· El
exfiscal Anticorrupción cree que “está arrodillado a la corrupción que encarna
Gürtel”
República/EP | Madrid Publicada el
09-02-2012
"El Supremo es una
casta de burócratas al servicio de la venganza". Así de contundente ha
reaccionado el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tras conocer el
fallo del Tribunal Supremo que ha condenado a Baltasar Garzón a 11
años de inhabilitación por las escuchas de la trama Gürtel. Villarejo,
en declaraciones a la cadena SER, considera que “el Supremo es un tribunal
arrodillado a la corrupción que representa Gürtel”. Asegura que con esta
sentencia los jueces Luciano Varela y Manuel Marchena "han
acreditado su enemistad expresa" con Baltasar Garzón. “A partir de un
tribunal que es nulo, de una sentencia que carece de fundamentos rigurosos y la
culminación de una venganza institucional, es un día para estar abochornado”,
afirmó Villarejo.
Considera
que “nunca podrán perdonar a un juez como Garzón, que ha ordenado la detención
de Pinochet, que ha girado 180 grados la justicia universal, que ha
puesto en marcha los mecanismos de la persecución de la delincuencia
financiera, que ha hecho frente como nadie al terrorismo de Estado de los GAL
o que ha impulsado como nadie lo que ahora estamos viviendo como el final del terrorismo
de ETA”.
Por todo
ello, califica al Supremo como una “casta de burócratas al servicio de la
venganza institucional”. “Esta sentencia es un balón de oxígeno para la
corrupción imperante en España y una coerción expresa a cualquier magistrado
que decida acordar un sistema de investigación legítimo como son las escuchas
telefónicas”, asegura Villarejo.
Cree que la
expulsión del juez de la carrera judicial “es una tragedia para la
magistratura, para el poder judicial y para el sistema democrático”. Una
sentencia, que según su opinión, es ” sesgada, errónea y con una profunda
maledicencia”.
Concluye
subrayando que “defender a Baltasar Garzón es defender los derechos humanos del
atropello del Tribunal Supremo, que no es digno de llamarse ni supremo ni
tribunal”.
El juez de
la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha eludido hoy hacer
valoraciones sobre la inhabilitación a su colega Baltasar Garzón y se ha
limitado a decir que cree “en la Justicia y en el Tribunal Supremo”.
“Podría
hacer muchas manifestaciones pero no voy a hacer ninguna salvo la típica, la
que todos conocen, pero la digo de corazón: creo en la Justicia y en el
Tribunal Supremo”, ha proclamado antes de impartir una conferencia en Vigo
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos
societarios.
Ante la
insistencia de los periodistas, el que fuera instructor de los atentados del
11-M ha añadido que “un juez que no cree en la Justicia, mejor que se vaya a
otro sitio”, para a continuación dar por zanjado el tema.
Una
sentencia “independiente e imparcial”
Por otro
lado, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Gabriela Bravo, defiende que el Tribunal Supremo ha adoptado desde “la
independencia, la imparcialidad y el más absoluto respeto al principio de
legalidad” la sentencia condenatoria del juez Baltasar Garzón, tras haber
celebrado un juicio “con todas las garantías”.
Desde el
Poder Judicial, ha reclamado “como siempre” respeto hacia las decisiones
judiciales y ha recordado que, en esta ocasión, se ha tomado “por unanimidad”
de los siete magistrados de la Sala de lo Penal. “Toda la ciudadanía ha podido
comprobar que hemos puesto todos los medios para que este juicio se haya
celebrado con la máxima transparencia”, ha agregado.
En la misma
línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), Pablo Llarena, ha afirmado que la sentencia “era esperada porque
el auto tenía una alta solidez jurídica”. Asegura que existían “indicios que
apuntaban a la responsabilidad penal de Garzón” y añade que “ahora se ha
corroborado la sospecha”.
El
magistrado ha indicado que Baltasar Garzón “es reconocido por los servicios
prestados al país y ha añadido que “para la judicatura resulta duro que un
miembro suyo tenga que ser condenado por un ilícito penal”.
No obstante,
ha comentado que esta resolución “pone en evidencia que España es un Estado de
Derecho en el que se protege a los ciudadanos y en el que el Tribunal Supremo
enjuicia con equidistancia y neutralidad, aunque el enjuiciado sea un destacado
miembro de la judicatura”.
Finalmente,
Llarena ha recordado que Garzón ha sido el “responsable de investigaciones de
alta trascendencia para el Estado” pero ha lamentado que su carrera “acabará
marcada por un saldo negativo que es haber sido sancionado por dictar una
resolución injusta a sabiendas de esta injusticia”.
“Nadie está
por encima de la ley”
Por último,
el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE),
Carlos Carnicer, ha señalado este jueves que no le gusta que se
condene a un juez pero ha subrayado que en un Estado de Derecho “nadie está por
encima de la ley”.
Recuerda que
el CGAE ya señaló al principio del proceso, aludiendo para ello a la
legislación y la doctrina establecida por el propio Tribunal Supremo y también
por el Tribunal Constitucional, que “no es posible interceptar las
comunicaciones entre abogado y cliente” salvo “cuando se trata de delitos de
terrorismo y la escucha se ha acordado, además, en resolución motivada por un
juez” y cuando “el sospechoso de delinquir es el propio abogado”.
En
consecuencia, si se intervienen las conversaciones entre abogado y cliente al
margen de estos dos supuestos, “no solo se trataría de una ilegalidad, sino que
se socavarían los propios cimientos de un Estado de Derecho”, ya que ello
supone, en la práctica, abolir “el derecho de defensa”, que es “el más sagrado
de los derechos, de forma que si lo anulamos, estamos anulando a la justicia
toda”.
En cualquier
caso, Carnicer ha reconocido que “no es lo mejor que puede pasar en una
democracia, ni mucho menos, que un juez sea condenado”, y a la Abogacía
Española no le gusta “que se condene a un juez” pero ha recordado que no es su
“misión” establecer “si la sanción (en este caso) es suficiente o excesiva, o
si existen razones para pensar que el juez en cuestión ha incurrido en un
delito tipificado en las normas penales”.
Lo que sí
tiene claro el presidente del CGAE es que “nadie está por encima de la Ley”,
pues, como ha argumentado, “la Ley vincula a todos los poderes públicos, y
también al poder judicial y, por tanto, no hay nadie inmune a la Ley, salvo el
jefe del Estado y en determinadas condiciones”, reiterando en este punto que,
al no conocer la sentencia, no puede decir si Garzón ha “cruzado la frontera”
de la Ley o no, pero que, en cualquier caso, “su carrera judicial quedará
afectada, sin duda”.
Fuente: www.republica.com
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