ABOGADOS EXPERTOS EN INDEMNIZACIONES BUSCAN CLIENTES ENTRE LAS VÍCTIMAS
Empresas y despachos
de letrados promueven la creación de asociaciones de afectados
Un
vecino traslada a una de las niñas heridas en el accidente de Santiago,
momentos después del descarrilamiento. / Xoan Soler (La Voz de Galicia)
Empezaron a aparecer en las mesitas de
la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital
Clínico de Santiago, apenas 48 horas después de la tragedia. Son
unas hojas fotocopiadas en las que se lee Plataforma víctimas Alvia 01445y
que contienen un “manifiesto” según el cual la plataforma es “apartidista”,
“plural” y su objetivo es “proteger y amparar al colectivo de víctimas del
accidente”. “Si estás de acuerdo, y eres víctima directa o familiar, firma la
hoja adjunta adhiriéndote”, añade. El papel pide los datos y asegura que
—“contactaremos”, dice sin identificarse— organizará una asamblea informativa
para constituir una asociación.
Algunos
familiares de heridos creyeron que la iniciativa de agruparse provenía de los
propios afectados, pero no es así. En el caso de la plataforma, es la Fundación
Avata de ayuda al accidentado la que la promueve la agrupación. Se trata de una
“fundación privada de carácter asistencial y sin ánimo de lucro”, según su
página web, que forma parte del grupo Avata Hispania, una empresa especializada
en defender a las víctimas de siniestros “frente a las propias compañías
aseguradoras” para conseguir, señala en su publicidad, “la máxima indemnización
posible”. Este diario trató sin éxito ponerse en contacto con ambas.
No
es la única propaganda de una asociación de afectados que ha
aparecido por los pasillos del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS), el centro sanitario que ha atendido al mayor número de heridos —entre
ellos, los más graves— del accidente ferroviario. Bajo de la denominación de
“asociación” también se ha encontrado estos días publicidad con un número de
móvil y un nombre. Quien contesta al otro lado de la línea no es un familiar de
un herido o un fallecido en el siniestro, ni uno de los ocupantes del tren.
Después de hacer algunas preguntas, el hombre explica que es abogado y que la
asociación de la que hablan los papeles que se encuentran en las salas de
espera del hospital aún no está creada. Él trabaja, asegura, para un “despacho
jurídico” y ya tiene a 12 personas “inscritas”. Reconoce que la asociación no
está creada, puesto que son los perjudicados los que tienen que hacerlo.
“La
mayoría de afectados no conocen sus derechos”, asegura, y señala que su empresa
pretende representar a las víctimas y sus familiares, ofrecerles una “defensa
común de sus intereses” y asesorarles en todos los trámites que van a tener que
realizar a partir de ahora. El sábado aseguraba que en los próximos días se
dedicarán a comprobar que las 12 personas que les han confiado sus datos de
contacto son realmente perjudicados para posteriormente poner en marcha la
asociación. A preguntas sobre el porcentaje de las indemnizaciones que cobrará
la empresa por estos servicios, contesta: “Como todo despacho, tenemos un
beneficio económico, pero en principio no hemos hablado de cuantía”. Añade que
en estos casos lo habitual es pactar una comisión de un porcentaje determinado.
Todos
los viajeros cuentan con un seguro obligatorio de accidentes que se adquiere
con el billete y que cubre a aquellos pasajeros que “sufran daños corporales en
accidente”, según la web de Renfe, una compañía que tiene contratado este
seguro con Allianz. La indemnización por fallecimiento está estipulada en
36.000 euros y la de los heridos suele medirse según los baremos establecidos
para los accidentes de automóviles. No obstante, es el juez el que debe
determinar el dinero que se entregará a los afectados, con las limitaciones que
Allianz establezca por contrato.
Renfe
también tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil suscrito con la
empresa australiana QBE Insurance Europe Limited. Esta póliza “responde de los
daños causados a los viajeros, a sus equipajes, al correo o a la carga
transportada, a las infraestructuras ferroviarias, a los trenes y a terceros,
personas o bienes, en los términos, alcance y cuantía establecidos con una
franquicia de un millón de euros”.
Para
que Renfe sea responsable es necesario que se determine la causa y la
culpabilidad de las personas que han intervenido en el accidente. Si el juez
estableciera que Renfe es responsable civil subsidiario, se activaría el seguro
con QBE, con los límites que tenga fijados.
Todas
las reclamaciones que surjan por el siniestro de Santiago irán pues contra
Renfe, que cuenta con el aval del BBVA. QBE tendrá que atender a los heridos o
familiares de los fallecidos que consideren que las indemnizaciones del Seguro
Obligatorio no cubren adecuadamente los daños sufridos. También debería
indemnizar a Adif por los daños en las vías y a Renfe por el tren siniestrado y
la pérdida que suponga tener cerrada la línea por un tiempo. El Consorcio de
Compensación de Seguros no actúa en este caso porque no es debido a una
catástrofe natural o a terrorismo.
Fuente: www.elpais.com
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