Nuestro
Sistema Sanitario Público español, gozaba de una gran prestigio a nivel
internacional por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo,
el Informe Bloomberg lo situaba en el 5º lugar del mundo y el 1º de Europa en
cuanto a eficiencia.
nuevatribuna.es |
16 Diciembre 2014 - 11:29 h.
La Política
sanitaria en los últimos tiempos esta orientada a privatizar el sistema sanitario
publico
para ponerlo en manos de entidades bancarias, multinacionales
sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos
fiscales
Nuestro Sistema
Sanitario Público español, gozaba de una gran prestigio a nivel internacional
por sus buenos resultados en salud a un coste relativamente bajo (por debajo de
la media de los países desarrollados de la OCDE), así el Informe Bloomberg
(2013) lo situaba en el 5º lugar del mundo y el primero de Europa en cuanto a
eficiencia.
También existía
un reconocimiento generalizado por su carácter universal y equitativo; su
naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos; su accesibilidad para
los pacientes, al no existir barreras económicas ni por razones de edad, sexo o
raza; por ser gratuito en el momento de uso; por su
integralidad, con una atención que incluía promoción, prevención, curación
y rehabilitación de la salud; basado en una potente Atención
Primaria como puerta del sistema y responsable de garantizar la
longitudinalidad y continuidad de la atención y la distribución racional de los
pacientes y los recursos.
La Política
sanitaria en los últimos tiempos esta orientada a privatizar el sistema
sanitario publico para ponerlo en manos de entidades
bancarias, multinacionales sanitarias y fondos de inversión
internacional ubicados en los paraísos fiscales.
Esta
privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios
(más de 53.000), de la reducción de la oferta de servicios y de la
generalización de copagos por los ciudadanos
Desde el gobierno
central y los autonómicos se está aplicando una política de tierra quemada, acelerando
el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios más rentables,
que están siendo privatizados a cambio de unos pagos que multiplican sus costes
reales y que suponen un elevado endeudamiento para las arcas del Estado. Esta
privatización va acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios
(más de 53.000), de la reducción de la oferta de servicios y de la
generalización de copagos por los ciudadanos.
Esta estrategia
esta respaldada, alentada y sostenida por una alianza privatizadora
de intereses financieros, económicos y empresariales (Club
Gertech) que integra a altos cargos de la administración,
universidades públicas y privadas, organismos públicos penetrados por el sector
privado, como el Instituto Carlos III, asociaciones profesionales
como el Foro de la Profesión, o la de gerentes sanitarios (SEDISA),
y cuenta con el patrocinio de grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas (Philps,
Medtronic, Roche, Nec Corporation o Citec-B). Entre sus principales logros
están el haber conseguido incrementar de manera exponencial los conciertos con
la sanidad privada; la externalización y privatización de gran parte
de los servicios; conseguir importantes subvenciones públicas; participar en la
financiación y gestión de nuevos centros sanitarios y controlar los
fondos y actividades de investigación, desarrollo tecnológico y
docencia del personal.
El sector
privado se ha apropiado ya de los nuevos hospitales de Madrid, Valencia,
Galicia, Aragón, Baleares; controla los sistemas de información, centrales
telefónicas de llamadas e historia clínica electrónica; consiguió la
adjudicación de los servicios de laboratorio y radiología de algunos hospitales
públicos;
controla sistemas de adquisición y evaluación de equipamiento
tecnológico en algunas CCAA; participa en los sistemas de acreditación,
docencia pre y postgraduada y de formación continuada; ha logrado el
control de los recursos económicos destinados a investigación y desarrollo
(I+D+I); etc. Como consecuencia gran parte de los servicios del sistema
público han pasado a manos de bancos, empresas multinacionales y fondos de
inversión, como Bankia, CAPIO, Centene, EFQM, INDRA, IBM, Microsoft,
Telefónica, MEC Ibérica, REDSA, CVC, PWC, etc. Para rematar el proceso
privatizador, el Ministerio de Sanidad acordó con el Foro de la Profesión
Médica la privatización de la gestión asistencial mediante las nuevas Unidades
de Gestión Clínica, que transformarán los servicios asistenciales en empresas
(dotadas presuntamente de autonomía plena), pero que en realidad estarán
dirigidas por directores designados a dedo por la administración, para gestionar
a su dictado al personal y el presupuesto, con capacidad para competir entre sí
vendiendo sus productos en un mercado sanitario interno, en el que estará
presente también personal y capital privado.
La intención de
estas políticas es impedir, si se producen cambios, que el nuevo gobierno
entrante pueda dar marcha atrás en las privatizaciones y recuperar
el sistema sanitario público, generando así el descrédito político y una gran
frustración de la población
Desde la
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública proponen como puntos básicos para un acuerdo en defensa del sistema sanitario,
los siguientes:
- Garantizar la Universalidad de la asistencia sanitaria, lo que supone la derogación del RD 16/2012 y la eliminación de los sistemas paralelos (MUFACE, mutuas laborales, etc)
- Proporcionar una financiación suficiente del Sistema Sanitario Público equiparando el % de PIB a la media de los países de la UE (un punto más de PIB), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis. Cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista
- El establecimiento de una cartera amplia de servicios en todo el Estado, en función de las necesidades de la población, sin barreras en el acceso por razones geográficas y con compatibilidad en los sistemas de información
- Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria según necesidades en todo el territorio, suprimiendo los copagos.
- La revocación de las Leyes de Ordenación Sanitarias y la Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, que favorecen la privatización, del RD 16/1012 de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario, y las de las Unidades de Gestión Clínica.
- El compromiso de recuperar todas las concesiones y externalizaciones de servicios sanitarios y los sistemas de información cedidos a empresas multinacionales
- Potenciar la Atención Primaria como alternativa a los recortes para salir de la crisis. Se deberán incrementar sus recursos hasta alcanzar el 25% del prepuestos sanitario en 5 años, una manera de mejorar su capacidad diagnóstica y terapéutica
- Una política sanitaria y de formación basada en la Promoción de Salud que oriente y racionalice las actuaciones del sistema, frente a la actual estrategia de medicalización de las relaciones sanitarias y de utilización intensiva de los recursos tecnológicos
- Una política de personal que acabe con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, basada en la estabilidad laboral, los incentivos profesionales, y en recuperar los derechos laborales suprimidos por el actual Gobierno
- Establecer la participación de los profesionales y de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación ya actividades del sistema, de sus niveles de gestión y de sus centros sanitarios.
- Oposición a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA)
- Establecer auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las CCAA, y la transparencia de la información sanitaria.
Es imprescindible
articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas
propuestas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de las Cortes del Estado,
los Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos, etc., buscando la mayor unidad por
encima de diferencias legítimas, en una gran alianza que promueva la mayor
movilización sindical, social y profesional posible de todos los que quieran
adherirse a la misma sin condiciones previas ni exclusiones.
Las experiencias
de movilizaciones de la marea Blanca en Madrid demuestran que
cuando estas son unitarias, masivas, sostenidas en el tiempo y sobre todo
cuando aúnan los intereses de la ciudadanía con los de los trabajadores de la
sanidad, existe una elevada probabilidad de éxito.
La información,
la trasparencia y el consenso deberían ser las claves para ganar esta batalla,
compaginando el debate social directo y en los centros sanitarios,
utilizando además de los medios de comunicación tradicionales (aportando
documentación seria y rigurosa y buscando la complicidad de los profesionales),
los canales alternativos y las redes sociales.
Fuente: www.nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario