El Bloque y el colectivo critican al Concello por renunciar a recuperar Las
Torres y, en su lugar, "agasajar" a la familia del dictador con
250.000 euros por la casa abandonada de los guardias
18.04.2013 | 15:00
Protesta por la
recuperación del Pazo de Meirás.
Los nacionalistas definen sus alegaciones como una "enmienda a la
totalidad del PGOM"
SADA La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y el BNG recurrirán las
previsiones que recoge el plan general de Sada para el pazo de Meirás. Como ya
informó este diario, el Gobierno local ha renunciado a calificar como
patrimonio público la residencia veraniega de los Franco y, en su lugar, solo
expropiará una pequeña parcela extramuros y la antigua casa de los guardeses,
abandonada desde hace años, y por la que los herederos del dictador recibirán
de las arcas públicas 250.000 euros.
El anterior Gobierno local (BNG, PSOE) proponían en el documento de inicio
del PGOM calificar como Sistema Xeral de Espacios Libres este conjunto
declarado Bien de Interés Cultural, que fue residencia de Emilia Pardo Bazán y
posteriormente regalado a Franco tras una cuestación forzosa (los nacionalistas
acompañan varias muestras del tono coaccionador de los bandos de la época para
las suscripciones populares).
Durante su mandato, nacionalistas y socialistas habían arrancado el
compromiso verbal al Estado, gobernado entonces por el PSOE, de colaborar para
la recuperación de Las Torres y, a mayores, se habían reunido con responsables
de la Unesco para erigir en Observatorio de la Paz.
Ninguna de sus previsiones sobrevivió al cambio de gobierno. El actual
Ejecutivo municipal (PP, PDSP) ha retirado del documento urbanístico cualquier
alusión a la recuperación del pazo. En su lugar, apuesta por rehabilitar la
antigua caseta del guardia como centro social y expropiar a los vecinos más de
26.000 metros cuadrados para habilitar un "gran parque". Una pequeña
parte de estos terrenos son propiedad de la familia Franco. Se trata de una
parcela extramuros adquirida hace años para separar la carretera del pazo y,
actualmente, en completo desuso.
"No solo no le expropian el pazo sino que le hacen un regalo con
dinero público", denunciaba ayer el portavoz de la Comisión pola Memoria,
Rubén Alfonso Lobato. Un argumento similar al que utilizan los nacionalistas,
que acusan al alcalde, Ernesto Anido, de pretender agasajar a los Franco con
"un jardín" a las puertas de su residencia y librarles de los gastos
de mantenimiento de una caseta y unos terrenos abandonados.
El BNG considera un "agravio" que los Franco mantengan la
propiedad del pazo y la finca y, en cambio, se expropie a los vecinos un
terreno con una superficie similar para ejecutar el parque. Incide además en el
elevado coste de la actuación, valorada en un millón de euros.
El BNG presentó ayer sus alegaciones al plan general que, indican, pueden
entenderse como una "enmienda a la totalidad de un documento poco
estudiado, meditado y elaborado". Los nacionalistas aseguran que durante
estos tres meses de exposición pública del plan general han tenido ocasión de
percibir el malestar de los vecinos, con los que han mantenido numerosas
reuniones. El Bloque presentará una alegación general y dos específicas, una
por el pazo de Meirás y otra encaminada a completar y mejorar el catálogo de
patrimonio. En total, 44 hojas. Entre sus requerimientos, mantener en un 30% el
porcentaje de vivienda protegida, que PP y PDSP han reducido al 10% por
"falta de demanda". Los nacionalistas proponen además una alternativa
al trazado de la conexión con la vía ártabra y opta por la variante norte
siempre que prescinda del polémico túnel previsto al final del puerto y, en su
lugar, prevea una conexión con la AC-163 a través de una rotonda, otra en las
inmediaciones del hotel y la conexión de la CP-0812 desde Samoedo hasta la
CP-5813 hasta desembocar en O Tarabelo.
El BNG se opone también a las urbanizaciones previstas en As Brañas y apela
al impacto mediambiental en este entorno protegido. Reclama medidas para
reducir el número de edificaciones fuera de ordenación (que cifra en 700) y la
desclasificación de suelo "sin justificación". Otra de sus
alegaciones va dirigida a minorar las expropiaciones, a las que el PGOM destina
siete millones de euros.
Fuente: www.laopinioncoruna.es
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