Los querellantes de la denuncia en
Argentina contra los crímenes de la dictadura franquista debían empezar a
declarar este jueves mediante videoconferencia. La Administración española aún
no ha dado el visto bueno pertinente y deja en el aire el inicio de las
comparecencias.
ALEJANDRO
TORRÚS Madrid 23/04/2013 15:58 Actualizado: 23/04/2013 16:54
Carlos Slepoy y Ana Messuti, abogados de la querella
contra el franquismo, en la rueda de prensa de este martesEFE
Una piedra
más en el camino o simple incompetencia de la Administración. Todo está preparado
en la embajada argentina en España para que los primeros querellantes contra
los crímenes del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina mediante
videoconferencia este jueves 25 de abril, tal y como ordenó la jueza María
Servini. Sin embargo, a falta de menos de 48 horas para que se cumpla el plazo
previsto por la justicia argentina, el inicio de las comparecencias sigue en
el aire. El motivo: las autoridades españolas aún no han dado su visto
bueno.
“Estamos viviendo
momentos de incertidumbre. No sabemos si el Estado español va a contestar, no
va a contestar o va a decir que las comparecencias le parecen improcedentes”,
explica a Público Carlos Slepoy, abogado de la querella en Argentina contra de los crímenes del franquismo,
que ha comparecido este jueves en rueda de prensa junto a parte de los
querellantes y los diputados Gaspar Llamazares (Izquierda Plural), Joan Tardà
(ERC) e Iker Urbina (Amaiur), que han mostrado su apoyo a la causa.
Todo estaba
previsto para anunciar en esta rueda de prensa el inicio de las comparecencias
de algunas de las víctimas de la represión franquista. El jueves debía
comparecer Merçona Puig Antich, hermana de
Salvador; Pedro Fausto, hijo de fusilado; y Pablo Mayoral, procesado
en julio de 1975 en la causa en la que se condenó a muere de José Humberto
Baena, el 27 de septiembre de 1975.
Sin embargo, un imprevisto ha propiciado que la rueda de prensa se celebrera en
condicional. El Estado español no se ha pronunciado sobre las comparecencias y
su silencio, en caso de persistir durante las próximas 48 horas, dilataría
todavía más el proceso.
El siguiente
paso sería la imputación de exministros como Martín Villa o Utrera Molina
Son tres las
posibilidades que pueden adoptar las autoridades españoles. Por un parte, dar
el visto bueno antes del 25 de abril y todo seguiría tal cual el guión previsto
por la justicia argentina. Por otro, guardar silencio. En este caso, el abogado Carlos Slepoy
asegura que se retomarían gestiones con el consulado argentino para poder
realizar las videoconferencias sin el consentimiento español. La última
solución posible es que el Estado español señale que las comparecencias le
parecen “improcedentes”. Este último caso devolvería la pelota a la justicia
argentina que debería replantear la situación. “No creo que las autoridades
españolas lo declaren improcedente. De ser así, ya quedaría del todo claro
de qué parte están”, asegura el letrado de las víctimas.
Órdenes de búsqueda y captura
La toma de
declaración de las víctimas del franquismo por parte de la justicia argentina
constituye el primer paso importante de la causa abierta en Buenos Aires en
virtud del principio de justicia universal contra los crímenes de la dictadura
franquista. Una vez tomada la declaración de los 12 testigos que los
querellantes han presentado, Carlos Slepoy, abogado de las víctimas, espera que
la jueza argentina, María Servini, impute y dé órdenes internacionales de
captura de, entre otros, los exministros Rodolfo Martín Villa, José Utrera
Molina y Fernando Suárez, por sus responsabilidades cuando ejercían sus
carteras, tal y como adelantó Público.
Gaspar
Llamazares, presente en el acto, ha destacado que el avance de la querella en
Argentina muestra que el deseo de 'verdad, justicia y reparación' de las
víctimas no ha cesado ni cesará nunca a pesar de la expulsión de Baltasar Garzón de la magistratura
española. “El Gobierno miente diciendo que colabora con la causa. Los
herederos del franquismo buscan la impunidad de sus crímenes y quieren dejar a
España fuera de la legalidad internacional”, ha sentenciado Llamazares. Por su
parte, Tardà ha señalado que es “estúpido que el Estado español busque la
impunidad” ya que todos los países “tarde o temprano” tienen que “asumir su
pasado”.
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