Los
casos de corrupción están a la orden del día y producen gran alarma social.
Pero ¿podemos decir que España es un país corrupto?
Veamos,
¿cuándo un país es corrupto? Cuando existe lo que los anglosajones llaman petty
corruption. Es decir, corrupción generalizada a pequeña escala, consistente en
tener que pagar gratificaciones para el desarrollo de las actividades
cotidianas, como hacer un trámite administrativo, acceder a un servicio
público, como elegir escuela o ser atendido por los servicios de salud.
En
este sentido, España no es un país corrupto. No sale mal parada en los rankings
que miden este tipo de corrupción. Más bien se acerca a los países nórdicos.
¿No
tenemos, entonces, que preocuparnos por la corrupción? Sí, porque aunque no
haya una “cultura de corrupción”, como a veces se dice, que afecte al conjunto
de la sociedad, si existe una grand corruption que se ha enquistado en algunas
actividades públicas. Las causas de la corrupción tienen mucho que ver con el
funcionamiento de esas actividades. Si las identificamos, seremos más capaces
de erradicar la corrupción.
Son
de tres tipos. La primera tiene que ver con el urbanismo y afecta especialmente
a alcaldes y responsables de planes urbanísticos. La segunda se relaciona con
la licitación de obra pública y las concesiones para la gestión privada de
servicios públicos. La tercera, con el uso de subvenciones y ayudas públicas a
ciertas actividades, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) o las
“primas” a las energías renovables.
¿Qué
es lo que ha permitido conocer esa corrupción sistémica? No ha sido la
actividad preventiva de los organismos encargados de auditar y controlar esos
procesos. Esto ha fallado. Han sido, por un lado, los medios de comunicación;
y, por otro, la actividad investigadora de los tribunales de justicia y otras
instituciones como la Agencia Tributaria.
El
conocimiento de las actividades que generan esa grand corruption y de las
instituciones más efectivas en identificarlas, nos permite formular lo que
podríamos llamar la ecuación de la corrupción española: C = DA + S + Cc - (T +
D)
En
primer lugar, la ecuación nos dice que cuanta más discrecionalidad
administrativa (DA) en la aprobación de planes y licencias urbanísticas, mayor
será la corrupción.
Sorprende que un
ministro tenga que salir del Consejo de Ministros cuando se tratan cuestiones
que le implican a él o a sus familiares y no haya nada similar en los
Ayuntamientos
En
segundo lugar, cuanto mayor sea el volumen de subvenciones públicas a
actividades privadas (S), mayor será la corrupción. La “prima” es una garantía
pública de rentabilidad privada que pesa durante años y años sobre el presupuesto
público. Además, incentiva actividades que están más próximas al negocio
financiero que al proyecto industrial. En el caso de los ERE, la subvención da
lugar a la aparición de buscadores de rentas, y a que las empresas destruyan
empleo en lugar de desarrollar fórmulas para conservarlo.
El
tercer factor es la licitación de obra pública y las concesiones para la
gestión privada de servicios públicos. Lo podemos llamar capitalismo
concesional (Cc). Si analizamos los nombres de las grandes donaciones a los
partidos veremos que están relacionados con estas actividades. La corrupción en
este caso no solo consiste en donaciones o pago de comisiones, sino en
contratos que hacen que el beneficio vaya al operador privado, mientras que el
riesgo de pérdidas se lo queda el sector público. Los ejemplos son numerosos.
La
primera conclusión de nuestra ecuación podría formularse diciendo que en España
se ha desarrollado un tipo de capitalismo concesional y subvencionado que es
proclive a la corrupción. Si queremos disminuir la corrupción hay que acabar
con este tipo de capitalismo rentista y depredador.
La
segunda conclusión surge del análisis de los dos factores de la ecuación que
disminuyen la corrupción. El primero es la transparencia (T), entendida como el
derecho ciudadano a conocer, y la obligación de las Administraciones a
responder, con responsabilidad penal si no lo hacen. Este es un elemento
poderoso de higiene pública. El segundo es la democracia (D).
Hay
tres elementos de la democracia que son esenciales para erradicar la
corrupción. El primero es que en las elecciones los ciudadanos penalicen a los
políticos y partidos corruptos. El segundo es una prensa libre, capaz de
denunciar la corrupción. El tercero, unas instituciones judiciales
independientes que investiguen y penalicen la corrupción. Nos podemos sentir
relativamente satisfechos, porque esos tres elementos están funcionando.
Pero
no hay que bajar la guardia en los dos focos principales de la corrupción: el
planeamiento urbanístico y el capitalismo concesional y subvencionado.
La
ausencia de incompatibilidad entre ser alcalde o concejal de urbanismo y la
dedicación a estas actividades es como poner al zorro al cuidado de las
gallinas. Sorprende que un ministro tenga que salir del Consejo de Ministros
cuando se tratan cuestiones que le implican a él o a sus familiares y no haya
nada similar en los Ayuntamientos. Alguna restricción hay que introducir en
este terreno.
El
capitalismo concesional y subvencionado ha operado hasta ahora en la obra
pública, los servicios domiciliarios y algunas actividades como las renovables.
Pero está comenzando a penetrar en un nuevo campo: la sanidad. Hay que ir con
cuidado, porque es susceptible de generar la misma corrupción.
No
trato de demonizar la colaboración público-privada en la gestión de servicios
de la sanidad pública. Pero las empresas que quieran operar en esas actividades
han de funcionar con el mismo criterio de transparencia, riesgo y ventura con
el que lo hacen los empresarios que arriesgan su patrimonio en las actividades
de mercado. Ese es el buen capitalismo.
Fuente:
www.elpais.com
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