La Comisión Europea sigue adelante con la inyección de
dinero público para financiar proyectos privados sobre grandes infraestructuras
ignorando el desastre del almacén de gas, que ocasionó más de mil terremotos y
costará a los españoles 4.730 millones
JULIA PÉREZ Madrid 07/12/2014 11:21 Actualizado: 07/12/2014
11:44
Instalaciones de la 'máquina de terremotos' Castor.
Era como chocar contra una pared, desde dónde sólo se emitía
un mensaje: "No. No escucho nada que diga que el problema está en el
modelo". El representante de la Comisión Europea en la mesa redonda
era educado y amable, pero una pared que no parecía entender lo que había
ocurrido en España con el fiasco de Castor, la plataforma de gas que ocasionó
más de mil terremotos frente a la costa de Vinaroz (Castellón), en 2013 y que va a costar a los consumidores de gas españoles la friolera de
4.700 millones de euros.
Castor es el proyecto experimental de un macroplan de
inversión, consistente en que involucrar a las empresas privadas en las grandes
construcciones de infraestructuras financiadas con dinero público aportado por
el Banco Europeo de Inversiones. Conocidos como project bonds (proyectos de
bonos) e impulsados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, este modelo pretende inyectar 21.000 millones de euros públicos para,
en teoría, movilizar 315.000 millones del sector privado e impulsar la economía
europea en plena crisis.
Pablo Echenique
(Podemos): Castor es " capitalismo de amigotes"
Estas son las cuentas de Castor: su construcción ha
costado 500 millones de euros a Florentino Pérez y los promotores , financiados por el
Banco Europeo de Inversiones (300 fueron puestos por la entidad y otros 200
a través de líneas de crédito). Se colocó en una falla activa, no se
hicieron estudios de sismicidad adecuados, empezó a inyectar gas un mes
después de recibir el dinero del BEI, ocasionó más de mil terremotos, la
empresa renunció al proyecto y el Gobierno acaba de pagar una indemnización de 1.350 millones de euros por este
negocio fallido, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo
que le favorecía a no indemnizarlos.
Los consumidores españoles tendrán que pagar 4.731 millones
de euros por el fiasco, ya que la indemnización se convertirá en
deuda a colocar por los banco al 4,27% a 30 años, cuando varias de esas
entidades participaron en la financiación de la plataforma. Cuando escuchó la
astronómica deuda de 4.731 millones que pagarán los consumidores de gas
españoles sin comerlo ni beberlo, el rostro del representante de la Comisión
Europea expresó asombro mientras anotaba las palabras de los representantes de
los vecinos afectados. Y se transformó en consternación ante la indignación del
eurodiputado de Podemos Pablo Echenique: Castor es " capitalismo de
amigotes", un proyecto económico nulo con "un contrato draconiano
donde el único que podía perder era el pueblo de España y al final se han
cumplido los vaticinios".
"Todo el riesgo corre a cargo del contribuyente",
remachó Echenique. Y, entonces, Giorgio Chiarion-Casoni, el funcionario
de la Comisión Europea asintió: "Estoy de acuerdo y no hago comentarios
al respecto". Era el único representante en una mesa redonda que
celebró la izquierda europea esta semana y a la que no asistió el financiador
del fiasco, el Banco Europeo de Inversiones. Estaba invitado a este
encuentro oficial, pero la víspera excusó su asistencia. Así que Casoni dio la
cara por la Comisión y por el BEI, a pesar de que en varias ocasiones dijo
desconocer los detalles de Castor.
Socialización de las pérdidas
Castor es el primer proyecto experimental del megaplan de
inversión Juncker que planea lanzar la Comisión Europea, a pesar de todas las
señales de alerta. De ahí la importancia del encuentro en el Parlamento Europeo
organizado por Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) e Izquierda Unitaria
(GUE) junto con la sociedad civil directamente afectada, como es la Plataforma
de Vecinos de Vinaroz.
La izquierda europea está alarmada. Tanto Castor como otro
proyecto en Italia financiado de forma experimental han resultado un fracaso.
Ambos han sido costeados con el modelo que Juncker pretende expandir en toda
Europa: incluye la emisión de 60.000 euros en bonos garantizados por el
presupuesto de la UE, a través del BEI, para que las empresas privadas
emprendan proyectos de infraestructuras y energética. Casoni explicó en la
reunión que, tras el inicio de la crisis, las empresas privadas no quieren
correr ningún riesgo.
Jordi Sebastiá (Los
Verdes): "En Castor se abandonan los principios de los que ellos hablan de
libre mercado, para socializar las pérdidas"
Castor ha demostrado que no hubo un correcto control
previo del proyecto (la auditoría llamada due dilligence), según
Ernest Urtasun, eurodiputado por ICV, quien dejó una pregunta en el aire:
"¿Cuál es la capacidad de la Comisión Europea para analizar los más de
cien proyectos que han anunciado los Estados miembros?" para el megaplan
de inversión Juncker, teniendo en cuenta que no ha habido un control previo
correcto en Castor.
Jordi Sebastiá, eurodiputado de Compromís (Los
Verdes/ALE), denunció que las inversiones no se estaban controlando y que el
caso Castor confirma una vez más una tendencia: la socialización de las
pérdidas. "Si hablamos de inversión privada, ¿dónde queda el riesgo? En
Castor se abandonan los principios de los que ellos hablan de libre mercado,
para socializar las pérdidas".
Paloma López, de IU Europa, fue a más: no sólo se
utilizan fondos públicos para financiar actividades privadas, sino que los
costes son superiores a lo que pagaría el Estado si realizara estos proyectos. El
megaplan, en general, favorece las inversiones masivas impuestas por "los
grandes oligopolios" de la energía y el cemento, en lugar de optar por
modelos de desarrollo social o de apoyo a las pymes.
Infiltración mafiosa
En el caso del fiasco italiano, la construcción en cuestión
consiste en un pequeño tramo de la autopista del norte A-4 que bordea la
ciudad de Mestre y la bahía de Venecia y es conocido como Passante di
Mestre. Los 45 kilómetros del proyecto se presupuestaron en 750 millones y
han costado 1.400 millones. La justicia italiana lleva ya un centenar de
detenidos por este fiasco, entre empresarios, policías y hasta un alcalde.
Los 45 kilómetros de la autopista italiana se presupuestaron en
750 millones y han costado 1.400 millones
Las organizaciones italianas presentes en la conferencia,
como Opzione Zero, denunciaron en la reunión que esta construcción es
sospechosa de fraude y de infiltración mafiosa. Es más, su portavoz Rebecca
Rovoletto leyó las conclusiones de un informe de la Fiscalía italiana en el
que revela que esta obra tiene una infiltración mafiosa nueva -que no
corresponde a la mafia clásica- y que la colocación de bonos para financiar
estas obras propicia el blanqueo de capitales.
De ahí que las ONGS italianas hayan pedido la intervención
de la oficina antifraude de la Unión Europea, Olaf.Víctor Tormo,
diputado por las Cortes valencianas, explicó en la reunión que en el
proyecto Castor desde el principio se estaban ocultando datos " vitales
para la opinión de los ciudadanos" y denunció que la plataforma fue
desplazada en las coordenadas geográficas en vista de que el gobierno catalán
estaba siendo muy exigente con los requisitos medioambientales, para colocarlo
en la Comunidad Valenciana, en manos del PP. "Han sido capaces de poner
un proyecto encima de una falla activa para no hacer alegaciones",
denunció.
Tomó la palabra un representante de Vinaroz para aportar una
fotografía, la imagen de la empresa constructora de Castor (Escal UGS,
controlada por ACS) en el momento de recibir los 500 millones del BEI: tenía
10 trabajadores -el 45% de plantilla fijo-, 25 directivos y un capital social
de 5,5 millones de euros. Ahora, el Gobierno español ha dado a esta empresa
1.430 millones de euros públicos. El representante de la Comisión anunció que
el megaplan de inversión seguirá adelante, tras una evaluación que se realiza
ahora. Reconoció que Castor quizá sea un proyecto de estudio paradigmático
pero, insistió, no veía problema alguno al instrumento de financiación por el
BEI. No lo veía cuestionado a pesar del fracaso.
Fuente: www.publico.es
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