By el
comunista on julio 26, 2013
Anna Mulet
Nuevo
hachazo del Gobierno a los más débiles, pobres y sin posibilidades de defensa
ante los ataques de la Administración. Cerca de 70.800 empleados de los
servicios sociales pueden perder muy pronto sus trabajos, lo que afectará directamente
a unos 2,6 millones de beneficiarios de prestaciones en apoyo a la familia, a
la ayuda a domicilio y a la inserción social, así como a albergues para
inmigrantes y a comedores sociales. Más de 30.000 plazas para nuestros ancianos
en residencias de mayores también pueden desaparecer, si se aprueba este
viernes la reforma de la Administración local, una reforma que constituye un
paso más hacia la privatización sistemática o el cierre definitivo de los
servicios que prestan los Ayuntamientos.
Hasta el
momento los encargados de prestar las ayudas o servicios sociales eran los
distintos Ayuntamientos; en cambio, la nueva ley deriva esta competencia a las
Comunidades Autónomas, lo que significará la pérdida del contacto real con los
que necesitan las ayudas, el aumento de las listas de espera y la pérdida de
los puestos de trabajo de los empleados de los servicios sociales de los
Ayuntamientos.
Teniendo en
cuenta la situación de precariedad por la que están pasando las diferentes
autonomías, es una auténtica incongruencia esta reforma y es muy probable que,
tal y como busca el Gobierno central, se consiga el ahorro que evidentemente se
busca con esta ley, porque las distintas autonomías no tendrán más remedio que
cerrar o privatizar la mayoría de los servicios sociales. Servicios que ya han
sido reducidos hasta cuotas decimonónicas, y que dejan fuera de su competencia
a un buen número de beneficiarios que se están ya viendo abocados a la miseria
y al más absoluto abandono.
Posiblemente
a partir de hoy, día 26 de julio, se deje a los municipios sin la posibilidad
de prestar los servicios sociales básicos; sólo podrán derivar a las
Administraciones autonómicas la atención de aquellas personas que precisen
ayudas inmediatas. Se escuda el PP en la no duplicación de las
responsabilidades, y bajo los mas cínicos eufemismos, cuya más clara muestra es
el mismo titulo de la nueva ley : Ley para la Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, pero se debería haber titulado Ley para la
eliminación de las ayudas sociales a las personas que no puedan costeárselo.
Hoy se da una nueva vuelta de tuerca a la destrucción del bienestar (o medio
estar) social.
Así que si
las distintas autonomías, sobre todo las gobernadas por el PP, no pueden o
quieren costear los servicios sociales autonómicos, ¿cómo van a costear los
nuevos que con la nueva ley le vendrán añadidos? El Gobierno del PP está
haciendo bien sus deberes en cuestión de ahorro de ayudas sociales para los que
desgraciadamente no pueden sobrevivir sin ellos y se convertirán en nuevos
excluidos sociales. Más sufrimiento y muertes dolorosas sin un mínimo de
dignidad; con esta nueva ley la derecha fascista española deja aún más claro
que nunca que le traen sin cuidado todas aquellas personas que no pertenecen a
su élite clasista.
Aquí va una
pequeña muestra de la reforma:
La nueva ley
dispone, entre otras cosas:
Disposición
transitoria segunda
1. Tras la
entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían
como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales
y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán
establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del
servicio.
2. En el
plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa
elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de
los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura
inmediata de dicha prestación.
5.
Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los
servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios
seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si
no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las
transferencias [Estatales].
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