En
sendas respuestas parlamentarias a cuestiones planteadas por escrito en enero
por los diputados de IU Gaspar Llamazares y Alberto Garzón, el Ejecutivo del PP
rechaza facilitar ahora al Congreso ningún dato sobre evasores fiscales y sobre
las empresas o personas que se acogieron a la ‘amnistía fiscal’ promovida por
Montoro el año pasado
España |
Tercera Información | 01-04-2013 |
No habrá una
‘lista pública de defraudadores’, al menos de forma inminente, tal y como se
apresuró a anunciar Cristóbal Montoro a mediados de diciembre pasado. Por esas
fechas el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tenía que ‘vender’
alguna medida relevante para tapar el fiasco de ingresos para el Estado que
había supuesto su famosa ‘amnistía fiscal’ para quienes habían ocultado dinero
a la Agencia Tributaria y habían decidido no aflorarlo. Ahora, tres meses
después, el Gobierno reconoce y concreta a Izquierda Unida que lo que sí ultima
es un “Proyecto de Ley que será remitido al Congreso”, sin especificar fecha,
que abrirá posteriormente la puerta a “la publicación de listados de obligados
tributarios que hayan incurrido en un incumplimiento relevante de sus
obligaciones tributarias”.
En sendas
respuestas idénticas a preguntas por escrito planteadas el 23 y el 30 de enero
pasado por los diputados de IU Gaspar Llamazares y Alberto Garzón,
respectivamente, el Gobierno rechaza facilitar ahora al Congreso dato alguno
sobre esta cuestión y lo justifica, textualmente, en que “en este momento se
está analizando una modificación de la Ley General Tributaria, al objeto de
posibilitar la publicación de listados de obligados tributarios que hayan
incurrido en un incumplimiento relevante de sus obligaciones tributarias. Tal
modificación quedará plasmada próximamente en un Proyecto de Ley que será
remitido al Congreso tras su aprobación por el Consejo de Ministros”.
En estas
respuestas escritas facilitadas a los parlamentarios de IU, el Ejecutivo del PP
justifica tajante que “en relación con la publicación de listados de evasores,
el vigente artículo 95 de la Ley General Tributaria dispone el carácter
reservado de los datos, informes o antecedentes en poder de la Administración
Tributaria, que no pueden cederse ni comunicarse a terceros más que en las
concretas excepciones que el propio precepto establece”.
De igual
forma, el equipo económico de Montoro también responde negativamente a la
iniciativa de ‘Solicitud de datos, informes o documentos’ registrada por Gaspar
Llamazares, también en enero, en la que reclamaba la remisión al Congreso del
“listado de sociedades y personas físicas que se han acogido a la
regularización fiscal especial acordada por el Gobierno mediante el Decreto Ley
12/2012, especificando el nombre de cada sociedad y la cuantía correspondiente
regularizada en euros”.
“La
solicitud formulada no puede ser atendida –explica el Ejecutivo- ya que
implicaría la cesión de información de carácter tributario no permitida por la
Ley, al no corresponder dicha petición con ninguna de las excepciones legales
al principio general” antes expuesto.
Mientras
estas son las negativas oficiales y públicas que remite el Gobierno a los
diputados de IU, el ministro Montoro lleva desde hace semanas amenazando desde
las tribunas institucionales y en sus contactos con la Prensa a un amplio
abanico de sectores y colectivos –medios de comunicación, tertulianos, personas
del mundo de la Cultura, formaciones políticas- con tener constancia de sus
supuestos incumplimientos con las arcas públicas.
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