Por Pilar Cáceres*
*Jurista
La independencia del poder judicial, que se presupone
a todos y cada uno de los jueces y tribunales, en cuanto ejercen la función
jurisdiccional, se configura en el artículo 117.1 de la CE.
Implica que, en el ejercicio de esta función, están
sujetos única y exclusivamente al imperio de la ley y al Derecho, sin que
quepan injerencias de ningún otro poder público. Esa independencia,
debe ser respetada por «todos» (art. 13 de la LOPJ), y aunque la propia Constitución
prevé diversas garantías para asegurarla, en la práctica se producen
situaciones que la socavan gravemente cuando, precisamente, se entrecruza
la justicia con los poderes fácticos.
El último caso controvertido afecta al Presidente del
Tribunal Constitucional, afiliado al partido gobernante que se encuentra
al día en las cuotas y cuya actuación se cuestiona en casos como el del ex juez
Garzón, el proceso estatutario de la Generalitat catalana y el decreto
anti-desahucios de la Junta de Andalucía, entre otros.
Todavía subyace la polémica suscitada con el
juez Silva, tras ordenar el ingreso en prisión incondicional del banquero
Blesa. El desenlace jurídico sitúa a Silva al borde de la expulsión de la
carrera judicial y al banquero en la impunidad ya que, en estos momentos, no
hay causa. La alarma social, se extiende a la instrucción del caso Nóos, por el
juez Castro: pese a los numerosos indicios racionales de criminalidad, no puede
imputar a la hija del Rey pues, para bochorno del Derecho, la fiscalía se opone
y recurre logrando algo insólito en el ámbito judicial: la
“desimputación” de la hija real antes, incluso, de declarar.
Cuenta además con la defensa a ultranza de la Abogacía
del Estado y del Ministerio de Hacienda, que contribuyen a la exención de toda
responsabilidad. Todavía más polémica, el Tribunal Supremo ha minorado
la condena de seis años a nueves meses de prisión impuesta al ex
presidente balear Jaume Matas, en primera instancia, por lo que no ingresará en
prisión.
La descomposición institucional es evidente y
escandalosa. Urge una profunda catarsis que regenere los tres Poderes o
el Estado de Derecho entrará en una desnaturalización irreversible que lo hará
inexistente.
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