EsPPaña, estado policial

nuevatribuna.es |Pedro Luis Angosto |  17 Diciembre 2014 - 19:18 h.

Foto: Prudencio Morales.

Antonio Cánovas del Castillo, político malagueño conservador y extremadamente cínico- elaboró para la anterior restauración monárquica -la de los Alfonsos- un sistema político basado en el turno pacífico en el poder de dos partidos cuasi homónimos, el Conservador y el Liberal. Los demás partidos, aunque consentidos estaban prohibidos, cosa que no tenía demasiado sentido dado que la singularidad del régimen jamás podrían acceder al poder: El resultado de las elecciones se decidía en el Ministerio de Gobernación. Aquel sistema se sustentaba en tres pilares básicos, el caciquismo como instrumento de control político, social y económico; el clientelismo, como forma de ascenso social y de acceso al botín, y la represión extrajudicial. Los caciques se repartían por todo el Estado y eran jefes supremos de un territorio determinado, debiendo rendir cuentas de su actuación sólo y exclusivamente al Jefe Político Provincial y al Estatal. Ningún ministro ni jefe de Gobierno abandonaba el cargo por decisión propia, sino por la voluntad del Jefe o del monarca, pero cuando lo hacía, pasaba directamente a ocupar un cargo en Transmediterránea, Ferrocarriles, Minas del Rif o cualquier otra empresa a la que hubiese prestado servicios estimables para luego volver sin ningún reparo a ocupar otro cargo ministerial y seguir trabajando a favor de sus mantenedores. Quizá durante aquel periodo que duró hasta 1923, hubo una libertad de prensa estimable, pero una simple orden de un jefe de policía era suficiente para borrar toda la portada de un diario, retirarlo de la circulación y multarlo de modo definitivo. Cuando con el cambio de siglo, en las grandes ciudades, el socialismo y el republicanismo lograron la efectividad del sufragio y los padres del régimen vieron alguna sombra amenazante, recurrieron al ejército como última instancia para mantener el orden establecido, que era lo mismo que mantener los privilegios de la oligarquía dominante. Fruto de esa deriva represiva fue la Dictadura de Primo de Rivera, último resorte al que se agarraron la Monarquía y las clases dominantes para seguir viviendo sobre el país.

En 1978 se aprobó la Constitución que actualmente rige nuestras vidas, aunque sólo se apliquen sus artículos más retrógrados. En ella no se hablaba de turno pacífico en el poder ni de nada parecido, pero la realidad es que con la colaboración de los partidos nacionalistas, el turno pacífico en el poder ha sido una realidad. Tras los dos intentos fallidos para crear una derecha moderada en torno al CDS de Suárez y al Partido Reformista de Roca, se impuso como alternativa a la izquierda diluida un partido franquista fundado por Manuel Fraga Iribarne que es el que manda desde, para desgracia común, desde el 20 de Noviembre de 2011. La aceptación del partido de Fraga como principal partido de la oposición y alternativa de poder, supuso una verdadera ruptura, puesto que venía a dar absoluta legitimidad a la presencia de franquistas en todas las instituciones públicas y privadas. Algo así como si después de la derrota nazi, el primer partido alemán hubiese estado dirigido por Himmler y amigos.

La crisis-estafa –creo que es necesario llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos de ningún tipo- urdida por Aznar, Rato y la banca española y europea, sacó a la luz la exacerbación de las prácticas políticas, económicas y sociales de raigambre franquista y, por ello, ayunas de la más mínima brizna de sentido ético. Al crecimiento más o menos moderado acaecido en España desde mediados de la década de los ochenta, sucedió a partir del año 2000 un crecimiento especulativo basado en el chanchullo, el robo, la estafa y la prevaricación de quienes manejaban el poder político y quienes tenían el dinero: Quienes no nos hicimos ricos en aquellos años fue porque nuestro coeficiente intelectual no daba para más; todo era posible, desde modificar un plan de ordenación urbana para favorecer a un constructor, hasta entregarle el suministro de agua municipal a un colega que jamás había sabido de la cuestión; desde construir una depuradora por el doble de su precio, hasta cobrar comisiones monstruosas por la adjudicación de obras y servicios. España, era una fiesta. Pero la fiesta se acabó un día de mayo de 2010 cuando a Zapatero le obligaron -y él en vez de dimitir denunciando la situación, aceptó- a imponer la primera tanda de recortes contra su presunta ideología, por el bien de España. Sin embargo, aquello fue un juego de niños…. Ante las protestas ciudadanas que se producían por todos los rincones del Estado aunque de modo poco coordinado, el nuevo gobierno franquista de Mariano Rajoy decidió pasar a la acción según las enseñanzas recibidas en casa. La calle es mía fue el grito que enardeció  Rajoy y Fernández Díaz en aquellos días de la protesta estudiantil del Valencia, la calle es mía gritaron también los nacionalistas catalanes al instruir a su policía para apalear, detener y más a quienes protestaban contra tanto desmán y tanto recorte, la calle es mía gritaron también el día en que el Rey nuevo sucedió al Viejo mientras su paseo triunfal por las calles huérfanas de gente de Madrid. El nuevo Gobierno franquista se había propuesto, ante lo que podía venir dadas las medidas brutales que tenían pensado tomar, que con ellos jamás ocurriría otro acto tan bochornoso como la ocupación de la Puerta del Sol y otras plazas de España por maleantes, perrofrautas, yayoflautas y otros peligrosísimos antisistema. Una policía que hasta 2011 se había comportado -con salvajes excepciones- dentro de unos límites tolerables, se convirtió desde la llegada del partido franquista al poder en un feroz instrumento de represión al que daba lo mismo apalear a una anciana recién salida de la peluquería que a un grupo de jóvenes mal peinados. Sólo las fotografías enviadas por los manifestantes a través de sus móviles y el trabajo arriesgado de numerosos fotógrafos gráficos hicieron saber a todo el mundo que en España manifestarse, protestar o salir a la calle a ejercer un derecho constitucional era jugarse el tipo.

Como la situación económica –pese a que el Sr. Rajoy se haya ufanado de que la crisis es ya historia- no mejora para la inmensa mayoría de los ciudadanos, como casi un 25% de la población está por debajo de los umbrales de pobreza, sigue sin trabajo y está entrando en las garras de la exclusión perpetua, como los escándalos se generalizan hasta el punto de crear un efecto de shock en la mayoría de la gente, como no están dispuestos a renunciar a uno sólo de los privilegios de la clase que defienden desde el poder, el Partido Popular ha recurrido a la solución final, y esta no es otra que convertir a España en un Estado Policial donde el que se mueva no es que no salga en la foto, es que está perdido para siempre. Desde que el pasado viernes el partido franquista aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, los derechos de reunión, manifestación y expresión -derechos fundamentales- dependen de la decisión de un teniente de la policía, de un gobernador civil o de un cuñado con mando en plaza, pudiendo multar con cantidades imposibles a ciudadanos pacíficos por ejercer sus derechos suprimiendo la tutela judicial. Desde ese infausto día, no se podrá fotografiar a un policía que le esté abriendo la cabeza a un joven que clama contra la terrorífica situación en que vivimos, no se podrá acudir a los lugares sacrosantos donde residen o disimulan los padres de la patria, no se podrá escribir ni hablar libremente, no se podrá respirar, convirtiéndose el ministro del Interior, en este caso el oputa Jorge Fernández Díaz, en Jefe Supremo de nuestras haciendas y vidas. Como en tiempos de Franco, como en tiempos de la otra Restauración, la autoridad gubernativa estará por encima de todos los poderes y de todas las libertades, llevándonos a todos por el buen camino del silencio, la contención y la resignación. Si a ello, tal como publica el diario La Verdad de Murcia, añadimos que el Gobierno ha creado una lista negra de sospechosos que escapa al control judicial, el camino hacia la dictadura, hacia el Estado policial queda expedito. Pero no se asusten, esto ya pasó en 1923, cuando desbordada la monarquía por los movimientos sociales y el Expediente Picasso que incriminaba al Rey en el Desastre de Annual, decidieron suprimir la democracia menuda en implantar una dictadura. Después vino la República, y esta vez, también vendrá. La Segunda Restauración ha muerto: Sus violencias antidemocráticas, son sus estertores.

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