Con rara
unanimidad, los medios de comunicación españoles han desplegado sus esfuerzos
en las horas inmediatas a la publicación de medio millón de datos que ofrece la
web del Ministerio de la Presidencia para intentar encontrar respuesta a las
preguntas que hasta ayer tropezaban con el muro de la opacidad. No vamos a caer
en la fácil tentación de la descalificación absoluta de lo que, pese a todo, es
un paso hacia adelante en el desarrollo de una Ley de Transparencia que nos
asimila en cierta medida con la práctica común en otras cien democracias
mundiales. Organismos que miden la calidad de esas normas sitúan a la española
en una posición discreta, la sesenta y cuatro en un listado que encabezan, para
mi propia sorpresa, Serbia y Eslovenia. ¿La explicación?: “Valoramos las normas
sobre el papel, pero no su aplicación”, dice Victoria Anderica, de Access Info
Europe. “Por desgracia es muy difícil evaluar cómo es su práctica y muchas
veces no resulta satisfactoria”.
Lo más cierto es
que, a día de hoy, los españoles estamos muy entretenidos comentando los
salarios de los altos cargos de la Administración y, sobre todo, la paradoja de
que la escala de sueldos sea contradictoria con las responsabilidades asumidas.
Que el Presidente el Gobierno gane mucho menos que su jefe de gabinete, y que
eso sea común en todos los ministerios respecto al titular de la cartera, no
era ningún secreto para quien tuviera la mínima curiosidad por asomarse a los
Presupuestos del Estado. Claro que, habida cuenta de la desgana con la que se
siguen en España los debates sobre la Ley que determina la realidad de las
políticas, la extrañeza se atenúa.
No hacía falta
tampoco, y eso lo saben muy bien los responsables de sacar adelante las
publicaciones de la Fundación Sistema, que ahora, gracias a la web, se descubra
el mediterráneo de la clamorosa desproporción existente -diez a uno- entre las
aportaciones del Estado a las Fundaciones vinculadas con el Partido Popular y
la relacionada con el Partido Socialista. No obstante, es bueno que, al fin,
gracias al impulso que genera lo novedoso, alguna parte de la sociedad preste
atención al problema de fondo, que no es otro que la urgente necesidad de
modernización de nuestras estructuras administrativas y el racional uso de los
recursos públicos en función de su utilidad social. No del reparto de
beneficios del poder. En cualquier caso, y bajo cualquier gobierno.
Uno de los
aspectos más polémicos y más afectados por cierta demagogia, comprensible
cuando el paisaje nacional está degradado por sueldos miserables y se discuten
unos pocos euros en salarios de mera subsistencia, es la retribución de quienes
optan por ocupar un cargo político abandonando temporalmente su ocupación
profesional. Es una cuestión pendiente de un análisis sereno que seguramente
hoy no es el mejor momento de plantear abiertamente, ni creo que ninguna
formación política ose plantearlo en la vorágine electoral en la que se
encuentran inmersas. En todo caso, si los partidos políticos no se arriesgan a
definir sus posturas, otros foros debieran desbrozar el camino y resolver la
difícil ecuación entre entender la práctica política como una vocación
permanente de futuro o un transitorio ejercicio de responsabilidades
públicas al servicio de unas ideas. Con muchos más matices y consideraciones,
por supuesto. Lanzo una sugerencia. Simplemente.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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