REPÚBLICA / EFE
/ P.G. | MADRID Publicada el
24-04-2013
El Consejo de Estado pide en su dictamen
sobre la reforma educativa impulsada por el actual Gobierno del PP que no
desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía como prevé el texto
que debe debatirse en el Congreso. El dictamen, al que ha tenido acceso Efe,
afirma que "procedería imponerla como obligatoria -la citada asignatura-
en algún momento" pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones
suscritos por España del Consejo Europeo y la UE para "velar por el
aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las
personas para una ciudadanía activa". Sobre uno de los puntos más
polémicos de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para las
comunidades con lengua propia, el que defiende que si un alumno pide las clases
en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, la autonomía
deberá costearle las clases en un centro privado, los expertos del Consejo de
Estado señalan que dicho aspecto "no debería figurar en la ley".
La
reforma educativa que prepara el Gobierno tumba definitivamente la polémica
asignatura de Educación para la Ciudadanía. La asignatura que ocupará el lugar
de esta materia se llama Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores
Éticos en Secundaria. Será la alternativa para los alumnos que no cursen
Religión. “Ambas tendrán una carga horaria equivalente a la carga horaria media
del resto de asignaturas ofrecidas en el bloque de asignaturas específicas”,
reza el borrador de la futura ley.
El
31 de enero de 2012, Wert anunció que Educación para la Ciudadanía, que había
sido muy contestada por la Iglesia católica y por el propio Partido Popular,
sería sustituida por otra asignatura llamada Educación Cívica y Constitucional,
que según el ministro estaría “libre de cuestiones controvertidas” y que “no
será susceptible de adoctrinamiento ideológico”. Las asociaciones de padres
católicos se mostraron de acuerdo con esta medida. Para defender este cambio el
ministro alegó que era una asignatura partidista y sesgada, usando citas del
libro “Educación para la Ciudadanía. Democracia, Capitalismo y Estado de
Derecho” de Carlos Fernández Liria. La polémica surgió cuando saltó a la luz
pública que dicho libro no era un libro de texto para estudiantes sino un
conocido ensayo contra la asignatura.
La
asignatura Educación Cívica y Constitucional fue presentada por el ministro el
24 de mayo de 2012. En ella, se eluden la homofobia o las desigualdades
sociales y, en cambio, se incluye la denuncia del llamado “nacionalismo
excluyente”, además de destacar la iniciativa económica privada “en la
generación de riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. Pero, en el
borrador que Wert presentó a finales de 2012 a las comunidades autónomas, ni
siquiera hay rastro de esa nueva asignatura que se mantenía en la ESO y que no
tenía “contenidos polémicos”, como dijo el ministerio que sí contenía EpC.
El
pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que defendía
sin fisuras la asignatura de Educación para la Ciudadanía y destacaba que su
contenido no supone un “adoctrinamiento lesivo” ni vulnera la libertad
ideológica y religiosa, ni tampoco el derecho de los padres a que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones,
garantizados por la Constitución en los artículos 16.1 y 27.3. El alto tribunal
estimaba así el recurso planteado por la Junta de Andalucía, el Gobierno anterior
y la Fiscalía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia andaluz
que amparó a unos padres que discrepaban de un manual concreto de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía, por encontrarlo ‘adoctrinador’, ‘relativista’,
y ‘peyorativo con el pensamiento cristiano, tomista y aristotélico’, además de
plantear el tema de la homosexualidad ‘de forma sesgada’ y transmitir un
concepto erróneo de familia.
El
dictamen del Consejo de Estado está firmado por el presidente del Consejo de
Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por otros nueve miembros de esta
institución, entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno socialista María
Teresa Fernández de la Vega; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los
padres de la Constitución, y el expresidente de UCD Landelino Lavilla.
Fuente: www.republica.com
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