria y planificada acción de los neoliberales de
todo el mundo y más en particular de los de nuestro país que han aprovechado el
desconcierto de una crisis para poner a las autoridades sanitarias a su
servicio, y para hacerse con lo que llevan tanto tiempo deseando. La codicia en
acción.
2.- La
ciudadanía española, de todas las CCAA, es la propietaria y la usuaria de la
Sanidad Pública y debe proteger con su voto su bien más preciado. El voto es la
suprema herramienta para remover a los gobiernos que trabajan en contra de los
intereses de la comunidad. EL VOTO DE LOS CIUDADANOS IMPORTA. La abstención en
un momento como este es suicida.
3.-La FADSP
se ve obligada a pedir a la ciudadanía que piense en su futuro sanitario a la
hora de emitir su voto y que acuda a las urnas con ello en el pensamiento. Más
tarde las lamentaciones son posibles pero enmendarlo no.
4.- La FADSP
anima a toda la ciudadanía, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, escépticos y
comprometidos, a negar su voto a quienes destruyen el futuro de su salud.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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