Miércoles,
24 de abril de 2013
Por
A.R.Ramirez -Canarias-semanal.org
Si nadie lo
remedia, en un corto espacio de tiempo el agua será un recurso privado en toda Europa.
Una medida impulsada por la Comision del Parlamento Europeo pretende “definir”
las características del servicio de abastecimiento de agua. Previendo
las protestas que la directiva iba a generar, Bruselas se ha adelantado
avisando que se trata sólo de una medida que no lleva necesariamente a la
privatización del agua, sino que tan sólo se intenta “definir las
características que debe tener el servicio”.
Como siempre, las directivas europeas esconden mensajes señuelo destinados a suscitar la confusión y disgregar la resistencia. La cuestión es que los intereses que se esconden tras las oficinas burocráticas de la Unión Europea, en lugar de obligar a privatizar directamente las aguas, van a intentar imponer a los gobiernos locales tantos límites y requisitos que éstos terminarán siendo ellos mismos los que privaticen de “motu propio”.
Giuseppe Bottazzi, un articulista de la revista Diagonal, escribía en su último número que el borrador de la directiva europea de hecho, prevé que los ayuntamientos quedarán libres de ofrecer por sí mismos el servicio de aguas sólo si su compañía pública copa más del 80% en el territorio municipal. Si, al contrario, abastece a otros ayuntamientos se tendrá que subastar el contrato, lo que abre las puertas a los agentes privados.
La misma nota oficial de la Comisión europea lo deja muy claro: el objetivo consiste en “completar la realización del mercado interno (...) asegurando que las empresas europeas tengan acceso a oportunidades de negocio y que las autoridades públicas obtengan la mejor relación calidad-precio”. Este razonamiento se funda en la lógica de la eficiencia del mercado: “El gasto público que, en un número preocupante de casos, ha sido autorizado sin ninguna transparencia ni responsabilidad, aumentando al contrario el riesgo de fraudes y hasta de corrupción”, denuncian desde la Comisión. ¿Su solución? Lo de siempre: "una eficiente privatizacion que permitirá que las inversiones aseguren “un servicio de alta calidad”.
LA PRIVATIZACIÓN COMO CONDICIÓN "SINE QUA NON" PARA LOS RESCATES
La iniciativa ya tiene precedentes prácticos. En Grecia, en Irlanda y en Portugal ya se está aplicando y, a partir de ahora, pretenden que la privatización de un bien tan preciado como el agua irradie sobre toda Europa. En el caso de los tres países mencionados la privatización del agua estaba añadida como condición imprescindible a los “rescates”.
Según cuenta Bottazzi en su artículo, en Lisboa, la empresa pública "Águas de Portugal" está desde hace tiempo en la lista de las compañías que el Ejecutivo conservador portugues quiere poner en manos privadas. Tan sólo falta un requisito: el acuerdo sobre el precio. En Grecia la cosa va más adelantada. El gobierno heleno ya vendió en bolsa participaciones hace más de dos años. Los recursos hídricos de Atenas y Salónica son ya pasto de la voracidad del mercado. En Irlanda, con la creación del holding Irish Water se pretende impulsar su total privatización. A partir de ahora los irlandeses tendrán que acostumbrarse a pasar de no pagar el agua a contar todos los meses con una factura bajo la puerta.
LOS CANARIOS Y LOS AGUATENIENTES
Para los canarios, históricamente la privatización de las aguas no es una novedad. Su propiedad se convirtió hace siglos en un recurso en manos de unos pocos, que la utilizaban, como bien escaso que era, para especular con la sed de los isleños. Los “aguatenientes” han sido siempre una figura merecidamente odiada por los habitantes del archipiélago.
Hace tan sólo unos pocos meses, tres vecinos del municipio de Valsequillo, en Gran Canaria, fueron condenados a cuatro años de prisión porque intentaron quemar los vehículos de una veintena de aguatenientes, mientras estos trajinaban con los precios de las aguas en la sede de su consorcio.
La privatización de Emalsa, la empresa municipal de los servicios de agua en las Palmas de Gran Canaria, estuvo rodeada de notorios escándalos y corruptelas, cuyo trasfondo económico aún no se conoce enteramente. En aquella privatización circularon muchos maletines entre los concejales de entonces, que facilitaron su venta a una empresa francesa. Curiosamente, en el eje de aquella privatización estuvo el que fuera secretario general del Partido Comunista de Canarias, José Carlos Mauricio, que terminaría luego concluyendo su vida política en las filas de la formación derechista Coalición Canaria. A partir de entonces, los precios de los servicios de aguas municipales se dispararon, y la empresa entró en una vertiginosa espiral de escándalos y corrupción.
Con la nueva normativa Europa entra en una fase de mercantilización de los servicios y recursos públicos esenciales, cuyos negativos efectos los habitantes del Archipiélago Canario ya hemos conocido a lo largo de toda nuestra historia.
Como siempre, las directivas europeas esconden mensajes señuelo destinados a suscitar la confusión y disgregar la resistencia. La cuestión es que los intereses que se esconden tras las oficinas burocráticas de la Unión Europea, en lugar de obligar a privatizar directamente las aguas, van a intentar imponer a los gobiernos locales tantos límites y requisitos que éstos terminarán siendo ellos mismos los que privaticen de “motu propio”.
Giuseppe Bottazzi, un articulista de la revista Diagonal, escribía en su último número que el borrador de la directiva europea de hecho, prevé que los ayuntamientos quedarán libres de ofrecer por sí mismos el servicio de aguas sólo si su compañía pública copa más del 80% en el territorio municipal. Si, al contrario, abastece a otros ayuntamientos se tendrá que subastar el contrato, lo que abre las puertas a los agentes privados.
La misma nota oficial de la Comisión europea lo deja muy claro: el objetivo consiste en “completar la realización del mercado interno (...) asegurando que las empresas europeas tengan acceso a oportunidades de negocio y que las autoridades públicas obtengan la mejor relación calidad-precio”. Este razonamiento se funda en la lógica de la eficiencia del mercado: “El gasto público que, en un número preocupante de casos, ha sido autorizado sin ninguna transparencia ni responsabilidad, aumentando al contrario el riesgo de fraudes y hasta de corrupción”, denuncian desde la Comisión. ¿Su solución? Lo de siempre: "una eficiente privatizacion que permitirá que las inversiones aseguren “un servicio de alta calidad”.
LA PRIVATIZACIÓN COMO CONDICIÓN "SINE QUA NON" PARA LOS RESCATES
La iniciativa ya tiene precedentes prácticos. En Grecia, en Irlanda y en Portugal ya se está aplicando y, a partir de ahora, pretenden que la privatización de un bien tan preciado como el agua irradie sobre toda Europa. En el caso de los tres países mencionados la privatización del agua estaba añadida como condición imprescindible a los “rescates”.
Según cuenta Bottazzi en su artículo, en Lisboa, la empresa pública "Águas de Portugal" está desde hace tiempo en la lista de las compañías que el Ejecutivo conservador portugues quiere poner en manos privadas. Tan sólo falta un requisito: el acuerdo sobre el precio. En Grecia la cosa va más adelantada. El gobierno heleno ya vendió en bolsa participaciones hace más de dos años. Los recursos hídricos de Atenas y Salónica son ya pasto de la voracidad del mercado. En Irlanda, con la creación del holding Irish Water se pretende impulsar su total privatización. A partir de ahora los irlandeses tendrán que acostumbrarse a pasar de no pagar el agua a contar todos los meses con una factura bajo la puerta.
LOS CANARIOS Y LOS AGUATENIENTES
Para los canarios, históricamente la privatización de las aguas no es una novedad. Su propiedad se convirtió hace siglos en un recurso en manos de unos pocos, que la utilizaban, como bien escaso que era, para especular con la sed de los isleños. Los “aguatenientes” han sido siempre una figura merecidamente odiada por los habitantes del archipiélago.
Hace tan sólo unos pocos meses, tres vecinos del municipio de Valsequillo, en Gran Canaria, fueron condenados a cuatro años de prisión porque intentaron quemar los vehículos de una veintena de aguatenientes, mientras estos trajinaban con los precios de las aguas en la sede de su consorcio.
La privatización de Emalsa, la empresa municipal de los servicios de agua en las Palmas de Gran Canaria, estuvo rodeada de notorios escándalos y corruptelas, cuyo trasfondo económico aún no se conoce enteramente. En aquella privatización circularon muchos maletines entre los concejales de entonces, que facilitaron su venta a una empresa francesa. Curiosamente, en el eje de aquella privatización estuvo el que fuera secretario general del Partido Comunista de Canarias, José Carlos Mauricio, que terminaría luego concluyendo su vida política en las filas de la formación derechista Coalición Canaria. A partir de entonces, los precios de los servicios de aguas municipales se dispararon, y la empresa entró en una vertiginosa espiral de escándalos y corrupción.
Con la nueva normativa Europa entra en una fase de mercantilización de los servicios y recursos públicos esenciales, cuyos negativos efectos los habitantes del Archipiélago Canario ya hemos conocido a lo largo de toda nuestra historia.
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